«Todo empezó con una denuncia a la empresa que hice al volver al trabajo presencial, fui despedido porque me acusan de afectar el clima de trabajo, y la estoy peleando igual aunque ahora tengo miedo por mí y mi familia», dice Javier Suárez a Página/12 sobre lo que vivió al regresar a su puesto luego de la pandemia. Este empleado se desempeñó durante 17 años en AUSA, la empresa del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires que se ocupa del mantenimiento de las autopistas urbanas y del cobro del peaje, donde también había sido delegado gremial. Luego de meses de trabajo remoto, volvió al playón Zelada en Villa Luro donde funcionaba la oficina de Discapacidad y se tramitaban la exenciones para el pago del peaje. Pero se llevó una desagradable sorpresa porque faltaban televisores, sillas, computadoras y demás objetos de valor. Durante todo ese tiempo, el lugar había quedado en custodia de la Policía Metropolitana.
«Es indignante, imaginate un laburante hostigando a los policías como si fueran compañeros de trabajo, pusieron eso en la justificación del despido, cuando la realidad es otra, ellos no se cansan de dar palos cuando hay una marcha», agrega el denunciante. Durante la cuarentena, la presencia de oficiales de la Policía de la Ciudad se hizo cada vez más notoria. El 1 de julio de 2021, Suárez llegó a su trabajo y se encontró con que su oficina había sido ocupada por la Policía. Una oficial llamada Aldana Ayala había pegado el escudo de la Metropolitana en la puerta y había colocado colchones sobre los escritorios, por orden de otro policía, el principal Diego Marchisio.
Ante esa situación, el trabajador notificó a su jefe Miguel Ferrer. Tras ese reclamo a la gerencia, la policía retiró todas las cosas del lugar. Un mes y medio después, el 16 de agosto de 2021, Marchisio se presentó en la oficina del trabajador. Según consta en la denuncia que Suárez elevó a la empresa, al Ministerio de Trabajo y al Ministerio Público Fiscal, el Principal de la Metropolitana ejerció “violencia policial” y hostigamiento. “Me encontraba solo en mi oficina realizando mis tareas habituales, cuándo entró el principal Marchisio filmándome con su celular a escondidas. Se dirigió a mí para cuestionarme que fumase sin barbijo, no me negué a dejar de hacerlo”, relató. Y continuó: “Me sigue increpando. Le pregunto si tiene algún inconveniente conmigo. Me dice: Yo recibí directivas claras”. Me pregunta si a mí no me llegaron esas directivas. Le respondo que a mí las directivas me las da AUSA a través de Miguel Ferrer y que no me informaron nada. Me responde: ‘Las directivas fueron para mí no para vos´, y afirma: ´Voy a hacer el informe que me pidieron. A vos te filmaron todos’. Le planteo que a mí la policía no me puede ni tomar asistencia, ni supervisar el trabajo, ni filmar”.
En ese punto, queda en evidencia la violencia ejercida por la autoridad policial: “Me continúa increpando por la calificación de mi trabajo, me dice que no hago nada. Le cuestiono que se tome atribuciones de calificar mi trabajo. Me dice: ‘Gerardo López lo sabe todo esto. La semana que viene vas a ver. No te voy a decir lo que me mandaron a hacer, ya te vas a enterar. Te estoy filmando, te estoy sacando fotos’. Le reitero que no corresponde que controle trabajadores de AUSA, Le digo que lo que hace es amenaza y abuso de autoridad, me dice que no, que él y Ferrer son abogados, que si lo quiero denunciar contrate un abogado”. Finalmente, el policía se retiró del lugar.
AUSA se comprometió en el Ministerio de Trabajo a “garantizar la seguridad del empleado” y a apartar a los policías de los lugares comunes. Sin embargo, ocho meses después, el 7 de junio, Suárez fue despedido de la empresa. Ese día, los representantes de la oficina de Recursos Humanos junto a una escribana aparecieron en la oficina y le informaron que su despido era con causa tras una denuncia en su contra de una policía por hostigamientos ocurridos a mediados del año pasado. ¿Quién era la denunciante? La misma policía a la que el trabajador había denunciado.
En el comunicado de Autoconvocados AUSA afirman: “De esta forma, la empresa del Gobierno de la Ciudad no sólo convalidó el accionar de la Metropolitana, sino que dejó afuera de la empresa a quien se atrevió a denunciarlos. AUSA tomó acciones más directas como un despido persecutorio que le da mayor poder a la Metropolitana para amedrentar trabajadores”. Y completan: “Cabe recordar que el Jefe de Gobierno Horacio Rodríguez Larreta ha hecho campaña en numerosas ocasiones con el proyecto ‘Autopistas sin barreras´ por el cual ya no habrá cajeros de peaje. El convenio ‘Free Flow’ tiene fecha para 2023 y si bien aseguran que está contemplada la empleabilidad de los trabajadores, al día de hoy muchos no saben donde serán relocalizados. Ya son cientos los retiros y las jubilaciones anticipadas desde el comienzo de la pandemia”.
El Sindicato de Comercio, que representa a los trabajadores de AUSA, y el Ministerio de Trabajo se encuentran en conciliación obligatoria por el despido de Suárez.
Página/12
