WASHINGTON.- Los tres principales grupos de acreedores de la Argentina presentaron una nueva oferta para reestructurar la deuda que ofrece «importantes concesiones» en un último intento por llegar a un acuerdo que saque al país del default, una movida que fue recibida con críticas por el Gobierno, que, sin embargo, pareció dejar la puerta abierta a una nueva negociación.
La nueva oferta, la primera propuesta conjunta del Comité de Acreedores de la Argentina (ACC, según sus siglas en inglés), el Grupo Ad Hoc y el Grupo Exchange -que poseen más de un tercio de los bonos emitidos en el último canje y durante el gobierno de Mauricio Macri-, unió en un solo frente a los tres grupos y los acercó a la última oferta del ministro de Economía, Martín Guzmán.
La oferta ofrece un alivio de más de US$ 35.000 millones en nueve años. Los fondos proponen los mismos bonos y plazos de la última oferta oficial, aunque con un cupón de intereses promedio mayor, del 3,4%, y con modificaciones en las cláusulas legales del contrato, o indenture, de los títulos públicos emitidos bajo legislación extranjera, según una copia a la que accedió LA NACION.
La jugada de los bonistas fue recibida con críticas en el Gobierno, donde se insistió en que la última oferta, rechazada por los fondos, tendrá un respaldo mayoritario, y representa el máximo esfuerzo que puede hacer la Argentina para honrar sus compromisos sin someter al país a un ajuste mayor. Pero, a la vez, el Gobierno reiteró que quiere evitar confrontar con los acreedores, y aspira a resolver el problema de la deuda y se mostró dispuesto a «seguir hablando».
«Esperábamos esto», dijo el presidente, Alberto Fernández. «Lo único que pasó es que se formalizó la posición de un grupo de bonistas. Vamos a seguir hablando y negociando, sabiendo que la argentina ha hecho un enorme esfuerzo ya con la oferta que ha hecho. Es muy difícil hacer una oferta mejor, una oferta mejor empieza a poner en riesgo el mañana y la verdad es que lo que yo busco es que la Argentina resuelva un problema de tal modo que no tengamos que discutir más con los acreedores, que los acreedores cada vez que hay que cobrarles a la Argentina, simplemente cobren», agregó.
Guzmán reforzó esa postura oficial, al afirmar que el Gobierno hizo «una oferta definitiva» que contempla el «máximo esfuerzo».
«Acá hay un país. Acá hay familias. Hay personas. Aceptar lo que piden algunos acreedores significaría someter a la sociedad argentina a más angustia, implicaría por ejemplo ajustar jubilaciones, y no lo vamos a hacer. Seguimos esperando que prime la buena fe por parte de los acreedores», indicó el jefe del Palacio de Hacienda.
La jugada de los acreedores marcó un punto de quiebre en la larga reestructuración de la deuda, que ya llevó al país a su noveno default: por primera vez, los tres principales grupos de acreedores hicieron una oferta única. Pero hubo fracturas. Greylock abandonó el ACC, confirmó su CEO, Hans Humes. Greylock, Gramercy y Fintech ya aceptaron la oferta oficial. El resto quedó en un solo frente. Guzmán había chocado en reiteradas oportunidades con los otros dos grupos, los más importantes y los más duros, Ad Hoc, integrado por BlackRock, Ashmore y Fidelity, entre otros grandes fondos, y el Grupo Exchange, timoneado por Monarch.
«No estamos de acuerdo con la declaración emitida por los tres grupos. Francamente, no creo que algunos acreedores hayan negociado de buena fe», dijo a LA NACION Humes.
El Grupo Ad Hoc, el Comité de Acreedores de de la Argentina y el Grupo Exchange anunciaron en un comunicado que se unieron «para presentar una nueva propuesta al gobierno argentino que cuente con el apoyo de todos los grupos de acreedores».
«La propuesta conjunta representa importantes concesiones económicas y legales de los tres grupos, incluido que los nuevos bonos emitidos a cambio de los bonos globales existentes se regirán por una versión modificada del indenture de 2016», indica el comunicado.
Al presentar la nueva oferta, los tres grupos confirmaron su rechazo a la última oferta oficial. El Grupo Ad Hoc y el Grupo Exchange ya habían dicho públicamente que no podían respaldar esa propuesta, pero el Comité de Acreedores se mantenía, hasta el momento, en silencio. Ahora, los tres grupos se unieron en un último intento por terminar de cerrar la brecha económica entre lo que pretenden los fondos y lo que aspira a pagar el Gobierno, además de acordar un nuevo lenguaje para el contrato de los bonos, o indenture.
Los fondos dijeron que su última propuesta «proporcionará el alivio a corto plazo que la Argentina necesita con urgencia», además de brindar «una solución sostenible a largo plazo que asegure el futuro del país y su acceso a los mercados internacionales de capital», y proporcionar «el marco legal necesario para alentar la inversión adicional necesaria para poner al país en el camino hacia una recuperación sostenida».
A la par de la discusión por el arreglo económico, la discusión legal sobre el contrato de los bonos ganó envergadura para los fondos en las últimas rondas de negociaciones. Los fondos ahora proponen una «versión modificada del indenture de 2016».
Es una discusión crucial y compleja, tanto o más importante, para algunos inversores, como el arreglo económico. Ante la resistencia de los acreedores, el Gobierno le puso un piso de aceptación al canje del 50% y dejó margen para implementar una estrategia de canjes secuenciales con una maniobra que los expertos bautizaron con el nombre de «Pac-Man». Es un antecedente que los fondos quieren evitar a toda costa. Para el Grupo Ad Hoc y el Grupo Exchange, la estrategia estaba arraigada en una lectura «abusiva» de las cláusulas de acción colectiva, o CAC. Esas cláusulas se diseñaron para evitar juicios de fondos «buitre» como el que enfrentó la Argentina durante más de una década en el tribunal de Thomas Griesa en Nueva York.
Ahora los acreedores buscan que los términos de los nuevos bonos incluyan nuevas restricciones, y más garantías legales para los inversores.
Por: Francisco Jueguen y Rafael Mathus Ruiz/La Nación
