El gobierno de Santa Fe, a cargo de Omar Perotti , intimó al juez de Reconquista, a cargo del concurso de acreedores, que la empresa Vicentin presente el último balance de 2019 , previo a la caída en cesación de pagos de la agroexportadora. Los estados contables no figuran en el expediente de la causa y significaría un «incumplimiento grave de los integrantes de la administración», según el escrito oficial.
Este nuevo capítulo en la causa que tiene como protagonista a Vicentin, se produjo luego de que el juez Civil y Comercial de Reconquista, Fabián Lorenzini, relegara el llamado «plan Perotti» al ordenar abrir un expediente paralelo al concurso, algo que prevé dilatar la decisión del magistrado sobre el pedido de intervención de la empresa que hizo el gobernador santafesino a través de la Inspección General de Persona Jurídica (IGPJ).
Por decisión de Lorenzini, el manejo de Vicentin volvió a estar en manos de sus directivos y los interventores que fueron designados por el presidente Alberto Fernández , a través de un DNU, quedaron en un rol menos protagónico, como veedores.
El gobierno santafesino ya había abierto un sumario contra Vicentin en la IGPJ porque la empresa no presentó el último balance. Ahora esa inquietud se trasladó a la causa judicial, con el argumento de que el balance que figura en el concurso de acreedores es de 2018, cuando Vicentin mostraba fuertes inversiones y ser una empresa pujante.
En el fallo que dictó la semana pasada, Lorenzini señaló que «el control y vigilancia» del concurso está a cargo de la sindicatura, que hasta ahora «no advirtió que los administradores de la sociedad (los Vicentin) hubieran podido realizar actos reñidos con la normal administración».
El escrito presentado por el gobierno apunta a hacerle notar al magistrado que la información que se maneja en el concurso no solo no está actualizada sino que muestra otra realidad de la empresa.
«Lo último que se tiene es el ejercicio 60, cerrado el 31 de octubre de 2018, en el que ni siquiera se vislumbra la hecatombe, sino todo lo contrario», señala el escrito presentado ante el juzgado de Lorenzini.
En ese balance, que figura en la causa judicial, la empresa detalla que tuvo «un rendimiento positivo mayor que el anterior y en consecuencia procede reconocer las legítimas aspiraciones de los accionistas, a la percepción de un dividendo en efectivo».
El planteo judicial del gobierno de Santa Fe, a través del escrito presentado por la IGPJ, se pregunta cómo una convocatoria, con una deuda demás de 99.000 millones de pesos, donde figuran más de 2600 acreedores, se sustenta en un balance donde la empresa muestra estar en crecimiento y con inversiones previstas.
«Ese balance está firmado el 15 de febrero de 2019, o sea, menos de diez meses antes de que la empresa entrara en cesación de pagos. Parece otra empresa», advierte la presentación capitaneada por el secretario de Justicia Gabriel Somaglia.
El gobierno santafesino reclama además que la empresa presente los estados contables otras firmas que componen la sociedad, que no figuran en el expediente, como Buyanor, Renova, Emulgrain, Juviar, Oleaginosa San Lorenzo, Renopack y Algodonera Avellaneda.
Estas empresas, según el documento, tienen domicilio en la calle 14 Nº 495 de Avellaneda, en la sede de Vicentin. También exigen que la agroexportadora presenten los estados contables de otras sociedades en las que participa la compañía, como Vicentin Paraguay, Vicentin Brasil Comercio y Exportaciones, Vicentin Europa y Tastil SA.
Rechazan un pedido para apartar al juez
Otra novedad en la causa de Vicentin es la decisión de la Cámara de Apelaciones de rechazar una recusación presentada contra el juez Lorenzini, que realizó la empresa La Clementina. Esta firma esgrimió en su pedido que el magistrado «perdió la imparcialidad», a causa de su anterior «vínculo profesional de más de 20 años con el acreedor más importante dentro del concurso, el Banco de la Nación».
Por: Germán de los Santos/La Nación
