Ferrosur Roca presentó un recurso ante el Ministerio de Transporte para que se dejara sin efecto la norma técnica de mantenimiento y seguridad de vía que había sido dictada en diciembre pasado. Según la empresa, implicaría una ampliación de sus obligaciones por fuera del contrato de concesión. Transporte desestimó la queja y ahora investiga a la concesionaria por una opaca venta de locomotoras.
El Ministerio de Transporte de la Nación rechazó un planteo presentado por Ferrosur Roca contra la “Norma Técnica de tolerancias de seguridad y mantenimiento de vía”.
La norma, oficializada en diciembre del año pasado mediante la resolución 87/2022, fue elaborada por la Comisión Nacional de Normas y Especificaciones Técnicas de Ferrocarriles -de la que forman parte la Subsecretaría de Transporte Ferroviario y la Secretaría de Gestión del Transporte- y establece una serie de parámetros técnicos sobre el estado de la infraestructura, velocidades máximas, seguridad y mantenimiento.
Ferrosur interpuso un recurso de reconsideración solicitando que la norma fuera “revocada y dejada sin efecto”, por entender que la resolución no había sido consultada con la concesionaria y que “implicaría una ampliación de las obligaciones asumidas en el contrato de concesión […] sin contrapartida en aportes económicos del Estado”.
La queja fue finalmente desestimada días atrás, manifestando el Ministerio que la concesionaria “no ha fundamentado ni explicado adecuadamente las razones por las cuales considera que existiría una ampliación de las obligaciones asumidas, y mucho menos aún, acreditado de manera alguna el supuesto perjuicio económico que invoca”, a la vez que reafirmó que actuó “en todo momento de acuerdo con lo consignado en el contrato de concesión”.
En este sentido, las autoridades detallaron que la norma técnica en cuestión “trata netamente de una cuestión de seguridad y que tiene incidencia en la conservación de la vía y no en el control de la circulación”.
No es la primera vez que Ferrosur presenta un recurso objetando las decisiones del Ministerio de Transporte relativas a la conservación de la infraestructura ferroviaria: tal como explicó enelSubte, el año pasado, la empresa -junto a las otras dos concesionarias privadas de cargas- solicitó que se revocara el protocolo para combatir asentamientos e intrusiones en terrenos ferroviarios con el argumento de que éste establecía obligaciones que “excederían ampliamente las establecidas en el contrato de concesión”.
No es este el único roce que Ferrosur ha tenido recientemente con Transporte: según pudo saber este medio, el Ministerio investiga a la compañía por opacas maniobras de venta de locomotoras incorporadas durante la concesión a la cementera Loma Negra, su empresa controlante. Se trata de un recurso al que la compañía ya había recurrido en el pasado, en perjuicio del Estado nacional.
Cabe recordar que el contrato de Ferrosur Roca venció en marzo pasado al expirar el plazo de 30 años de la concesión original. No obstante, en una cuestionada maniobra, y al igual que con las concesiones de Nuevo Central Argentino (NCA) y Ferroexpreso Pampeano (FEPSA), Transporte resolvió prorrogar su duración por 18 meses más.
Si bien la extensión tiene carácter precario y podría ser revocada en cualquier momento, lo cierto es que el Estado no tiene previstos instrumentos para hacerse cargo en lo inmediato de las porciones de la red ferroviaria aún concesionadas, aun cuando formalmente se encuentren asignadas a la estatal Trenes Argentinos Cargas (resolución 211/21), ni para la implementación del “acceso abierto” previsto en la ley, luego de que fracasara el esquema “híbrido” de transición que iba a ensayarse primero en el área concesionada a FEPSA.
EnelSubte
