La clase alta no muestra todas las cartas. Por qué son tan pocos los millonarios que declaran tener más de 3 millones de dólares. Propietarios fuera del radar del Aporte Solidario.
De acuerdo al detalle que le suministró la Afip a la Comisión de Presupuesto de la Cámara de Diputados, 253 personas declaran poseer bienes en el país por más de 3000 millones de pesos al 31 de diciembre último (unos 50 millones de dólares al tipo de cambio de esa fecha), y apenas 9298 patrimonios superiores a los 200 millones de pesos (u$s 3,3 millones). Algún detalle adicional de la información oficial indica que el promedio de activos de esos 253 dueños de grandes fortunas ronda los 15.800 millones (unos 260 millones de dólares). Mil hectáreas de un buen campo en la zona núcleo cuesta unos u$s 12 millones. Se dice que un poderoso banquero nacional tiene 50 veces esa superficie y otro fuerte empresario multirrubro lo mismo, aunque no toda en zona núcleo. Una gloria del futbol nacional tiene más de 100 mil en Santa Fe, y un poderoso inversor inmobiliario duplica a los tres anteriores juntos, con más de 400 mil hectáreas.
Algunos estarán en la lista de los 253, pero estas propiedades quizás no, si es que están inscriptas, como es muy probable, a nombre de sociedades anónimas o fondos de inversión detrás de los cuales su identidad se pierde. Así, podrían estar fuera del radar de las expectativas del Aporte Solidario y Extraordinario que está tratando la cámara de diputados. Al igual que otros, con propiedades similares o en un escalón inferior, que ni siquiera figurarán en la lista solidaria. Y no son los únicos.
El proyecto de ley de Aporte Solidario para ayudar a mitigar los efectos de la pandemia tiene, como principal insumo, el informe de la Afip sobre patrimonio de las personas físicas. El organismo que encabeza Mercedes Marcó del Pont estimó, en base a las declaraciones presentadas por 888 mil contribuyentes del impuesto a los bienes personales, cuántos quedarían alcanzados por el Aporte Solidario y el monto resultante de su contribución. Los alcanzados, con bienes computables por más de 200 millones de pésos al 31 de diciembre último, son 7438. A ellos se agregan otros 1860 que, si bien no presentaron declaración jurada por el año 2019, según lo declarado el año pasado contarían con un patrimonio que supera el umbral del Aporte Solidario. Resultarían en total 9298 contibuyentes.
La base imponible del Aporte Solidario es diferente a la del impuesto a los bienes personales. En este último rigen una serie de exenciones que, para el aporte solidario, no cuentan como tales. Entre ellas: inmuebles rurales; los títulos, valores y bonos emitidos por la Nación, provincias o municipios; los depósitos en pesos o en divisas en entidades del sistema a plazo fijo, en cajas de ahorro, cuentas especiales de ahorro; cuotas sociales de cooperativas, y bienes pertenecientes a miembros de misiones diplomáticas,.
Es decir incluye a los activos financieros pero, además, a los inmuebles rurales que por esas curiosidades del sistema tributario argentino, quedaron exentos del impuesto a los bienes personales. Pero como el aporte solidario sólo se cobra sobre las personas físicas y no las jurídicas (sociedades), aquí se genera una distorsión fundamental. Las grandes propiedades de tierra, las más ricas y que representan el principal punto de concentración de la riqueza agraria, están inscriptas a nombres de sociedades. El registro de titularidad de estas tierras, que durante el gobierno de Cristina Kirchner se buscó ordenar para lograr su identificación, fue practicamente desmantelado durante el macrismo. Hoy la única obligación que tiene una sociedad agropecuaria frente a las autoridades registrales locales es presentar la lista de autoridades. Si no cotiza en bolsa, la propiedad de las acciones podrá permanecer en secreto.
Los antecedentes permiten presumir que entre las extensiones más concentradas, son absoluta mayoría las que figuran a nombre de sociedades. Sólo si su propietario, como resultado de otra intención, hiciera explícita ante el fisco la propiedad de las acciones de esa empresa, su valor quedaría alcanzado por el aporte solidario. Pero no es la generalidad. Eso explicaría que grandes propietarios de campos de 50 mil o 100 mil hectáreas, que pueden valer 500 ó 1000 millones de dólares, quizás figuren en esa lista de 253 dueños de grandes fortunas, pero no declaren estas propiedades entre sus bienes. Y muchos otros de 10 mil o 20 mil hectáreas, que valgan 100 o 200 millones de dólares, ni siquieran integren la lista.
El mismo fenómeno se repite con propiedades en los barrios más cotizados de las grandes ciudades. Mansiones de algunos varios millones de dólares que no figuran en cabeza del jefe de la famlia que la habita, sino de alguna sociedad que integra. Ese sólo detalle ya deja ese activo fuera del alcance del aporte solidario. Además, claro está, de la arraigada costumbre de los ricos argentinos de poseer activos inmuebles y financieros en el exterior, generalmente no declarados.
El informe de la Afip da cuenta de que el 42% del total de los bienes declarados por los 9298 contribuyentes potencialmente alcanzados por el Aporte solidario y extraordinario son activos y bienes “dolarizados”. La mayor parte de dichos patrimonios, el 92% del total, son activos y bienes declarados en el exterior. Y esas proporciones, entre los bienes declarados. Con los no declarados, se sabe que hay casos en los que los activos en el exterior superan el valor de los bienes declarados en el país. Una insana costumbre de las clases más adineradas del país, tal cual se sabe desde el caso JP Morgan (año 2008) en adelante.
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