Carlos Balbín, ex Procurador del Tesoro durante los primeros años del gobierno de Mauricio Macri declaró en la causa que investiga una maniobra montada para que se le reconociera a Abertis, ex socia de la familia presidencial en Autopistas del Sol, una deuda millonaria que no correspondía y de 500 millones de dólares.
La justicia recibió esta semana el testimonio del ex jefe de los abogados del Estado, Carlos Balbín: contó que se opuso desde un principio a la posibilidad de que el Estado argentino reconociera una millonaria deuda reclamada por una firma vinculada a la familia presidencia.
El ex Procurador del Tesoro declaró como testigo en la causa conocida como «peajes», que investiga irregularidades en reconocimiento y el pago de una supuesta deuda de 500 millones de dólares por parte del Estado argentino a la firma Abertis, ex socia de la familia Macri, y recordó que cuando le tocó opinar sobre el planteo de esa firma ante el CIADI se opuso por considerar que era un improcedente y extemporáneo. Tiempo después, el gobierno llegaría a un acuerdo con la firma española, ya sin Balbín entre sus filas.
Carlos Balbín, que volvió a su cargo de juez, es un reconocido hombre del derecho. Llegó al gobierno impulsado, entre otros, por la cofundadora de Cambiemos Elisa Carrió y debió abandonarlo cuando mostró signos de independencia al pronunciarse sobre temas que involucraban a firmas vinculadas con el grupo Macri como fueron los casos «peajes» y Correo Argentino. Su testimonio resultaba fundamental para el futuro del expediente que lleva adelante el juez Rodolfo Canicoba Corral, dado que fue el representante del Estado que primero actuó en la demanda iniciada por Abertis ante el tribunal de arbitraje internacional que depende del Banco Mundial. Según consta en los registros, el 3 de febrero de 2017, el entonces Procurador del Tesoro presentó una solicitud de bifurcación para que la denuncia de Abertis no pudiera prosperar, dado que la firma se había presentado ante el CIADI sin haber agotado la instancia judicial a nivel local, condición necesaria para iniciar actuaciones allí.
El 27 de marzo de 2017 el CIADI hizo lugar a la solicitud de «bifurcación» Balbín. Es decir, compartió el criterio de que debía evaluarse primero si el reclamo era procedente. Menos de un mes más tarde, el 25 de abril, Balbin sería invitado por el gobierno de Macri a dejar el cargo.
Por su calidad de juez de la Cámara Contencioso Administrativo de la Ciudad de Buenos Aires, el ex Procurador del tesoro respondió las preguntas del juez por escrito. Y fue categórico: confirmó que en su actuación había defendido los intereses del Estado y que no correspondía la competencia del CIADI. Pero no se quedó en las cuestiones de forma. También sostuvo que el reclamo que realizaba la firma cercana a la familia Macri tampoco podía prosperar porque estaba prescripto, dado que ya habían pasado 15 años de los supuestos atrasos tarifarios que se reclamaban.
Balbín también destacó el rol de Silvina González Napolitano, Directora Nacional de Asuntos y Controversias Internacionales de la Procuración, en las actuaciones realizadas en el CIADI, con un particular detalle que indudablemente llamó la atención del magistrado a cargo de la causa: tras desempeñarse durante más de 10 años en ese cargo, González Napolitano dejó de trabajar en la Procuración a mediados de 2017. Poco tiempo después, la nueva Procuración, a cargo del doctor Bernardo Saravia Frias, se presentó ante el CIADI para confirmar que tanto el Estado argentino como Abertis abandonaban el expediente porque habían llegado a un acuerdo, que le terminaría costando al país unos 500 millones de dólares.
Esta semana, también declaró en el expediente el ex titular del extinto Órgano de Control de Concesiones Viales (Occovi), Gustavo Gentili, que confirmó que antes del cambio de gobierno, en 2015, se produjeron dos informes en el marco de la Dirección Nacional de Vialidad que sostenían que la deuda reclamada por Autopistas del Sol (Ausol) no era real, que las firmas que integraba Ausol habían escondido sus ganancias al inflar precios en subcontrataciones y que no habían cumplido con los compromisos asumidos en relación al manejo de las autopistas.
Tanto los informes de Gentili como la respuesta de Balbín al CIADI fueron escondidos por funcionarios del actual gobierno ante la justicia. Recién esta semana, dos días en antes de la declaración de Balbín, sus sucesor en la Procuracion del Tesoro Bernardo Saravia Frias envió reconoció la existencia de aquel dictamen y lo presentó en la justicia. Más vale tarde que nunca.
El caso
La causa que tiene en sus manos Canicoba Corral investiga si funcionario del actual gobierno cometieron delitos al reconocer la millonaria deuda reclamada al Estado por parte de Abertis y por haber extendido, sin licitación, las concesiones de las autopistas hasta el 2030. En ese contexto, la denuncia planteada por Abertis ante el CIADI fue leída por los investigadores como un montaje para crear un escenario que le permitiera al gobierno de Macri pagarle 500 millones de dólares a una empresa amiga.
Uno de los datos salientes de la causa es que la deuda reclamada correspondía a un congelamiento de tarifas que databa del año 2001 pero la demanda ante el tribunal internacional se presentó el 7 de diciembre de 2015: cuando Macri entraba en calor para asumir la presidencia.
(De Cenital)
