El Comité Nacional para la Prevención de la Tortura tendrá su asamblea anual a partir del lunes, con una serie de exposiciones y mesas de trabajo que podrán seguirse por zoom, y que continuarán el martes y el viernes 18 de diciembre. Con el objetivo de «visibilizar las buenas prácticas del Sistema Nacional de Prevención de la Tortura» y «diagnosticar las problemáticas que se necesitan abordar en cada región para diseñar acciones de fortalecimiento del Sistema Nacional», sumará intervenciones de funcionarios y de representantes de asociaciones de la sociedad civil.
Entre las autoridades participarán la ministra de Justicia y Derechos Humanos Marcela Losardo, la interventora del Servicio Penitenciario Federal María Laura Garrigós de Rébori; Martín Fresneda, del Observatorio de Derechos Humanos del Senado; la defensora general de la Nación Stella Maris Martínez, entre otros.
Más allá de que es la obligación degal del Comité sostener una asamblea pública anualmente, con todas las instituciones, públicas y privadas, que tienen que se ver con el sistema nacional de prevención de la tortura –del cual el Comité es el órgano rector– la inciativa busca sumar miradas y problemáticas en un año atravesado por la pandemia.
«Así como la pandemia modificó la vida de las personas en libertad, modificó especialmente la vida de los lugares de encierro, y significó, sobre todo al principio del aislamiento, una profunda restricción de derechos», observa Diana Conti, comisionada del Comité, en diálogo con Página/12. Lo dice en el marco de un repaso de lo que implicó el virus este año en los lugares de encierro, desde el clamor de derecha por la amenaza de que «van a abrir todas las cárceles», hasta los motines y represiones en sucedidos distintas unidades penales. Y, en el medio, la restricción concreta de derechos: visitas y salidas transitorias suspendidas, corte en la conexión con el afuera, falta de vías de comunicación.
«Al principio la pandemia parecía que iba a ser un obstáculo fuerte para cumplir nuestras funciones, porque teníamos que limitar los monitoreos para entrar a los lugares de encierro, dado el gran peligro de llevar el virus hacia adentro. Pero esa dificultad terminó potenciando nuestro trabajo, porque nos hizo fortalecer los vínculos de cooperación solidarida, para ver de qué manera el monitoreo in situ era suplido por otros métodos», analiza Conti. «En ese punto, la sinergia entre lo público y lo privado, entre nosotros y las ONG o asociaciones civiles, fue fundamental. Sobre todo en un país federal como el nuestro, donde todas las provincias deberían tener mecanismos locales de prevención de la tortura, y solo 7 los tienen», agrega.
Sobre lo avanzado desde los inicios más estrictos del aislamiento hastra ahora, la comisionada apunta que desde el Día de la Madre se empezaron a hacer pruebas piloto con visitas de familiares, que hoy están más regularizadas, con protocolos. «Se hicieron mesas de trabajo en casi todas las unidades penitenciarias, para acordar los protocolos. El Servicio Penitenciario no permitió el uso de celulares, de modo que la gestión de Garrigós trabajó muy fuertemente en conseguir computadoras, donaciones y rezagos de aduana. Los funcionarios se acercaron al encierro y a las mesas de diálogo, y eso abre una posibilidad fundamental: que las personas privadas de libertad se sientan reconocidas en su otredad, que sientan que reciben una cuota de dignidad», evalúa.
Los desafíos, sin embargo, siguen siendo profundos, en tanto son estructurales y urgentes: «El hacinamiento es la regla que rige en el encierro carcelario y en comisarías. Y es la madre que prohija cualquier maltrato, indignidad y tortura», lamenta Conti. «El desafío sigue siendo tratar de tener lugares de encierro cada vez más abiertos a la sociedad civil, que la persona que cumpla una pena pueda tener una interacción con el afuera, y que las cárceles cumplan la función de reinserción social que deben cumplir».
Página/12
