El pliego de recomendaciones elaborado por la comisión formada por el Gobierno nacional fue entregado a Alberto Fernández. No se pronunciaron sobre la ampliación de la Corte.
El Consejo Asesor de expertos judiciales presentó su informe al presidente Alberto Fernández con recomendaciones sobre cómo debe reestructurar la Corte Suprema, el Consejo de la Magistratura y el Ministerio Público Fiscal, pero no se expresó sobre la cantidad de integrantes que debe tener el máximo tribunal.
«Ya le presentamos el informe al Presidente, se lo enviamos ayer», resaltó el abogado constitucionalista Andrés Gil Domínguez, uno de los integrantes de la comisión, y precisó: «No nos expresamos sobre la ampliación o no de la Corte porque consideramos que no era uno de los temas habilitados».
Uno de los temas más reñidos fue el del procurador general, ya que la votación salió 6 a 5 para avanzar en modificar la aprobación del pliego de un candidato y pasar de los dos tercios que actualmente se requieren a una mayoría absoluta del Senado. En ese marco, detalló que el comité de expertos consideró «necesario establecer un modelo basado en ciertos filtros para que la Corte Suprema de Justicia trate los casos constitucionales y sobre tratados de Derechos Humanos».
Además, aconsejaron que «aquellos casos que hoy llegan a la Corte y no los trata, sean tratados por un Tribunal Federal de sentencias arbitrarias».
El Comité de Expertos, integrado por un grupo de once juristas, elaboró el documento de «aproximadamente mil páginas, contando todos los capítulos y los anexos» en un período de 90 días.
«Estamos esperando que el Presidente tenga un lugar en la su agenda para que nos reciba y poder hacerle una presentación formal. Además, poder firmar el documento porque la firma fue una suerte de firma electrónica, a través del envío de correo electrónico», subrayó a Noticias Argentinas.
Respecto al Consejo de la Magistratura, Gil Domínguez indicó: «Lo más relevante es que la integración tiene que ser de 16 miembros, un 25% de integrantes por cada estamento. Son 4 para abogados, 4 para jueces, 4 para legisladores y 4 para el ámbito académico que no sean abogados».
Al referirse a los concursos, precisó: «Aconsejamos que se hagan concursos anticipados, que existan plazos para que el concurso se vaya resolviendo y sino se pasa a la etapa posterior». «La idea es que se hagan concursos anticipados para que cuando esté la vacante, ya esté acelerado el proceso para cubrir esa vacante», añadió.
En esa línea, amplió: «La idea es que la prueba oral no pueda valer más del 20% del puntaje que se asigna. Además, que los exámenes escritos sean hechos por una inteligencia artificial, y que se utilice innovación para evitar las filtraciones y arreglos».
Por otra parte, el abogado constitucionalista indicó que otra de las recomendaciones es que «los jueces reciban capacitación permanentemente, y que cada siete años tengan que rendir un examen para ver cómo están actualizados y para que se les designen cursos a realizar».
«La recomendación es que solamente puedan tener como actividad extra una dedicación simple para la docencia en una universidad pública o privada. Además, que no puedan ocupar cargos en asociaciones ni en consejos directivos».
Respecto al Ministerio Público, afirmó que «ahí estuvo un poco dividido el tema, porque seis integrantes dijeron que se tiene que designar con la mayoría absoluta y cinco que debe ser con los dos tercios».
En cuanto a la transferencia de jueces, resaltó: «La transferencia de parte de la justicia penal de la Ciudad de Buenos Aires no puede pasar al fuero federal, no puede haber un traslado de jueces. Tienen que ser aceptados por la Ciudad de Buenos Aires, garantizando el cargo que tienen hoy». «La Ciudad de Buenos Aires tendrá que preparar de alguna manera un esquema procesal que aloje a una Cámara de Casación, que hoy no tiene», agregó.
Fuente: Noticias Argentinas/La Nueva Mañana
