• Bannon y otros tres acusados han sido detenidos por apropiarse de parte de los 25 millones de dólares recaudados por la campaña ‘Construimos el muro’

Stephen Bannon, antiguo asesor del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y otras tres personas han sido detenidas este jueves tras ser acusadas de fraude por el uso de los fondos recaudados para la campaña ‘Construimos el muro’, según ha comunicado la fiscal de Nueva York Audrey Strauss.

Según la Fiscalía, Bannon y el resto de detenidos habrían usado fondos de la campaña –que recaudó más de 25 millones de dólares– para pagar sus gastos personales. En concreto, el exasesor del presidente habría gastado centenares de miles de euros de los donantes. Se espera que Bannon comparezca en la sala de audiencias de Nueva York este jueves.

Los otros mencionados en el acta de acusación son Timothy Shea, que en mayo fue designado como Administrador en funciones de la Dirección de Lucha contra las Drogas (DEA), Brian Kolfage, veterano de la guerra de Iraq, y Andrew Badolato. 

«Kolfage, Bannon, Badolato y Shea recibieron cientos de miles de dólares de los donantes de ‘Construimos el muro’, que cada uno usó de una forma que no se corresponde con el propósito público de la organización», sostiene el comunicado. «Bannon recibió un millón de dólares a través de una organización sin ánimo de lucro bajo su control, al menos parte del cual Bannon utilizó para cubrir cientos de miles de dólares de sus gastos personales».

«Como se alega, los acusados defraudaron a cientos de miles de donantes, capitalizando su interés en financiar un muro fronterizo para recaudar millones de dólares, bajo la falsa pretensión de que todo ese dinero se gastaría en la construcción», ha afirmado la fiscal. «Mientras aseguraban repetidamente a los donantes que Brian Kolfage, fundador y rostro público de ‘Construimos el muro’, no recibiría ni un centavo, los acusados tramaron en secreto la transferencia de miles de dólares a Kolfage, que los utilizó para financiar su fastuoso estilo de vida», añade.

La fiscalía los acusa de conspiración para cometer fraude electrónico y de conspiración de blanqueo de capitales. Ambos cargos tienen un pena máxima de 20 años de prisión. 

El inspector a cargo Philip R. Bartlett ha declarado que «este caso debería servir de advertencia a otros estafadores de que nadie está por encima de la ley, ni siquiera un veterano de guerra o un estratega político millonario».

ElDiario.es