El Ministro de Justicia envió a dos hombres a Paraguay a negociar la extradición de Pérez Corradi, que denunció ser apretado para inculpar a Aníbal Fernández en el Triple Crimen de General Rodríguez.
Ibar Pérez Corradi está detenido por tráfico de efedrina en el penal de máxima seguridad de Marcos Paz. Cuando estaba en Paraguay en 2016, prófugo de la Justicia argentina, el ministro Germán Garavano envió, sin oficio judicial, a dos hombres del Programa de Protección de Testigos e Imputados a sumarse a la operación para traerlo a nuestro país. Según pudo reconstruir El Destape, estos fueron Francisco Lagos, director de esa Dirección, y Gustavo Torrent, uno de los operadores más antiguos. Del viaje también formó parte Pablo Noceti, quien era jefe de Gabinete del Ministerio de Seguridad y ahora ocupa el cargo de secretario de Cooperación con los Poderes Judiciales, Ministerios Públicos y Legislaturas.
La operación tuvo lugar en junio julio de 2016. Pérez Corradi tenía la intención de volver al país el 9 de ese mes para celebrar un cumpleaños. El operativo de extradición se concretó, luego de negociaciones, con un impresionante operativo que incluyó a las fuerzas de la cartera conducida por Patricia Bullrich e inteligencia, según informó Carlos Broitman, abogado del detenido a El Destape. El hombre terminó en el Edificio Centinela, donde fue asistido por el Programa del Ministerio de Justicia.
Lagos, es un hombre de 46 años que trabajó en el Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadasdesde agosto de 2015 hasta julio de 2017 para luego desempeñarse en el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, donde entró en febrero de 2016, apenas comenzada la gestión de Cambiemos, y continúa en la actualidad.
En tanto, Torrent, es uno de los operadores más antiguos del Programa. Fue empleado judicial en Morón e ingresó al Ministerio de Justicia, a esta dependencia particular, hace aproximadamente una década. Como operador, su rol es ser el nexo entre los testigos y el Programa para relocalizarlos, garantizar su seguridad y dar solución a las demandas cotidianas para que puedan llevar una vida relativamente normal.
Del viaje participó también Noceti, como representante de Seguridad. Es la persona apuntada por encabezar la feroz represión en Chubut que terminó con la desaparición y muerte de Santiago Maldonado. En ese encuentro, se reunieron con uno de los defensores de Pérez Corradi en el Paraguay, Carlos Braun, para ponerse al día en el caso que lo tenía involucrado. Una actividad realizada en conjunto entre el Ministerio de Justicia y Seguridad.
Según contó el abogado de Corradi a El Destape, su defendido quería tener ciertas garantías a la hora de entregarse, como integrar el Programa de Protección de Testigos y no quedar detenido. Con esas premisas, se llegó a un supuesto acuerdo.
“Yo tengo un acuerdo con el Gobierno, yo tengo un acuerdo con el Gobierno”, confiaron a este medio que decía Pérez Corradi. El detenido por narcotráfico hacía referencia a un documento con la firma de la ministra Patricia Bullrich, al que accedió El Destape, por el cual la funcionaria se comprometió a “no alojar al imputado en ninguna dependencia del Servicio Penitenciario Federal o del Servicio Penitenciario de la Provincia de Buenos Aires en la medida que la naturaleza de la información que pudiera brindar, en el marco de las causas por las que se encuentra imputado en la República Argentina, amerite la exclusión del régimen habitual de alojamiento en las dependencias referidas, en resguardo de su integridad”.
Además, adentrándose en un área que no le compete, ya que es del Ministerio de Justicia, aseguró “que la Señora María Gladys Delgado Britez (esposa de Pérez Corradi, que lo visita todos los meses con costos pagos por el Ministerio de Justicia) y sus cuatro hijos serán acogidos por el Programa Nacional de Protección a Testigos e Imputados” dependiente de la cartera de Garavano.
Tal como informó el traficante detenido en una entrevista exclusiva con este medio, que desde el Gobierno «estaban esperando que diga cosas de Aníbal Fernández que no eran así y se enojaron por eso”. Para ello, “Dalmau Pereyra viajó a Asunción” para decirle que tenía que involucrar a Aníbal Fernández en el Triple Crimen de General Rodríguez. Este hombre “era uno que estaba en la Agencia Federal de Inteligencia y ahora está en la Embajada de Chile, creo”, agregó. Según pudo saber El Destape, este hombre ocupó el lugar de Jaime Stiuso en la Agencia Federal de Inteligencia como Director de Contrainteligencia, pero ahora está en Chile.
Según contó el detenido, él no les dijo “que iba a declarar eso”, por lo que el buen trato con él duró apenas dos o tres semanas. En este sentido, advirtió: “Ellos (por el Gobierno) quedaron en que me iban a traer las pruebas”. Consultado por si había recibido esas evidencias, dijo “no, no”.
(De El Destape)
