Más de 4 millones de hogares del país necesitan una nueva vivienda o reformas urgentes en la que habitan. Y más de 5 millones de personas viven en barrios populares. Se suma el drama del alquiler: tres de cada diez destinan más de la mitad de su salario para pagarlo. Diagnóstico y propuestas.

El panorama es desolador: 1 de cada 3 hogares de Argentina no cuenta con una vivienda adecuada, es decir, hay un déficit habitacional que afecta a más de 4 millones de hogares en el país. Así lo expresaron este miércoles representantes de las organizaciones Centro de Implementación de Políticas Públicas para la Equidad y el Crecimiento (Cippec), Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (Acij) y Techo en la presentación del informe “Desafíos de la planificación territorial, el acceso al hábitat y a la vivienda”.

Se trata de un diagnóstico de las principales problemáticas habitacionales en Argentina desde el retorno de la democracia hasta la actualidad. Pero no solo eso, sino que este grupo de expertas y expertos diseñaron, a partir de los datos recolectados, un conjunto de recomendaciones para la implementación de políticas públicas sobre hábitat y vivienda.

Deuda pendiente con la vivienda

“Estamos a 40 años de retorno de la democracia, tenemos esta deuda pendiente que es muy fuerte y que afecta la calidad de vida de todos y todas, tenemos en curso un debate continuo en pos de la carrera presidencial que se va a dar este año y también recambio de autoridades provinciales y municipales, por eso nos parece importante poner estos temas en agenda y en perspectiva”, aseguró Maria Victoria Boix, directora del programa Ciudades de Cippec.

¿Qué es una vivienda? Boix asegura que la definición de la Real Academia Española no alcanza. No basta poseer un lugar cerrado, cubierto o construido para ser habitado por personas. La vivienda adecuada, como derecho, necesita de acceso a los servicios básicos, infraestructura, instalaciones, material de calidad, piso, techo, paredes, espacio suficiente y seguridad en la tenencia. “Y esa no es la realidad para más de 4 millones de hogares”, resaltó.

El informe presentado detalla que dentro de ese universo de más de 4 millones, 1,3 millones necesitan una vivienda nueva “porque tienen mala calidad constructiva o muchas personas habitándola”, expresó Boix. Y además, otros 2,6 millones tienen necesidades de ampliación o mejoras en sus hogares. Se trata de un 66% de viviendas con déficit cualitativo, es decir, son mejorables con alguna reforma: techos, paredes, cerramientos o acceso a algún servicio básico al que no está conectado. En ese aspecto, según señaló la directora de Cippec, debe considerarse la diversidad ya que existen personas que viven en casillas precarias pero también sectores medios o altos que tienen casas en zonas alejadas de los centros urbanos. “Sin infraestructura y sin estar conectados a las redes de agua potable o cloacas pueden tener consecuencias importantes en la calidad de vida, en el caso de que no haya fuente de agua segura se generan problemas de salud”, señaló.

Crecimiento de los barrios populares

No todas las situaciones de déficit habitacional son iguales. Según el informe presentado, además hay 1,17 millones de familias que viven en 5.687 barrios populares distribuidos en todo el territorio nacional. Se trata de más de 5 millones de personas de los cuales, más de la mitad no accede de forma regular a más de dos servicios básicos, como la luz, el agua corriente y las cloacas ni cuentan con títulos de propiedad del suelo, acorde al relevamiento realizado por el Registro Nacional de Barrios Populares en 2022.

Asimismo, el informe resalta que 8 de cada 10 barrios populares del AMBA están expuestos a factores de riesgo adicionales como torres de alta tensión, residuos, inundaciones, etc. “Sabemos que en estos años se hicieron varias cosas respecto al acceso a la vivienda y a las reformas como el Plan Nacional del Suelo o Mi Pieza pero se necesita una mejor política y tanto nación, provincia y municipio tienen responsabilidad ya que cada lugar tiene normas diferentes y esas son dificultades para dar el salto de calidad”, expresó Boix.

La población inquilina se multiplica

Otro dato que surge del informe es que más de 2 millones de hogares en Argentina alquilan su vivienda. Según publicó el Indec en 2022, entre 2010 y 2022 el porcentaje de hogares inquilinos pasó del 16% al 20% a nivel nacional. En el AMBA, según la Encuesta Inquilina de 2023, el 32% de ellos destina más de la mitad de su salario al alquiler y el 60% de quienes alquilan asumen aumentos por fuera de la ley de alquileres. Al respecto, Fernando Bercovich, sociólogo del programa Derecho a la Ciudad de Acij, dijo: “Es una cantidad muy fuerte para no tener una política, ya que si solo hay políticas para la vivienda propia nos quedamos cortos”. En este sentido, expresó la necesidad de promover un programa nacional de alquileres para mejorar la cantidad y calidad de vida de la población inquilina.

Los motivos y las recomendaciones

El informe señala que la problemática habitacional tiene que ver con la falta de planificación urbana. “Las ciudades crecen de forma desordenada”, expresó Boix. La expansión territorial en los aglomerados urbanos genera ciudades ineficientes en la medida en que no se lleve infraestructura y urbanización. “Si se hace foco en la zona residencial, se ve que los barrios cerrados ganaron protagonismo en ultima década, lo que tiene un efecto de generación de mayor precio de suelo en los grandes centros urbanos consolidados, con dinámicas excluyentes de los sectores más populares”, asevera.

Consultada por Tiempo en relación al proceso de gentrificación de los barrios, Boix expresó que existen pocos instrumentos legales de uso de suelo. “Hay que avanzar en ese sentido para que el estado pueda intervenir de forma eficiente e incorporar otros como la plusvalía, zonas sociales, de manera que el estado pueda tener un rol mas protagónico para mitigar los efectos de la gentrificación y avanzar en políticas que permitan la asequibilidad”.

En esta complejidad, entre las recomendaciones más importantes elaboradas por el equipo se encuentra la de promover la sanción de normativa de ordenamiento territorial. En este aspecto, se busca fortalecer el actual Programa Nacional de Planificación y Ordenamiento Territorial en todas las jurisdicciones y la sanción de una ley nacional de presupuestos mínimos. Asimismo, en vista de los datos recabados, otra recomendación es avanzar en el mejoramiento integral de las viviendas a partir de un plan de ordenamiento territorial que contemple asistencia financiera a los hogares mediante subsidios y créditos para materiales y mano de obra así como asistencia técnica y social.

Otra propuesta involucra, como ya se mencionó, la creación de un programa nacional de alquiler asequible que incluya herramientas de movilización viviendas vacías y baldíos hacia la oferta pública o privada de alquileres asequibles y la regulación de los que son temporarios.

En relación a la realidad que viven los barrios populares, se propone garantizar la sostenibilidad de los procesos de integración socio urbana. En este aspecto, María Lucía Groos, Directora del Centro de Investigación e Innovación de Techo, mencionó tres puntos a abordar que tienen que ver con “generar nuevos mecanismos de financiamientos en las provincias  y municipios y que se retroalimente, que sea cíclico no solo un subsidio”, señaló. También afirmó que es importante la planificación, coordinación y abordaje integral de la gestión estatal y la participación ciudadana real en el proceso.

Asimismo, como última recomendación, se señaló la necesidad de promover soluciones habitacionales temporales en contextos de emergencia. Se trata de la población del 85% de los barrios populares del AMBA que se encuentran expuestos a riesgos adicionales, además de las personas en situación de calle, víctimas de violencia de género o de un desastre natural. Ante este contexto, las organizaciones recomiendan incorporar soluciones habitacionales temporales como respuesta de gobiernos locales a posibles eventos adversos. Además, en este sentido, consideraron conveniente que se logre incorporar el componente habitacional a la Ley 27.287 de gestión del riesgo.

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