Un relevamiento muestra que el apoyo a las manifestaciones sociales creció 20 puntos en el marco del deterioro en la calidad de vida que evidenciaron las cifras del INDEC de la semana pasada.

El empeoramiento de todos los indicadores socioeconómicos que emerge como resultado de los diez meses de gobierno de Javier Milei ya tiene su contracara. Casi en igual medida que la pobreza, creció en el último tiempo en la Argentina el respaldo a la protesta social. De diciembre a esta parte, la cantidad de personas que están de acuerdo con salir a manifestarse “si se vulneran derechos” creció 18,2%, según el último sondeo de Alaska y Trespuntozero al que tuvo acceso Cenital.

Ante la pregunta “para usted, ¿es justo que la gente salga a la calle a protestar si se vulneran derechos?”, un 78,6% de los encuestados respondió afirmativamente, un 18,4% respondió que no y un 3% dijo no tener opinión. El estudio muestra que, incluso entre quienes hace un año votaron a Milei, el respaldo a la protesta es mayoritario. Un 67,9% de los votantes libertarios dijo estar de acuerdo con las manifestaciones. En el caso de los electores de Patricia Bullrich, la medición quedó apenas debajo de la mitad: un 47,7% de sus votantes respalda la protesta. El relevamiento fue realizado en base a más de 2000 casos entre el 12 y el 18 de septiembre de este año.

“No solo creció la legitimidad de la movilización callejera sino que además bajó la demanda de represión policial para asegurar la circulación. Es interesante que estas posturas también atraviesan a muchos votantes del propio Milei y no solo a los de Unión por la Patria”, destaca sobre los resultados del estudio el consultor y estratega Juan Courel, director de la consultora Alaska. El hallazgo va en línea con los movimientos que la opinión pública comenzó a mostrar en las últimas semanas, principalmente caracterizados por una caída en la evaluación de la gestión presidencial. “Existe una intensificación del malestar y la gente quiere poder expresarlo”, agrega Courel.

La sociedad argentina tiene la tradición de expresar sus alegrías y enojos en la calle, con movilizaciones; aunque en los últimos meses esas protestas parecen aplacadas. Hay al menos tres estrategias que ha desplegado el oficialismo para lograr esa paz social. La primera pasa por el operativo disciplinador desplegado desde diciembre por la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, que incluye represión de las protestas, encarcelamiento con consecuencias penales para algunos de los manifestantes y allanamientos y persecución judicial para líderes y referentes de movimientos sociales.

La segunda estrategia tiene que ver con el control y la desactivación de la protesta que el oficialismo logró en los últimos meses a partir de las negociaciones políticas que abrió con la CGT y que le han garantizado que la central obrera hoy esté apostando al diálogo más que a la confrontación, aun con sus diferencias y tensiones internas. Porque si bien fue la propia CGT la que se posicionó desde un primer momento antagonizando con el Gobierno, lo que significó dos paros generales, hoy hay en su mesa de conducción un tironeo fuerte respecto de cómo vincularse con el Ejecutivo. En esa discusión primó en las últimas semanas el enfoque dialoguista, mientras que los sindicatos más duros, con Pablo Moyano a la cabeza, empujan medidas de fuerza como el probable paro de transporte, que se concretará el 17 de octubre.

La tercera estrategia pasa por el incremento del 308% en la Asignación Universal por Hijo en lo que va de gestión de Milei y el aumento del 137,5% en la Tarjeta Alimentar. Dos medidas muy promocionadas fuera de micrófono por integrantes del Gabinete nacional, que sin embargo quedaron minimizadas hace una semana, cuando el INDEC confirmó que la pobreza en el primer semestre de 2024 llegó al 52,9% y la indigencia al 18,1%. ¿Cómo es posible que con la multiplicación exponencial de las ayudas sociales a las familias más pobres hayan crecido tanto la pobreza y la indigencia?, se preguntó el sociólogo Daniel Schteingart. Según un análisis de Fundar, la respuesta está en que, incluso en el decil de menores ingresos, la mayor fuente de dinero tiene que ver con el trabajo, no con la ayuda social. Y los salarios de los trabajadores, tanto formales como informales, perdieron frente a la inflación en lo que va de la administración libertaria.

Ese es el contexto que enmarca el crecimiento del respaldo a la protesta social y la caída en la demanda de represión policial sobre los manifestantes. Para Courel, de todas formas, esto no empujará cambios en la gestión oficial del conflicto social. “No creo, sin embargo, que Milei cambie su actitud sobre estos temas. Está demasiado jugado con su electorado como para aflojar con su narrativa dura contra este tipo de manifestaciones”, observa. Aunque también destaca que, “al mismo tiempo, la movilización en la calle parece el único recurso posible para ponerle límites a un Gobierno que hace gala del costo social que está pagando la gente”.

Noelia Barral Grigera – Cenital