Importar o regular: el dilema de reducir precios en la salud sin descuidar una industria clave para el país.

“Estos desregulan a favor de poquitos muy poderosos. El de los remedios. A ver, Milei, ya que sos tan guapo, desregulá los medicamentos, que podamos tener medicamentos genéricos importados para reducir el costo de los presupuestos sanitarios. A ver si te animás”. La frase de Cristina Fernández de Kirchner del sábado, en el Encuentro Nacional de Salud, en Rosario, todavía hace eco. La provocación al Gobierno le dio carne a Federico Sturzenegger, el ministro desregulador, en su vocación de abrir y liberar hasta que duela. Los laboratorios siguen la película con incertidumbre pero con su lobby bien aceitado.

El reclamo de Cristina no solo le da ímpetu al rol de Sturzenegger, que en los últimos meses batalló con empresarios ligados a la salud que ocupan puestos o tienen llegada muy aceitada al Gobierno. También va en línea con el pedido del gobernador de Mendoza, Alfredo Cornejo, de habilitar la importación de genéricos baratos en su provincia, algo que para el ministro de Desregulación ya es posible gracias a un marco normativo de los 90.

De fondo, el debate es sobre los medicamentos caros en el país y su incidencia en los costos de la salud (en el PAMI, en el resto de las obras sociales y en las empresas de medicina prepaga). También, sobre el rol estratégico de una industria nacional que representa el 5% del valor agregado manufacturero del país, según el Centro de Economía Política Argentina (CEPA), y que tiene un protagonismo vital en momentos como el de la pandemia.

Sturzenegger tiene a la industria farmacéutica en la mira. Cada vez que puede, recuerda que los medicamentos son mucho más caros que en el exterior y acaba de incidir en una norma para comercializar analgésicos y antiácidos en kioscos, con el objeto de bajar precios.

El DNU 70, de su autoría intelectual, fijaba la obligatoriedad de que los médicos receten exclusivamente con el nombre de la droga y no con la marca del producto. En los remedios de venta bajo prescripción, la publicidad está prohibida. Los laboratorios, entonces, despliegan una amplia red de visitadores para persuadir a los especialistas para que receten una marca y no cualquiera. A cambio hay viajes, premios, plata. La ley de genéricos obligó a que, además de la marca, deba incluirse la droga, para que el farmacéutico, luego, proponga alternativas.

El DNU daba otro paso al borrar la marca. Por eso, Sturzenegger sacó pecho en su respuesta a Cristina. “En el DNU 70/23 impusimos que las recetas deben incluir los genéricos , cambiamos la ley de medicina prohibiendo a los médicos prescribir por marca, impusimos la receta electrónica para poder justamente controlar estas cosas además de para simplificarle la vida a la gente y tener mejor información para el sistema de salud”.

Pero la reglamentación del Ministerio de Salud atenuó al extremo esa parte del decreto. Fuentes de la industria relataron un rápido y eficaz lobby de las cámaras farmacéuticas (CILFA, que agrupa a los laboratorios nacionales y Caeme, que engloba a los extranjeros). Daniel Sielecki, socio de Hugo Sigman en Elea, es una de las personas más cercanas al Gobierno. Ian Sielecki, sobrino de Daniel, es el embajador que Milei designó en París.

En la cartera de Desregulación dijeron que el gran cambio ocurrirá entre diciembre y enero, cuando entre en plena vigencia la obligación de la receta electrónica. Eso, afirmaron, permitirá que la prescripción de la droga esté más visible para las farmacias. Apuestan a que sea un cambio sensible en la industria y que, ahora sí, incida en los precios.

Qué mira Cristina

Según el INDEC, los precios de los remedios aumentaron 211,5% en los últimos doce meses, o 18,5 puntos más que el Índice de Precios al Consumidor. La medicina prepaga -que tiene en los precios de los medicamentos buena parte de sus costos- subió 271,9% en doce meses. Con la denuncia por cartelización que impulsó el Gobierno a mitad de año enterrada, el ministro de Salud, Mario Lugones, dio vía libre a los aumentos de los seguros de salud.

Según un informe de CEPA, la usina económica cercana a Cristina, los medicamentos que consumen los adultos mayores aumentaron más que la media. “En los últimos dos meses del año 2023 la inflación escaló a un 41,6% y los precios de venta al público de los medicamentos más consumidos por las personas mayores ascendieron en promedio un 78%”, indicó.

Hernán Letcher, referente del CEPA, resumió: “Hubo un aumento muy fuerte en los laboratorios que le venden al PAMI. El vademecum PAMI aumentó en los últimos meses mucho más que el resto, y como gran parte pasó a ser de venta libre y dejó de tener cobertura, los precios al consumidor subieron más”.

El reporte de CEPA consignó que, a 2020, había 354 laboratorios y 229 plantas industriales en el país, de las cuales 181 eran de capital nacional. Pero que la facturación está concentrada en 20 grandes grupos. Los ocho primeros, de origen nacional, con Roemmers y Elea al frente.

Los balances de las empresas al segundo trimestre de 2024 mostraban que la facturación de la industria aumentó casi 330% (con una inflación de 270% anual a junio). La facturación de producción nacional trepó casi 300%, mientras que la de origen importado, casi 400%. “En la facturación de producción nacional, se observa un incremento de 293,6% en las ventas al mercado interno y de 351,6% en las exportaciones”, añadió.

La expresidenta quizás haya tenido estos datos en la mano cuando, días atrás, recibió al embajador de India, Dinesh Bhatia. India y China son líderes en la producción de medicamentos de bajo costo.

“Cristina siempre tensó la apertura importadora con la lógica de disciplinamiento”, dijo Letcher. En sus gestiones, sostuvo, era una manera de negociar precios con la industria nacional.

Una fuente de la industria atribuyó el salto de precios del último año a la propia dinámica post devaluación de diciembre: como nadie sabía dónde paraba el dólar, las grandes empresas remarcaron sus precios con fuerza. Si las firmas de consumo masivo encararon promociones agresivas ante la fuerte caída de ventas, con márgenes en la rentabilidad, los laboratorios bajaron precios nominales en las licitaciones para venderles a hospitales y clínicas, pero no en la venta al público.

Según fuentes del sector, India y China tienen una realidad muy heterogénea en sus plantas. Hay fábricas auditadas por las agencias regulatorias de Estados Unidos y Europa para exportar a esos mercados, que son las que suelen vender medicamentos más caros. Elea, por ejemplo, tiene seis plantas en India, desde las que exporta a Estados Unidos. Otras empresas no tienen esos permisos y no llegan a todos los países. Venezuela, por ejemplo, apeló a estos medicamentos ante su emergencia económica y sanitaria, hace unos años.

Una nota al pie: el término “genérico” es una mención peyorativa con la que se conoce a los medicamentos que no son de marca. Pero, en rigor, el “original” es la droga que descubre, testea y patenta un laboratorio. El resto lo copia. La diferencia está en que, detrás de la marca, se supone que hay altos estándares de calidad, seguridad y eficiencia. La discusión es sobre el cumplimiento de regulaciones que permiten certificar si los remedios que no son de marca se adecuan a esos requerimientos de seguridad sanitaria.

Qué mira el Gobierno

Sturzenegger, se dijo, quiso ir por todo y chocó con el peso de la influencia que los laboratorios tienen en el Ejecutivo. Meses atrás, encabezó una batalla contra Biogenesis Bagó (propiedad de Elea y Bagó) por la vacuna contra la fiebre aftosa. El ministro quería autorizar la importación de una inyección desde Brasil (que bajó sus requerimientos sanitarios) más barata, pero sin las certificaciones locales. Inmediatamente, la vacuna bajó de precio.

El ministro y el secretario de Comercio e Industria, Pablo Lavigne, comparten una meta: acelerar la importación de medicamentos que tengan aprobación de agencias de control de países con altos estándares, como Estados Unidos o la Unión Europea.

La Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (Anmat) es la que permite la comercialización de remedios y alimentos en el país, luego de una serie de controles fitosanitarios. Cualquier laboratorio que quiera comercializar una nueva droga en el país, debe tramitar su aprobación ante la Anmat. Si el remedio es importado, el proceso puede tardar de 6 a 9 meses. Si es nacional, incluso más, según fuentes de la industria.

Por distintos convenios que tiene el país, el trámite es más rápido si el remedio importado ya cuenta con la aprobación de agencias similares, como la Administración de Medicamentos y Alimentos (FDA) estadounidense o sus pares europea, coreana o brasileña. China e India no tienen acuerdos de este tipo con Argentina. Pero, en todos los casos, la palabra final es de Anmat.

El Gobierno quiere cambiar esto. Asume que si la FDA o la Agencia Europea de Medicamentos (EMA) permiten la comercialización de un producto dentro de sus fronteras, es suficiente para que ese medicamento sea considerado seguro en Argentina. Eso aceleraría y disminuiría los costos de la importación. Aun así, sostienen, los genéricos de la polémica de fabricación china o india entrarían solo con el aval de estas agencias internacionales. Hoy, la Anmat debería enviar -a costo empresario- una inspección a los laboratorios de origen.

El Ejecutivo cree que con más importaciones, bajarán los precios, aunque las compras al exterior en el sector farmacéutico son importantes, como describió Nicolás Sidicaro en esta radiografía. Se importan, sobre todo, insumos y medicamentos de alto costo, con aranceles relativamente bajos y facilidades. Los medicamentos no pagan impuesto PAIS y tributan entre 0 y 14% de arancel, mientras que la ropa o la electrónica pagan arriba de 30%.

Lo que Sturzenegger y Lavigne miran como una cuestión de precios es, también, una posición estratégica. En 2009, durante la epidemia de gripe A, faltaron dosis de Tamiflu porque no se fabricaba en el país y las potencias globales acapararon el medicamento. La producción empezó después. La pandemia de Covid-19 encontró a Argentina mejor preparada para fabricar insumos y vacunas.

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