La alianza planteada con la actual gestión de los Estados Unidos tuvo un nuevo capítulo con el acuerdo anunciado desde Washington con la Argentina al final de la semana pasada. El entendimiento no debería ser evaluado únicamente con los parámetros de concesiones recíprocas y ganancias o pérdidas netas de los acuerdos de comercio tradicionales sino como parte de una estrategia de más largo plazo, que busca colocar a la Argentina como una pieza del bando estadounidense en el tablero global, con un entramado institucional que trascienda la duración que el mandato democrático asignó con contundencia a Javier Milei y su espacio político.
En este sentido, el anuncio de la Casa Blanca –cuyos detalles aún no son públicos– es uno de los instrumentos con el que el presidente busca cementar un alineamiento en política exterior cuya manifestación más fuerte apareció en el plano financiero con los rescates consecutivos del Fondo Monetario Internacional (FMI) y del propio Tesoro norteamericano. Los salvatajes, a su vez, pueden ser entendidos como el correlato de una serie de gestos de sobreactuación de alineamiento que rompieron con posturas diplomáticas de Estado, que habían sostenido gobiernos tanto progresistas como liberal-conservadores desde el regreso de la democracia.
En cuanto a lo firmado, los desequilibrios de lo poco que se conoce se hacen evidentes. En bienes, la Argentina asume compromisos de apertura en varios sectores económicos y producción industrial a cambio de concesiones estadounidenses acotadas en los aranceles recíprocos. Algunas aperturas –minerales no disponibles en los Estados Unidos y productos farmacéuticos no sujetos a patente– no aparecen siquiera como verdaderas concesiones, ya que suponen bajar aranceles en bienes en los que Argentina no compite con EE. UU. y que no generan perjuicios a sus productores. La apertura en carnes podría, en cambio, tener un efecto más beneficioso. Lo más importante aparece en la mención a la revisión de la aplicación de aranceles basados en cuestiones de seguridad nacional, la Sección 232.
Una revisión de los mismos podría beneficiar al acero y aluminio argentinos. Productos industriales importantes en la canasta exportadora nacional al país del norte que se vieron muy severamente afectados por los aranceles de Donald Trump. El beneficio, con todo, es incierto: el compromiso es de una mera revisión y no hay mención expresa a qué productos, aunque parece obvio que son el centro de la negociación.
Con todo, hay que decir que nada hay de extraordinario en la materia. Todos los acuerdos suscritos por la administración Trump con bloques como la Unión Europea o países como Japón o el Reino Unido mantienen concesiones desequilibradas y apenas buscan evitar que los países sufran daños extendidos por los aranceles unilaterales estadounidenses. Las concesiones argentinas aparecen limitadas por las obligaciones que impone el Mercosur en materia de Arancel Externo Común, por lo que deberán circunscribirse al listado de 150 productos sobre los que los países deben establecer excepciones.
Las licencias permisivas argentinas más importantes aparecen en materia regulatoria. Nuestro país se comprometió a una revisión del régimen de propiedad intelectual cuya clave se encuentra en el sector farmacéutico. Allí, los laboratorios nacionales desarrollaron importantes capacidades para la producción de medicamentos genéricos. Estados Unidos exige desde hace décadas modificaciones que extiendan el reconocimiento de patentes, tanto en términos temporales como en materia de patentes secundarias. Todos los gobiernos argentinos –incluidos el de Carlos Menem y Mauricio Macri– resistieron su adopción. Un estudio de FIEL cifra el costo de atender la demanda estadounidense en torno a los 2.000 millones de dólares anuales. Semejante concesión, con todo, debería pasar por el Congreso, donde podría enfrentar resistencia activa de los laboratorios locales.
Otras concesiones pueden hacerse por resolución ministerial o de organismos. Argentina se comprometió a reconocer normas y estándares estadounidenses, dando por válidas las aprobaciones y procedimientos realizados en aquel país. También, a reconocer los estándares de protección de datos de los Estados Unidos como adecuados para la operatoria de las empresas tecnológicas estadounidenses, que se asegurarían un trato preferencial. Una concesión mayúscula que de todos modos parece alineada con la política desregulatoria de Federico Sturzenegger y el sesgo general del gobierno. Sin la negociación en el medio, es probable que muchas de estas medidas hubieran sido aplicadas unilateralmente por una administración que considera que Argentina puede ser un hub incluso global del sector de inteligencia artificial y que tiene una mirada escéptica de la regulación gubernamental.
Lo más complejo del acuerdo son los compromisos sobre economías de terceros países. El texto publicado por la Casa Blanca menciona prácticas que aparecen como formas eufemísticas en las que los Estados Unidos habitualmente se refiere a China. Si Argentina fuera a restringir formalmente importaciones del país asiático, eso podría –además de ponerse de lleno como parte de un enfrentamiento ajeno– exponerse a sanciones a sus exportaciones como contrapartida, una realidad que, dolorosamente, vivió Australia durante la pandemia y que afectó seriamente al gobierno conservador del país oceánico.
Por otro lado, incluso si el acuerdo fuera a funcionar como suponen los más optimistas, no se trata de Acuerdos de Libre Comercio tradicionales, que establecen derechos y obligaciones claras y consecuencias en caso de incumplimiento. Las concesiones aparecen ligadas a los poderes de emergencia o permanentes del primer mandatario gringo, que puede dejarlas sin efecto en cualquier momento. La opuesta difícilmente sea cierta. Los detalles del texto son aún opacos, por lo que las conclusiones son precarias y prematuras, pero siguen corporizando las elecciones de un gobierno que eligió atar definitivamente la suerte del país a la voluntad (del presidente actual) de los Estados Unidos de América.
En el plano local, el gobierno está engendrando los mismos problemas que lo llevaron a pedir el auxilio del FMI y, luego, del Tesoro americano. Frente a la persistente sorpresa por los montos entregados desde los multilaterales o el bolsillo de Scott Bessent, Argentina –y los argentinos– siguen demandando más dólares de los que produce, tienen o le pueden prestar. La vieja confusión de flujos con stocks. Es por eso que en un encuentro ocurrido ayer, la Cámara de la Industria Aceitera de la Argentina (CIARA) le sugirió a un importante dirigente peronista que, en el primer trimestre del año que viene, el gobierno va a tener que volver a implementar el Dólar Soja Libertario –el peronista ajustaba por tipo de cambio y el DSL por impuestos– para garantizar la liquidación.
La sugerencia rima con un problema que puso sobre la mesa el ministro preferido del presidente, el coloso Sturzenegger. En un paper de 2021, Sturze publicó un trabajo –que anunció felizmente en X– en el que concluyen –junto a César Sosa Padilla– que la única acumulación de reservas que sirve para reducir el Riesgo País es la que se hace con activos domésticos. Un alerta que podría plantear en la próxima reunión de gabinete.
Iván Schargrodsky | Cenital
