Los recortes ya afectaron subsidios, giros a provincias, salarios y obras públicas. Con la actualización de jubilaciones y AUH garantizadas por DNU, se achican las herramientas para compensar la baja de recursos.
La vigencia de la motosierra como recurso excluyente para mantener la política antinflacionaria del gobierno de Javier Milei parece estar llegando a un límite. Los números del informe fiscal de julio, brindados esta semana por el gobierno, indican que gran parte de los recortes que se podían efectuar ya fueron realizados y que los que quedan son de más difícil ejecución, tanto por restricciones surgidas de las leyes como por las tensiones sociales que pueden generar en vísperas de un año electoral.
Las cuentas públicas de julio volvieron a mostrar un superávit primario de 2,9 billones de pesos, con lo que el resultado acumulado desde enero ($ 10,3 billones) llega a un 0,9% del PBI. La proyección indica que podría alcanzarse sin mayores sobresaltos la meta anual de 1,4% prometida al Fondo Monetario Internacional. Sin embargo, si se descuentan los intereses de la deuda pública pagados durante este período, el resultado financiero de todo el año es de apenas 1,7 billones de pesos, 0,1% del PBI.
Al dar cuenta de los resultados en sus redes sociales, el ministro de Economía, Luis Caputo, celebró que en julio «el gasto primario se redujo 7% interanual en términos reales» y que el superávit «se alcanzó en el marco de una reducción de impuestos acumulada de casi 3% del PIB desde el inicio de la gestión».
Para sostener esas cifras, el gobierno volvió a recortar de manera sistemática las transferencias corrientes a las provincias, que en lo que va del año bajaron 31% en términos reales con relación a los primeros siete meses de 2025 y hasta se redujeron en valores nominales ($ 1,24 billón contra $ 1,36 billón). También se volvió a pasar la tijera por el rubro de gastos de capital (obras públicas e infraestructura), que significaron un irrisorio 0,1% del PIB.
Asimismo, se redujeron los gastos de funcionamiento, entre ellos los salarios de los empleados estatales. En cuanto a los subsidios, los de transporte se redujeron 10% real y si no cayeron los de energía fue porque Economía debió compensar la falta de actualización de las tarifas del primer trimestre para contener los índices
de inflación.
Protegidos por DNU
Al hacer su análisis de los datos oficiales, el Instituto Argentino de Análisis Fiscal (IARAF) aportó un enfoque novedoso: separó los gastos indexados, aquellos que la normativa vigente obliga a actualizar por índices de inflación o parámetros similares, de los no indexados.
Los primeros abarcan el 60% del gasto público total. Allí se cuentan las prestaciones sociales, que representan dos tercios de las erogaciones del Estado. Entre ellas se destacan las jubilaciones y pensiones, que a través de un DNU el Ejecutivo aceptó ajustar por inflación después de licuar su valor real. También se encuentran las asignaciones familiares y la AUH.
El otro grupo, donde se encuentran las obras públicas, las transferencias a las provincias, los gastos de funcionamiento y los salarios del personal estatal, representa solamente el 40% de ese gasto. Esa es la fracción cuya actualización no está protegida por ninguna ley y en la que el gobierno puede pasar la motosierra de manera discrecional.
Al mirarlo bajo ese prisma, el IARAF concluyó que en los primeros siete meses de 2026 el gasto indexado tuvo un incremento real interanual del 1,4% y el gasto no indexado una baja del 7,5 por ciento. Es decir, se profundiza el recorte sobre este segundo grupo para no afectar aquellos gastos cuya
cobertura está garantizada por las leyes.
«Por el lado del gasto no indexado, se espera que en 2026 haya una baja no menor en términos reales, para de esa manera financiar las distintas bajas de impuestos implementadas por el gobierno nacional y la pérdida de recaudación bajo la restricción de sostener el equilibrio fiscal», señaló el análisis del IARAF.
Brecha
De la misma manera, el grupo financiero SBS, en un informe a sus clientes, consideró que el grueso de la motosierra ya operó y que «lo que resta es un ajuste quirúrgico sobre partidas políticamente sensibles como subsidios a energía y transporte, planta de empleo público y transferencias discrecionales a provincias,
en la antesala del ciclo electoral 2027”.
La situación se complica aún más por un daño autoinfligido: el gobierno ajustó tanto el gasto que la actividad bajó y también la recaudación fiscal, que en el acumulado anual cayó 4,5 por ciento. Esto limita las chances
de una mejora en los ingresos que permita suavizar los recortes.
Esto trae más dificultades de cara a las elecciones del año próximo, en las que no solo se juega la reelección de Javier Milei sino la continuidad del proyecto libertario. Por eso la consultora LCG señala que más allá de la voluntad del gobierno en mantener la disciplina fiscal, «será la tolerancia social la que termine marcando la magnitud y composición final del ajuste necesario para el cumplimiento de la meta”. «
La inversión oficial más baja en cuatro décadas
Según los datos del Ministerio de Economía, en los siete primeros meses del año los intereses de la deuda pública totalizaron $ 8,5 billones. El ministro Luis Caputo explicó que en julio se destinaron a ese rubro $ 2,7 billones «dado el pago de los cupones de los bonos Globales y Bonares».
En contraposición, los gastos de capital totalizaron en ese período apenas $ 1,6 billón. En esa cifra se engloban todas las inversiones oficiales en energía, transporte, vivienda, agua potable y saneamiento hídrico, entre otros rubros. Al respecto, el grupo Bapro estimó que hasta junio de 2026, con dos años y medio de gestión, en la presidencia de Javier Milei se realizaron gastos de capital por apenas 0,9% del PIB. La proporción es un décimo de la que se alcanzó en el kirchnerismo e incluso menor al período 2000-2003, en pleno derrumbe de la convertibilidad (2,1%). «El gobierno nacional se encamina a tener el menor gasto de capital (inversión en rutas, vivienda, escuelas, etc.), desde, al menos, la vuelta de la democracia», señalaron desde su Gerencia de Estudios Económicos.
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