Gobierno sospecha que alianza radical en la AGN empezó a crujir con las elecciones en Córdoba. La OA apeló a la Cámara pero podría cosechar nuevo revés.
La Oficina Anticorrupción (OA) que preside la ultramacrista Laura Alonso apeló el fallo de la justicia en lo Contencioso Administrativo Federal que la “condenó” a aportar sus bases de datos a la Auditoría General de la Nación (AGN) para determinar cuántos y cuáles funcionarios de Cambiemos fueron investigados por el organismo. La cuestión expuso al escándalo al organismo que planteó otra negativa a abrir sus registros a través de un pedido de acceso a la información pública, y que en las últimas horas sumó –a través del abogado del financista Federico Elaskar en el juicio oral contra Lázaro Báez- un pedido para que Alonso se aparte de la querella en el debate por su pérdida de objetividad. Pero hubo un trasfondo político que hizo detonar una interna dentro de Cambiemos entre la UCR y el propio Mauricio Macri por las elecciones en Córdoba y precipitó que los auditores radicales (junto a la oposición) aprobasen un plan de auditoría que incluyese toda la gestión de Alonso desde el 10 de diciembre de 2015. El resultado de esos hallazgos podría dejar a Alonso a merced de los jueces federales de Comodoro Py, a quienes desde su rol denostó, lo que la dejó sin amigos en el edificio de Retiro frente al despoder.
La auditoría fue aprobada hace más de un año, en u minué que giró en torno a problemas logísticos con “el correo”. Fechada el 14 de junio de 2018, recién ingresó a la OA en agosto. Allí entró en el radar de la Jefatura de Gabinete a la que Alonso informó al instante. La Secretaria de Fortalecimiento Institucional, a cargo del “lilito” Fernando Sánchez quedó encargada del seguimiento. Marcos Peña ya había recibido una alerta desde la AGN sobre otra auditoría espinosa: querían indagar en la base de datos de jubilados de la ANSES –en relación al FGS-, algo que encendió alertas en la Casa Rosada. En el Gobierno estaban sorprendidos por los votos de los radicales Jesús Rodríguez y Alejandro Nieva. El plan de auditorías y las dependencias “objetivo” se suelen aprobar por unanimidad. Si no la hay, no se incluyen, por lo que la OA pudo haber quedado marginada, algo que no ocurrió.
En septiembre de 2018 comenzó a discutirse parte del punto 4, el que precisamente pedía acceder a la base de denuncias con sus respectivos nombres. La queja dentro de la OA era que no se había definido el “objeto de auditoría”, por lo que no se podía determinar qué proceso o norma se iba a verificar como de adecuada aplicación o no. En mayo de este año se instalaron directamente en la planta baja de la OA requiriendo información, pero sin mayores fricciones. Sin embargo, a las pocas semanas, el 10 de junio, ingresó una demanda de amparo para que la OA cumpla con el rol de auditado y gire la información que sobre el punto 4 del requerimiento. “Motiva esta presentación la conducta reticente de la Oficina Anticorrupción para brindar en tiempo y forma la información que se le solicitara de manera reiterada”, indicó la demanda. “El auditado no cumplió con toda la documentación requerida, y solicitó que previamente esta AGN defina el objeto, objetivos, alcance criterios, procedimientos de la auditoría y los resultados que espera alcanzar”, afirmaron en la demanda, quejándose de la exigencia de la OA. Semanas antes, la interna desatada en Córdoba entre Mario Negri y Ramón Mestre había detonado Cambiemos en esa estratégica provincia para el Gobierno y había resentido los cimientos de la alianza entre la UCR y el PRO con una derrota por la que fue responsabilizada la Casa Rosada. Para interponer la demanda por mora, todos los integrantes –incluyendo los radicales- votaron a favor y por unanimidad. La cuestión volvió a dejar expuesta a la oficina de Alonso que intentaba contestar por Twitter las críticas de ausencia de transparencia.
Cierto es que mucho colaboró su declaración pública de abril último donde expuso su flanco débil: preguntada si había querellado a funcionarios de la actual gestión, Alonso respondió que dado a que había recibido “acusaciones personales” por falta de imparcialidad y por escasez de “recursos” no querellaban en “ninguna” causa que involucrara a la gestión que integraba. En los pasillos de la OA reconocen que esa declaración implicó prácticamente un reconocimiento a que esa dependencia realizaba solo presentaciones en causas relativas al kirchnerismo o que podría hacer la vista gorda ante denuncias contra integrantes del actual gabinete. La suma de todos los factores activó la belicosidad de la AGN en tribunales que ganó el litigio en primera instancia con un contundente fallo de Enrique Lavié Pico que acusó a Alonso de no haber impedido a la AGN cumplir con las facultades constitucionales de contralor de los organismos del Estado. “La negativa a brindar la información requerida constituye un acto arbitrario e ilegítimo en el marco de los principios de una sociedad democrática e implica, en consecuencia, una acción que recorta de manera severa derechos que son reservados a cualquier ciudadano, en tanto se trate de datos de indudable interés público y que hagan a la transparencia”, sostuvo el juez que emplazó a que en 15 días entregue sus bases de datos de denuncias. Con la apelación, ese lapso se estirará.
En la OA se quejaron de que el juez haya argumentado con el acceso a la información pública y sostuvieron que otro organismo no puede invocar el mismo derecho que un ciudadano. Y que ello obligaría a publicar por internet el detalle de las denuncias recibidas. La negativa concreta es a suministrar los nombres bajo el fundamento de la confidencialidad de las investigaciones o denuncias preliminares a funcionarios. Y que “objetivamente” no pueden obtenerlo de sus bases tal como están diseñadas sino a través de una tarea artesanal de señalar uno por uno.
La AGN solicitó en las últimas horas los datos duros en términos numéricos de denuncias recibidas y procesadas por la OA. Si la Cámara en lo Contencioso Administrativo Federal vuelve a darle la espalda a Alonso será una señal respecto a la ausencia de plafón político para la funcionaria.
(De Gabriel Morini/Ambito)