El Presidente dijo que quiere terminar con las causas armadas, los jueces amigos y la utilización política de la Justicia, vicios que hacen carne en la figura del Jefe de los Fiscales bonaerenses, cuestionado desde los tres poderes del Estado.
En su discurso de apertura de sesiones ordinarias del Congreso, el presidente Alberto Fernández tocó un tema espinoso: la necesidad de “reordenar” la Justicia Federal, persiguiendo una serie de objetivos siempre deseables que hoy parecen urgentes.
“Venimos a ponerle fin a la designación de jueces amigos, a la manipulación judicial, a la utilización política de la Justicia y al nombramiento de jueces dependientes de poderes inconfesables de cualquier naturaleza”, dijo Fernández, describiendo todos y cada uno de los vicios que se atribuyen a Comodoro Py.
No es, sin embargo, patrimonio exclusivo de esos tribunales y mucho menos de la Justicia Federal. En los últimos cuatro años, en Buenos Aires proliferaron, como nunca, situaciones que parieron esos mismos análisis.
La figura del procurador general Julio Conte Grand surgió en ese contexto como el padre de la criatura. No faltaron jueces ni fiscales que lo señalaran como el responsable de la infausta tarea de alinear al Poder Judicial con las necesidades políticas del Poder Ejecutivo. Incluso el presidente de la Suprema Corte se hizo eco de esa situación.
A mediados de julio del año pasado Eduardo De Lázzari habló públicamente de un proceso que “empezó a percibirse con mayor nitidez en el orden federal pero que ahora muestra sus síntomas también en el ámbito de la Provincia de Buenos Aires”. Habló, además, del crecimiento de “causas armadas artificialmente”, “abusos de testigos de identidad reservada” de “arrepentidos” y del trabajo con “ciertos medios de prensa” que “dictan condenas mediáticas”.
También marcó la existencia de “espías, traficantes de escuchas” y, como no, de las “complicidades de algunos magistrados y miembros del Ministerio público”. Todo esto, advirtió, genera “un panorama que es absolutamente preocupante” en la justicia bonaerense.
Antes que él, el juez Luis Carzoglio, que quedó en la mira de todo Cambiemos cuando se negó a detener a Pablo Moyano, había hablado de “carpetazos” mediáticos que, aseguró, se nutrían de información que “únicamente pueden haber salido de la Procuración General de la Provincia de Buenos Aires”.
Carzoglio fue el primero pero no el único que cuestionó al Jefe de los Fiscales. Luego se le sumó el juez de casación Víctor Violini, presidente de la Asociación de Magistrados de La Plata. “Desde que asumió, el doctor Conte Grand lo ha hecho como un empleado de la Gobernadora, no como un Procurador del Poder Judicial de la provincia de Buenos Aires”, disparó, durante una entrevista concedida a Lado P, para INFOCIELO vídeos.
Incluso fuera del poder judicial arreciaron las críticas contra la cabeza de la Procuración. La exsenadora y actual ministra de Gobierno, María Teresa García, consideró desde el vamos que Conte Grand debía dejar su cargo con el cambio de gobierno, toda vez que lo consideró “responsable de ejercer presión sobre los magistrados, y quien puso a la Procuración al servicio de Macri y Vidal en el territorio bonaerense”.
Desde el Frente Renovador, el diputado Jorge D’Onofrio, miembro del Consejo de la Magistratura, le hizo la segunda a García. Para el legislador pilarense, “la cantidad de causas en las que fiscales y jueces fueron influenciados y presionados para hacer o para dejar de hacer”, ameritarían que se lleve a cabo un juicio político contra el Procurador.
D’Onofrio fue más allá: cuestionó “no sólo el desconocimiento de la esencia de su cargo” sino la “parcialidad” del funcionario judicial, que, claro está, tiene el antecedente de haber sido Secretario de Legal y Técnica de María Eugenia Vidal, un puesto clave, que requiere un vínculo de extrema confianza con el Gobernador de turno y que, por eso mismo, le quita idoneidad como cabeza de un poder independiente del Ejecutivo.
A Conte Grand le llovieron retos públicos de la Suprema Corte bonaerense cada vez que incurrió en excesos de competencia. A fines de noviembre, el Máximo Tribunal de Justicia provincial declaró la nulidad de dos artículos de una resolución que había emitido el Procurador, mediante un texto en el que cuestionó técnica y jurídicamente a Conte Grand y lo expuso frente a sus subalternos.
A pesar de los cuestionamientos, Conte Grand logró, en estos 80 días de gobierno de Axel Kicillof, mantenerse a flote, aunque bajó notablemente su perfil para aferrarse a su cargo, que es vitalicio. En el Gobierno de la Provincia no falta quien albergue esperanzas de que la iniciativa del presidente Alberto Fernández agite el avispero en la Justicia provincial. Por ahora, el Gobernador no da señales. Hoy abrirá las sesiones ordinarias de la Legislatura bonaerense y miembros de los tres poderes estarán atentos a lo que diga.
(Infocielo)