Con el humo sobre la Ciudad de Buenos Aires de los 5 mil focos de incendio que siguen arrasando los humedales del Delta del Paraná , la Cámara de Diputados comenzó este miércoles a debatir en la comisión de Recursos Naturales y Conservación del Ambiente Humano un proyecto de Ley de Humedales, para proteger al recurso natural que ocupa el 21 por ciento del territorio nacional, funciona como reservorio de agua dulce, y cumple un rol fundamental para mitigar los efectos de la crisis climática y las inundaciones. Desde febrero, las quemas ilegales en el Delta ya arrasaron con 50 mil hectáreas.

El debate que se inició esta tarde es el primero de cuatro encuentros, convocados por el presidente de la comisión, Leonardo Grosso, en el que participarán profesionales, científicos y referentes de las organizaciones ambientales. La Ley de Humedales es una deuda pendiente del Congreso , que llegó a ponerlo en debate en el recinto en los años 2013 y 2016, pero no consiguió la sanción de las dos Cámaras frente al lobby empresario. El agronegocio, la minería de litio y el sector inmobiliario son los sectores que operan contra una regulación de este recurso estratégico. El hashtag #LeyHumedalesYA fue trending topic durante las casi tres horas de audiencia pública virtual.

“Esperemos que, esta vez, el Congreso logre saltar las presiones que frenaron la ley en años anteriores. Necesitamos una ley que comprenda a las personas que viven en ellos y de ellos”, apuntó Laura Prol, integrante del área de humedales de taller de ecoligista de Rosario, y resaltó el particular contexto en el que la norma vuelve a ser debatida: “Los orígenes de esta pandemia están en la depredación del ecosistema y en el delta del paraná estamos viviendo la depredación de los humedales”. 

En ese sentido, Jorge Bartoli, integrante de la organización El Paraná No Se Toca, lamentó que el tratamiento del demorado proyecto se dé “sobre las cenizas de lo perdido” y resaltó la necesidad de una inmediata persecusión penal de quienes promueven las quemas y una moratoria integral que detengan las actividades que dañan los humedales. Algo que se hizo oír el fin de semana pasado en una masiva movilización sobre el puente Rosario-Victoria . 

Actualmente en el Congreso hay 6 proyectos de protección de humedales con estado parlamentario: 5 en la Cámara de Diputados y 1 en el Senado. El objetivo de las iniciativas es la creación de un inventario de los humedales y el establecimiento de presupuestos mínimos para su conservación, que deben cumplir los estados nacional y provinciales. Un esquema similar el que ya existe con las leyes de bosques y glaciares. 

“Vamos a trabajar para ponernos de acuerdo en un dictamen común, hay una preocupación transversal en esta Cámara, representada en los proyectos de todos los partidos que tienen representación en esta comisión”, destacó Grosso al abrir la primera audiencia pública y reconoció la postergación por parte del Congreso de un debate que “desde 2013 hasta la actualidad permitió que los humedales sean depredados” y pidió “tener una perspectiva ambiental” en la gestión política.  

Las primeras exposiciones en la audiencia estuvieron a cargo de especialistas convocados por les diputades firmantes de algunos de los proyectos con estado parlamentario, como los de Germán Martínez (Frente de Todos), Brenda Austin (UCR), Maximiliano Ferraro (Coalición Cívica) y el propio Grosso. 

El consenso entre los legisladores para alcanzar un dictamen de mayoría en común estuvo expresado en la exposición de Graciela Camaño (Consenso Federal) que reconoció “estar en falta” desde la Legislatura y consideró que “no hay mucho para discutir” a partir del saber acumulado de especilistas y organizaciones sociales. Y convocó a “cambiar la conciencia legislativa” alejándose de una mirada antoprocéntrica y “comprometer a todo el Congreso”.      

Los especialistas coincidieron en sus exposiciones, tanto como los representantes de las organizaciones sociales, en marcar la necesidad de alcanzar una “ley apiclable” a partir de las experiencias fallidas de las leyes de bosques y glaciares, que contemple las realidades de las personas que habitan y viven de los humedales, con impulso de “modo de producción sustentable”. 

Entre algunos puntos de coincidencia, que atraviesan la letra de los proyectos presentados, están: una definción de humedal amplia, un plazo no mayor a 5 años para concluir el inventario de humedales, una moratoria de actividades que continúan depredando los humedalels, la centralidad del Ministerio de Ambiente como autoridad de aplicación, una coordinación ágil entre el Estado nacional, provincias e instituciones públicas del sector para evitar la demora en la concreción de las normativas de ordenamiento territorial locales (con participación de la sociedad civil). 

También coincidieron en condicionar el financiamiento al cumplimiento de la norma y en un manejo integral de las cuencas y un sistema de “semáforos” como el aplicado en la Ley de Bosques para demarcar las zonas de protección y aquellas donde será posible la continuidad de la producción, adaptada a las necesidades ambientales y de los productores locales.  

“Esta no es una ley antiproducción, la actividad se podrá seguir haciendo, pero la producción deberá adecuarse para protegerlo”, apuntó Elba Stancich, especialista integrante de la agrupación Los Verdes, anticipando el lobby empresario que demoró la norma en años anteriores. En ese mismo tono, Julián Monkes, ambientólogo y magister en desarrollo rural apuntó: “La producción sólo entra en contradicción con la protección cuando no está en relación con la sustentabilidad” y coincidió que la ley deberá conservar áreas sensibles y marcar zonas de producción.

“El Delta del Paraná es el disparador de esta nueva etapa del debate, pero es solo la punta del iceberg sobre los peligros de explotación sobre los humedales”, señaló Monkes y apuntó la situación de las salinas donde se explota el litio o las proyectos inmobiliarios desarrollados desde el Delta del Paraná hasta los mallines patagónicos. 

“La sociedad espera una respuesta concreta con una ley que nos permita un manejo responsable, que apoye y promueva una alternativa de desarrollo, que tengan en cuenta las limitaciones y la situación crítica a nivel ecológico y climático. La hora de actuar es inmediata”, sostuvo el especialista Javier García Espil. 

Anibal Faccendini, magister en ambiente y titular de la Cátedra del Agua en Universidad de Rosario, destacó en materia de derecho que “hablar de los humedales es hablar de agua, que no es un recurso, es un bien común, por lo cual no es mercantilizable” y propuso ir un paso más allá que una ley de presupuestos mínimos e incorporar la experiencia, ya en marcha en países como Bélgica y Colombia, de “ciudadanizar” los humedales para que tengan un representante con personería jurídica que intervenga en su defensa. 

Página/12