La agenda fue el fallo, pero eso era secundario. Aún con dos serios agravantes: en cualquier otra situación, más allá del tironeo, hubiera sido un escándalo institucional. El fallo, dictado sin competencia, se amparó en la ficción jurídica muy poco sostenible de que el Gobierno de la Ciudad era el demandado para llevar a juicio un acto del Poder Ejecutivo en una jurisdicción local a la que la Constitución prohíbe que sea sometido y frente al que el gobierno nacional no tuvo derecho de defensa. Aún aceptando esta ficción, la decisión sigue ofendiendo la Constitución. El conflicto versa sobre una norma dictada por el gobierno nacional, no incluida en las excepciones del artículo 75, inciso 12 por lo que la competencia es privativa de la justicia federal. Los nombres de los jueces agregan gravedad. Las posibilidades de escindir a la sala de la Cámara de Apelaciones porteña del Ejecutivo de la Ciudad son nulas. La amistad de Marcelo López Alfonsín con dirigentes del PRO de CABA es pública. Una de ellas es con Laura Alonso, pareja de Larry Ochoa, un elemento clave en la vida operativa de Daniel Angelici a quien también le reporta Laura Perugini, otra de las juezas. El tercer elemento es sintomático: Nieves Macchiaveli, hermana de Eduardo, ministro de Ambiente y Espacio Público de Horacio Rodríguez Larreta y uno de los encargados de las efectividades conducentes, al menos, de los años impares. Un rol sensible a sugerencias externas en momentos como el del domingo. ¿Se le acabó la influencia al peronismo en la Justicia local? Una incógnita. Este contubernio entre el oficialismo y su propio Poder Judicial no horroriza tanto como en las provincias peronistas. Si todavía hay gente que recuerda con estupor que Larreta nombró como jefe de los fiscales al padrino del hijo de Angelici. Venía de ser su ministro de Justicia. Muy poco poder ciudadano.
El debate por las clases empezó a bajar su tensión. El Presidente tomó una decisión de manera unilateral sin tener en cuenta la opinión de Carla Vizzotti y Nicolás Trotta. Una extravagancia. Ambos ministros sostenían que antes que las clases podían cerrarse otras actividades. El argumento sobre la movilidad es pobre, incluso desde los datos que compartió el ministro Mario Meoni, y no hace la diferencia. La Ciudad de Buenos Aires presenta números de sobra para empujarla a un lockdown severo por más de dos semanas: una incidencia de 1200 casos cada 100 mil habitantes, el triple de San Pablo y 10 veces lo que sugiere la CDC y la SAP como límite de alto peligro. La ocupación hospitalaria está casi al 100% y, por ahora, los terapistas sólo hablan en off the record por temor a algunos directores con vínculos políticos con el gobierno porteño. Ayer el ministro Juan Cabandié reveló en Twitter que tres horas antes de la conferencia de prensa de la discordia, Larreta le pidió 60 respiradores a Vizzotti. El propio Larreta lo confirmó en un noticiero nocturno.
La decisión del Presidente, tomada igual que hasta ahora, por decreto de necesidad y urgencia, estableció un mandato de cierres nocturnos, preservación de la actividad laboral en la medida de lo posible -con mandato de trabajo remoto para el ámbito del Estado- y el muy discutido cierre de escuelas. El punto es sensible en todo el mundo, pero está también lejos de ser una excepcionalidad argentina. Emmanuel Macron se puso como prioridad mantener las escuelas abiertas durante la segunda ola, cuando en octubre del año pasado declaró un segundo confinamiento y envió al encierro forzoso a todos los habitantes, excepto fábricas y colegios. No pudo hacerlo ante la tercera: Francia decidió un nuevo cierre que se mantendrá hasta, al menos, el mes de mayo. Las clases también se suspendieron durante meses en Alemania en sintonía con la segunda ola. Tras haber regresado en febrero, un proyecto del gobierno las cancelaba cuando se superaran los 200 casos semanales cada cien mil habitantes. La Ciudad más que quintuplica el indicador impulsado por el gobierno alemán. También el Reino Unido clausuró las clases presenciales, aún cuando había puesto entre sus prioridades no hacerlo. En la región, países como Chile y Uruguay cerraron las aulas, y en el Brasil de Bolsonaro lo hicieron estados y ciudades. Los ejemplos sobran e incluyen a muchas de las principales ciudades de los Estados Unidos donde casi no se dictaron clases el último año. En Israel las clases normales sólo se reanudaron ayer, aún con el programa de vacunación más exitoso del mundo. Una excepción notable es España que, con burbujas y testeos en escuelas, algo de suerte y algo de temeridad, mantuvo escuelas abiertas en la segunda y tercera ola. Lejos de una extravagancia, la medida para el AMBA es, en este punto, normal. La falta de explicaciones para cerrar y de indicadores objetivos para cuando reabrir, la leniencia con gobiernos provinciales que conservaron su margen de inacción intacto sin importar los contagios, sí muestran una improvisación injustificable.
Sin embargo, el problema es otro y de fondo: la preocupación del gobierno nacional se sostiene hoy en las vacunas de AstraZeneca que deberían empezar a llegar de a tres o cuatro millones en el mes de mayo. ¿Va a ocurrir? Ayer el oficialismo recibió una mala noticia: salió del Liomont un lote de sólo tres millones de vacunas para ser revisadas por la COFEPRIS que recién se expedirá en 21 días. Argentina debería repartirse esas vacunas con otros países. Es por eso que, como adelantó #OffTheRecord hace semanas, la apuesta oficial es por las que se encuentran en Nuevo México. Este tema fue agenda con los enviados de los Estados Unidos.
Tras la visita de Craig Faller, jefe militar del Comando Sur estadounidense, quien se reunió con el ministro de Defensa, Agustín Rossi, fue el turno de Juan González, director del Consejo de Seguridad Nacional para el Hemisferio Occidental. Un hombre de extrema confianza del Presidente Joseph Biden que estuvo en el país en el marco de una gira que incluyó a Colombia y Uruguay, y ruidosamente, excluyó a Brasil. González fue acompañado por Julie Chung, subsecretaria interina para Asuntos del Hemisferio Occidental del Departamento de Estado. El almuerzo con Alberto Fernández y con el canciller Felipe Solá fue amable, pero franco. Chung mostró más rigidez que González frente a las posiciones argentinas. Del mitin participaron también la encargada de negocios de la Embajada de Estados Unidos en Argentina, MaryKay Carlson, y el ministro de Asuntos Estratégicos, Gustavo Béliz. Ninguna parte ocultó las diferencias pero, como con la visita de Faller antes, se trabajó en mayor medida sobre las coincidencias. Argentina espera apoyos en la negociación con el Fondo Monetario Internacional, una misión en la que no está embarcado únicamente Martín Guzmán, mientras los Estados Unidos trazan líneas rojas y prioridades.
La agenda climática es prioritaria para Biden y el Presidente argentino ha hecho del asunto una cuestión relevante en sus participaciones en foros internacionales, donde destaca el enorme potencial de los recursos de nuestro país en la transición ecológica. González, como Faller, plantearon sus inquietudes ante el rumor de una posible base militar china en Tierra del Fuego y recibieron garantías que el gobierno argentino no permitirá bases militares extranjeras en su territorio. La posibilidad de avanzar en acuerdos para la protección del ecosistema marítimo, especialmente más allá de la milla 200 también fue abordada. Una tensión previsible apareció cuando Chung mencionó la estrategia del bloqueo con la OEA como protagonista. Solá le recordó la posición argentina frente a ambos temas. Ya lo había hablado con el secretario de Estado, Antony Blinken. Venezuela, naturalmente, fue agenda: el Presidente argentino sostuvo que sólo un gesto de Estados Unidos podría dar pie a una mediación con Nicolás Maduro para la cual él mismo se propuso.
Bonus track
- Sobre el cierre de escuelas, este hilo del Director de la Escuela de Educación de la Universidad de San Andrés, Axel Rivas.
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