El grupo de infraestructuras español reclama la validez de los acuerdos que pactó con el Gobierno de Macri
Abertis y Argentina vuelven a las andadas. El grupo de infraestructuras español ha dado un nuevo paso en la batalla legal que le enfrenta al Gobierno de Alberto Fernández al registrar formalmente una solicitud de arbitraje ante el Centro Internacional de Arreglos de Disputas relativas a Inversiones, el Ciadi, organismo dependiente del Banco Mundial. Abertis defiende los acuerdos de renegociación de las concesiones de Autopistas del Sol (Ausol) y Grupo Concesionario del Oeste (GCO) pactados con el Gobierno de Mauricio Macri en 2018, que el Gobierno actual pretende anular.
Abertis ha registrado este martes la solicitud de arbitraje ante el organismo con sede en Washington. Al grupo español lo representan el bufete de abogados neoyorquino Freshfields Bruckhaus Deringer y el argentino Marval, O’Farrell & Mairal, mientras que Argentina se defiende a través de la Procuración del Tesoro de la Nación. El grupo de infraestructuras que dirige José Aljaro considera que el Gobierno argentino ha violado el Acuerdo para la Promoción y Protección Recíproca de Inversiones entre España y Argentina de 1991.
Grupo Concesionario del Oeste (GCO) gestiona la autopista entre Buenos Aires y Luján (56 kilómetros), y Austol es titular de la concesión de 119 kilómetros del acceso norte de Buenos Aires —popularmente conocida como la autopista Panamericana— y del mantenimiento de la Autopista General Paz. Las propias Ausol y GCO presentaron el 19 de octubre de 2022 sendas peticiones de medidas de emergencia ante la Corte de Arbitraje de la Cámara de Comercio Internacional (CCI), de acuerdo con lo previsto en las cláusulas de los acuerdos renegociados. El 30 de octubre de ese año, el árbitro de emergencia designado por la CCI aceptó aplicar la medida solicitada por las concesionarias y ordenó al Gobierno argentino desistir en sus pretensiones de anular el contrato renegociado.
Aunque esa decisión fue notificada al Estado argentino, el Gobierno de Alberto Fernández decidió ignorarla. Las concesionarias presentaron una solicitud de arbitraje ante la CCI cada una pidiendo que se reconociese la validez del acuerdo renegociado y que se condenase a Argentina a cumplirlo y a pagar las cantidades adeudadas. Por su parte, ese país hizo a finales del año pasado una presentación (”extemporánea”, a juicio de Abertis) solicitando el cese de las actuaciones arbitrales y poniendo objeciones al árbitro designado por las concesionarias en cada caso.
En paralelo, Abertis empezó a preparar el terreno para la solicitud de arbitraje recién presentada. El 24 de noviembre de 2022, el grupo, como accionista principal de Ausol (32% del capital) y de GCO (49%), presentó una carta en Presidencia de la Nación, con copia a los ministerios de Economía, Obras Públicas y Relaciones Exteriores y al embajador de Argentina en España, para notificar la existencia de una controversia en el marco del tratado de protección de inversiones de 1991. Con ello, se daba inicio al período de negociación amigable previsto en dicho tratado, que ha terminado sin acuerdo.
Vuelta al Ciadi
Por ello, el grupo español controlado por Atlantia y ACS ha presentado la solicitud de arbitraje. No es la primera vez que Abertis acude al Ciadi para proteger sus inversiones en Argentina. El grupo entonces dirigido por Francisco Reynés demandó al Gobierno argentino en ese mismo foro en 2015 por el desequilibrio financiero que acumulaban las concesionarias ante la decisión gubernamental de congelar las tarifas.
De hecho, lo que permitió cerrar aquel arbitraje fue la renegociación de los contratos. El acuerdo entre GCO y el Gobierno de Macri supuso extender la concesión 12 años, hasta 2030, reconocer los reequilibrios pendientes por 247 millones de dólares, un plan de inversiones adicional para mejorar la red por 250 millones de dólares, un nuevo esquema de revisión de tarifas y el cese de los procedimientos entre las partes.
En el caso de Ausol, la prórroga de la concesión fue por 10 años, también hasta 2030, el reconocimiento de los reequilibrios pendientes por 499 millones de dólares, un plan de inversiones adicional de 430 millones de dólares y también un nuevo esquema de tarifas y el fin del arbitraje. En ambos casos, el Gobierno asumía además, el riesgo de demanda, entre otras cláusulas.
Sin embargo, con el cambio de Gobierno, Alberto Fernández afirmó en septiembre de 2022 que los contratos eran “lesivos para el interés general, en virtud de la existencia de graves vicios que afectan a su legitimidad”. “A nuestro juicio, son contratos absolutamente distorsivos, que generaron daño económico al Estado nacional y a los usuarios”, aseguró. Argumentaba que no se podía dolarizar la deuda y que no había justificación para estipular los tipos de interés en el 8% anual, entre otras objeciones.
El Gobierno aprobó un decreto para declarar lesivos al interés general los acuerdos renegociados en virtud de supuestos graves vicios que afectaban a su legitimidad y ordenó a la Dirección Nacional de Vialidad interponer una acción ante los tribunales para lograr su nulidad.
El pasado ejercicio, las dos filiales argentinas aportaron unos ingresos de 148,1 millones de euros, un resultado bruto de explotación de 28,8 millones y tuvieron un resultado neto negativo de 2,1 millones, según figura en las cuentas anuales consolidadas del grupo.
El País