“Estamos pensando en matar al jefe de La Cámpora esta vez”, dice un mensaje de Carrizo enviado dos horas después del ataque a la vicepresidenta. El contenido de su celular también confirmó su participación en el diseño del atentado a CFK y que le proveyó un arma adicional a Fernando Sabag Montiel, que finalmente no fue usada. Un juez pidió que se investigue la posible participación de la violenta agrupación Revolución Federal en el atentado. El pedido de excarcelación de una de las detenidas será analizado por los camaristas de Comodoro Py Leopoldo Bruglia, Pablo Bertuzzi y Mariano Llorens.
El contenido del celular de Gabriel Carrizo, el cuarto detenido por el intento de asesinato de Cristina Fernández de Kirchner, no sólo confirmó su participación en la planificación del atentado y que él mismo entregó un arma adicional para cometerlo (que al final no se utilizó). También reveló que tenía en los planes el homicidio de Máximo Kirchner. “Estamos pensando en matar al jefe de La Cámpora esta vez”, dice un mensaje de Carrizo enviado a las 23.40 del 1 de septiembre, es decir, dos horas después del ataque a CFK. “Están llegando todos. Vamos a tener una reunión grupal”, avisa también en ese momento.
Quien se presentaba como el dueño del negocio y de la máquina de hacer copos de azúcar, relató en su indagatoria el viernes último que aquella noche se juntó en su casa en la Avenida Montes de Oca con el resto del grupo. Eso fue después de maldecir, en una conversación con su hermanastra, porque Brenda Uliarte y Fernando Sabag Montiel no habían respetado el supuesto plan original: “Esto estaba planificado para dentro de una semana, hizo todo mal. Es un pelotudo”, dijo, como reveló en exclusiva este diario. Insistía también: “Estamos decididos a matar a la puta esa”, en evidente alusión a la vicepresidenta.
La conversación que alude al “jefe de la Cámpora”, que pudo conocer Página/12 por allegados a la pesquisa, se produjo con un contacto recurrente de Carrizo, que figura como Jony White, quien le responde así al comentario sobre la reunión: “Los sicarios de los copos de nieve”. La tónica del anuncio que le había hecho Carrizo sobre su propósito de matar a Máximo Kirchner se corresponde con la del intercambio de mensajes que tenía en paralelo con Uliarte, donde lejos de parecer asustados –si bien hablan de esconderse, conseguir otro lugar donde alojarse, entre otras estrategias– siguen hablando de llevar adelante el magnicidio, según se reconstruye de los intercambios. El hombre les comenta a varios conocidos que está “orgulloso” del intento de asesinato de su “amigo”. El 2 de septiembre el propio Carrizo le pregunta a Brenda Uliarte:
— ¿Estás segura de que querés hacerlo?
— Te juro que sí. Y no me va a fallar el tiro. Pero hay que pensarla bien. Pasa que Nando (Sabag Montiel) no tiene mucha práctica. Le tembló el pulso– responde ella.
Se supone que seguían hablando de CFK. Pero Carrizo, a juzgar por los chats, también tenía en la mira al hijo de la expresidenta. La Agencia Federal de Inteligencia (AFI) denunció la semana pasada expresiones públicas en el mismo sentido por parte de referentes de Revolución Federal en una presentación que fue incorporada a la causa.
Aquella noche del 1 de septiembre, después del intento de magnicidio, Carrizo se juntó con los más cercanos del grupo, menos Uliarte, e intentaron sin suerte que los atendieran en Crónica TV. Querían ir a limpiar su imagen en forma anticipada. Ese canal tenía imágenes anteriores de ellos: una nota a Uliarte y Sabag Montiel donde despotrican contra los planes sociales, mientras ella muestra cómo vende copos, y otra a Uliarte y Sergio Orozco, en Tigre, donde fueron a criticar a Sergio Massa tras su designación como ministro. El 2 de septiembre fueron a Telefé, ya con Uliarte que apareció en la casa de Barracas cerca de las 2 de la mañana, según las antenas de los celulares, y además le habría devuelto a Carrizo el arma calibre 22 que no se utilizó o la descartaron juntos, suponen los investigadores.
Al dictar los procesamientos de Uliarte y Sabag Montiel, la jueza María Eugenia Capuchetti le dio a ella un papel central en la planificación y sostuvo que fue quien había adquirido el arma que intentó gatillar su pareja. Luego, por los mensajes de Carrizo se supo que él mismo en un comienzo pensó que la pistola utilizada era la suya. Pero después supo, todo indica que por Uliarte, que era otra. Por eso le cuenta a Andrea, la hermanastra: “Mira nose (sic) si es una buena o mala noticia pero el arma con la que intentó ponerla no es la mía, yo le dí un 22 corto… recién hablé con la novia (en referencia Uliarte) y la tiene ella así que mañana la vamos a ocultar y vamos a ir a Crónica a hablar”. Como es conocido, cuando hablaron finalmente en televisión, mintieron: nadie sabía quiénes eran, el punto central era que Uliarte admitía ser la novia de Sabag Montiel, decían que tenían miedo, que recibían amenazas. Ella comentaba que no tenía noción de la existencia del arma, que no había estado con Sabag en las últimas 48 horas. Era todo un libreto muy fácil de desarmar.
¿Conexión con Revolución Federal?
La posible relación entre la organización Revolución Federal y/u otros grupos de ultraderecha (protagonistas de las marchas con horcas, bolsas mortuorias, guillotina, antorchas arrojadas a la Casa Rosada, escraches a Silvina Batakis y a Sergio Massa al asumir en Economía) con el intento de magnicidio, ya fue señalada la semana pasada en un escrito de la AFI. El organismo que conduce Agustín Rossi adjuntó audios de referentes de ese grupo en una transmisión en vivo que llevaba el título “hay que pudrirla?” que se hizo el 26 de agosto. Además de que esos diálogos adelantaban lo que sucedería una semana después con el atentado contra la vicepresidenta (comentaban la posibilidad de infiltrarse entre los manifestantes que iban a apoyar a CFK y “pasar a la historia”), también se refirieron al diputado Máximo Kirchner. El líder de Revolución Federal, Johnatan Morel, le pregunta a Franco Castelli: “¿Pasás todos los días por la casa de Máximo?”. “Si, soy de Santa Cruz, de acá”, es la respuesta. “¿Uh como no lo mataste, boludo?”. “Todos muertos, presos o exiliados”, es una de las consignas que suelen usar contra el Gobierno.
Casualidad o no, la manifestación pacífica de respaldo a Cristina del sábado 27 de agosto después de que el gobierno porteño mandara a vallar la cuadra de su vivienda, fue reprimida por la Policía de la Ciudad de Buenos Aires, uno de cuyos agentes insultó a Máximo Kirchner, además de “marcarlo” como un ciudadano más, sin inmunidades, como hicieron otros agentes con el gobernador bonaerense Axel Kicillof y su ministro Andrés “Cuervo” Larroque.
El juez Marcelo Martínez de Giorgi había recibido una denuncia a raíz de publicaciones en la cuenta de Instagram de Revolución Federal, por atentar contra la democracia, incitación al odio y violencia política con expresiones dirigidas contra el presidente Alberto Fernández y CFK, con expresiones como: “Los vamos a perseguir, van a tener miedo de salir a la calle. El robo y la corrupción Argentina va a dejar de ser gratis por las buenas o por las malas”. El juez firmó una resolución donde le manda la causa a Capuchetti y plantea algo alarmante: que no se puede afirmar que “el plan delictivo haya finalizado ni descartar que se vuelva a intentar respecto de la Vicepresidente de la Nación o de otros funcionarios”.
Martínez de Giorgi remarca cierta vinculación con la agrupación de Brenda Uliarte, quien participó de la marcha de las antorchas el 18 de agosto, con la consigna “al kirchnerismo cárcel o bala” y que “los dichos expuestos por parte del grupo extremista Revolución Federal del cual (ella) participaba –afirma el magistrado– revisten inusitada gravedad y una llamativa similitud con el modus operandi del atentado, lo que demuestra la relevancia particular de esta conversación pública con la presente investigación”. El juez cita un dictamen del fiscal Gerardo Pollicita que planteaba que “no podría descartarse el aporte de tal agrupación en el intento de homicidio de la actual Vicepresidente de la Nación, sea este la instigación de Brenda Uliarte, su auxilio, cooperación o financiación”.
Ahora habrá que ver qué hacen la jueza Capuchetti y el fiscal Carlos Rívolo. Los interrogantes claves que vienen en esta causa son: quién estaba detrás de este grupo y quién los financiaba. Es difícil pensar cómo iban a pagar, por ejemplo, el departamento que Uliarte y Sabag Montiel planeaban alquilar en Recoleta, para tener vista despejada a la vivienda de CFK.
El bolillero de Py
Agustina Díaz, otra de las detenidas, amiga y confidente –quizá pareja también– de Brenda Uliarte, pidió ampliar su indagatoria, algo que hará el miércoles ante Capuchetti y Rívolo. Hasta ahora la mujer dijo que Uliarte era fabuladora, fantasiosa, delirante y manipuladora, y no se tomaba en serio los comentarios sobre su intención de matar a la vicepresidenta. No fue un relato sólido. En un mensaje hallado por los investigadores le reprocha “¿por qué mandaste al tarado esa?” a disparar, en alusión a Sabag Montiel, y le aconseja borrar todo y descartar el celular.
Díaz, además, había pedido la excarcelación. El juzgado y la fiscalía se la rechazaron y por eso apeló ante la Cámara Federal, lo que determinó que el tema termine en manos de la Sala I, que integran Leopoldo Bruglia, Pablo Bertuzzi y Mariano Llorens. Los dos primeros son los famosos jueces nombrados a dedo en ese cargo por el gobierno de Mauricio Macri, a través de un mecanismo de traslado, situación que el Consejo de la Magistratura se resiste a revertir pese a que está terminado el concurso para reemplazarlos por jueces designados como establece la Constitución. Llorens es, según describió la propia CFK por las fotos que se hicieron públicas, el arquero de la Liverpool, el equipo de fútbol que también integran el juez Rodrigo Giménez Uriburu y el fiscal Diego Luciani –que juzgan a la vicepresidenta en la causa Vialidad– y que jugaba en la quinta Los Abrojos de Macri. El trío Bruglia-Bertuzzi-Llorens, por ejemplo, es el que sobreseyó al expresidente en la causa por el espionaje a los familiares del ARA San Juan. Este jueves citaron a las 10 de la mañana a una audiencia para tratar la excarcelación de Agustina Díaz.
Página/12