«El sistema impositivo favoreció cada vez más a los ricos y menos a la clase media en los últimos diez años. Es dramático, me parece que la gente no se da cuenta y creo que hay que hay que hacer algo al respecto», dijo el inversor milmillonario Warren Buffett hace 18 años. Ofreció un ejemplo recurriendo al personal de su oficina: aunque en ese momento él era la segunda persona más rica del mundo, pagaba un porcentaje menor de su ingreso en impuestos que su recepcionista.
Desde entonces la desigualdad económica no hizo más que empeorar, en parte por el surgimiento de acciones de tecnología que son inmensamente valiosas, pero no declaran dividendos. En 2020, 6 de los 10 estadounidenses más ricos —Jeff Bezos, Mark Zuckerberg, Warren Buffett, Larry Page, Sergei Brin y Elon Musk— eran accionistas principales de corporaciones que no pagan dividendos. Su riqueza conjunta es de 500 mil millones de dólares, el 0,5 % del total en EE. UU.
El mes pasado economistas del Consejo de Asesores Económicos y de la Oficina de Gestión y Presupuesto escribieron conjuntamente un artículo que publicó la Casa Blanca, donde estimaron que las 400 familias más ricas de Estados Unidos, todas ellas con más de 2000 millones de dólares de patrimonio, pagaron una tasa promedio del 8,2 % por impuestos federales al ingreso (considerando el rendimiento de las acciones no vendidas como ingresos). El contribuyente estadounidense promedio pagó el 13,3 % de sus ingresos en impuestos federales.
El déficit presupuestario estadounidense como porcentaje del PBI ha alcanzado su segundo mayor nivel desde 1945. En una encuesta tras otra los estadounidenses afirman que desean que los ricos paguen más impuestos, lo que reduciría el déficit y mejoraría, además, la equidad. Sin embargo, el Congreso no aumenta los impuestos a los ricos.
Consideremos el indignante vacío legal del «traslado de intereses» en el Código Fiscal estadounidense, que permite a los administradores de fondos de inversión pagar menos impuestos por los honorarios que reciben de sus clientes (como si se tratara de ganancias de capital en vez de ingresos). El presidente Joe Biden afirmó que quiere eliminarlo, pero las propuestas de reforma fiscal deben ser aprobadas por el Comité de Medios y Arbitrios de la Cámara (House Ways and Means Committee), presidido por Richard Neal. En 2007 Neal, demócrata, apoyó un intento infructuoso para eliminar ese vacío legal. Luego comenzó a recibir grandes donaciones del sector corporativo, entre ellas, 2,9 millones de dólares tan solo para su campaña de 2020. El mes pasado, el Comité de Medios y Arbitrios de la Cámara publicó sus propuestas de reforma fiscal. Eliminar el vacío legal de los intereses no figura entre ellas.
La conclusión es ineludible: Estados Unidos ya no es una democracia, sino una plutocracia. Pero los países donde el dinero influye menos sobre la legislación también encuentran dificultades para cobrar impuestos a los ricos. Los papeles de Pandora, publicados este mes por el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación, muestran como los ricos en más de 200 países y territorios mantienen sus activos en el extranjero (muchos de ellos, para evitar impuestos).
Entre ellos estaba el ministro de finanzas brasileño Paulo Guedes, quien es el responsable último de recaudar los ingresos que necesita su país, pero trasladó casi 10 millones de dólares suyos y de su familia a las Islas Vírgenes Británicas. Andrej Babiš, primer ministro de la República Checa cuando se publicaron los papeles, afirmó que su decisión de transferir activos a cuentas en el extranjero no tuvo mala intención. Probablemente los votantes se mostraron escépticos al respecto, ya que perdió después una elección ajustada.
Se espera que cuando los líderes del G20 —entre los que se cuentan las principales economías avanzadas y emergentes del mundo— se reúnan en Roma esta semana logren un acuerdo para gravar a las grandes corporaciones con una tasa mínima del 15 %. El objetivo es poner fin a la «carrera hacia el abismo» que impulsó a la baja las tasas impositivas corporativas debido a la competencia entre países para atraer inversiones, pero el acuerdo se implementará paulatinamente a lo largo de 10 años y contiene exenciones significativas. Incluso en el caso de las corporaciones que no califican para las excepciones, la tasa mínima del 15 % es menor a la que paga la mayoría de las empresas con sede en los países desarrollados.
¿Hay algo más que pueda hacer el G20 para solucionar la desigualdad impositiva entre los ricos y la mayoría de los trabajadores? Los economistas Emmanuel Saez y Gabriel Zucman, de la Universidad de California, Berkeley sugirieron un impuesto a la riqueza anual del 0,2 % sobre el valor de las acciones de todas las corporaciones que cotizan en bolsa. Ese impuesto, afirman, es progresivo porque los ricos poseen muchas acciones corporativas y los pobres, ninguna. También es difícil de evadir, porque el valor de las acciones de las corporaciones es información pública.
Además, Saez y Zucman destacan que un impuesto a la riqueza no afectaría la disponibilidad del financiamiento corporativo, porque las empresas que cotizan en bolsa pueden emitir más acciones (diluyendo ligeramente el valor de las existentes) y pagar el impuesto en especie a los gobiernos, quienes luego pueden vender las acciones en el mercado. Extender el impuesto a las grandes corporaciones privadas también sería posible con métodos estándar de valoración.
La apertura de la economía mundial en los últimos 30 años sacó a cientos de millones de personas de la pobreza, pero también enriqueció a las corporaciones multinacionales que pudieron transferir sus ganancias dondequiera que los impuestos corporativos fueran menores. El G20 puede avanzar en dirección a la solución aceptando la tasa mínima propuesta del 15 %, pero eso dejará intacta la riqueza de las empresas emergentes que generan beneficios, pero cuyas acciones se valorizan a gran velocidad. Los países del G20 pueden solucionar ese problema adoptando un impuesto a la riqueza semejante al que recomiendan Saez y Zucman.
PETER SINGER (Project Syndicate)