La sesión está convocada para este miércoles. El cierre de listas es clave en la lectura que hace la oposición del escenario político. Milei, dispuesto a resistir.
Este miércoles, con las listas nacionales recién cerradas y la campaña comenzando a despuntar, la oposición buscará dar el primer golpe de efecto de la carrera electoral. En la Cámara de Diputados, el peronismo, los radicales progresistas, la izquierda y algunos bloques provinciales tienen la expectativa de lograr finalmente revertir un veto del presidente Javier Milei: el que dictó para la Ley de Emergencia en Discapacidad, sancionada hace algunas semanas. Además, los opositores buscarán avanzar con otras iniciativas, pero el veto a la emergencia en discapacidad promete ser la madre de todas las batallas que se darán este miércoles en el recinto de la Cámara baja.
Cuando Diputados aprobó la iniciativa, el 5 de junio pasado, el texto tuvo 148 votos a favor, 71 en contra, 3 abstenciones y 34 ausentes. En estos últimos dos números, las abstenciones y los ausentes, busca el oficialismo y la oposición la llave para ganar la votación. No la tiene fácil el Gobierno. Hasta su ex jefe de bloque, Oscar Zago, que estuvo entre los ausentes, dijo este fin de semana que no acompañará la posición que busca sostener el veto a una ley que propone regularizar pagos adeudados a los prestadores que asisten a personas con discapacidad, actualizar sus aranceles y cumplir con el cupo laboral para personas con discapacidad, entre otros puntos. Según la Oficina de Presupuesto del Congreso, el impacto fiscal de la ley sería de entre el 0,22% y 0,42% del PBI.
Además del veto a la emergencia en discapacidad, en la sesión del miércoles se tratarán otros temas: el veto al aumento jubilatorio del 7,2% y a la suba del bono que reciben los jubilados de la mínima de $70 mil a $110 mil; y los dos proyectos impulsados por gobernadores para redistribuir entre las provincias los Aportes del Tesoro Nacional (ATN) y el Impuesto a los Combustibles Líquidos.
Tres ejes
La lectura política del conglomerado opositor pasa por tres ejes:
- El timing del cierre de listas, que cristalizó el escenario de alianzas y candidaturas y liberó de obligaciones a los diputados que, hasta este fin de semana, buscaban acercarse al Gobierno y por eso le votaban todo o casi todo. Cerradas las listas, quienes no consiguieron esos acuerdos ya no se verán obligados a acompañar al oficialismo.
- Los heridos del armado libertario, que hicieron todo para renovar su banca al amparo del paraguas de La Libertad Avanza y fueron desairados. El caso más resonante: el del cordobés Rodrígo de Loredo. El presidente del bloque de la UCR tuvo una conducta errática el día de la sanción en Diputados de la emergencia en discapacidad. No dio quórum pero, una vez que la oposición lo consiguió, votó a favor de la iniciativa. Ahora llegará a la sesión en la que se discutirá el veto habiendo sido excluido y olvidado por los hermanos Milei.
- La campaña apenas iniciada le dará a la sesión mucha visibilidad, dado que permitirá marcar desde el arranque de la competencia electoral dónde está parado cada candidato.
Se mete la disputa electoral
El debate, que ganó el centro de la agenda periodística en las últimas semanas, se coló con claridad en la disputa electoral. Una de las dirigentes que leyó la situación fue la candidata a diputada nacional de la alianza Defendamos Córdoba Natalia de la Sota, que lleva como tercera en su lista a Marta Lastra. La abogada es cofundadora de la Fundación CEA, integrada por madres de personas con autismo.
Cuando se inició el debate, a comienzos del año, el Gobierno ensayó una oposición basada en que la ley era perjudicial para las personas con discapacidad. Según la argumentación de la ANDIS, “las personas con discapacidad no buscan una asistencia pasiva, económica y permanente, sino políticas públicas que garanticen inclusión plena” y esta ley “va en la dirección contraria”. Dado el amplio respaldo que encontró el texto en las organizaciones que defienden y trabajan con esta población, esa argumentación no parece ser correcta.
Como tampoco lo es otra de las cuestiones mencionadas por el Gobierno para rechazar la ley. Según la Casa Rosada, el aumento en la cantidad de personas que reciben una pensión por discapacidad habla de que “la gestión anterior flexibilizó los criterios de otorgamiento mediante decretos y resoluciones, habilitando el acceso a beneficios a personas que no cumplían con los requisitos médicos ni socioeconómicos”. Sin embargo, en la Argentina, la cobertura por discapacidad sólo alcanza al 20% de quienes deberían tener derecho a ella. Así lo estableció un análisis de la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ). Según ese relevamiento, de las más de 5 millones de personas con discapacidad en el país, solamente un millón cien mil accedieron a algún tipo de cobertura.
La presión de Milei
En ese contexto, el Gobierno mantiene la presión que inició en 2024 sobre esta población, a las que somete a auditorías, reclamos de documentación y obligación de reempadronamiento en circunstancias que es difícil describir sin adjetivar. Personas con discapacidad que debieron trasladarse varios cientos de kilómetros, hacer filas durante la madrugada, juntar papeles y más papeles para mantener la pensión que reciben. Algunas a las que ni siquiera les llegó la notificación del reempadronamiento y un día descubrieron que les cortaron la asignación. Ese monto, que varía según el tipo de beneficio y la situación particular de cada persona, pero que para julio de 2025 la publicación de los indicadores monetarios de la Seguridad Social estableció en $216.506.
Así, el Gobierno logró dar de baja 110 mil pensiones por discapacidad. Algo que según la gestión libertaria se explica en que esas pensiones habían sido errónea o espuriamente otorgadas. Pero que, según las organizaciones que trabajan con personas con discapacidad, se debe a que el operativo de control fue poco contemplativo de las situaciones que atraviesan los beneficiarios. Pocas imágenes tan claras como la entrevista que dio Alberto Salvatierra, una persona que ya no tiene sus dos piernas y uno de sus brazos, a quien la Anses le suspendió su pensión por discapacidad “por falta de documentación».
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