Mientras crecen los casos de consumo problemático, el Estado se aleja del territorio y la contención, bajo la clásica excusa de las “auditorías”. La lógica Pablo Escobar avanza.
El argumento es el mismo que el utilizado con el recorte de pensiones a personas con discapacidad o ante el desfinanciamiento universitario: todo se explica por las auditorías, por sus supuestos resultados o por la falta de éstos. En el ámbito de la Secretaría de Políticas Integrales sobre Drogas de la Nación Argentina (Sedronar), esa excusa se usó para cerrar más de 30 Casas de Atención y Acompañamiento Comunitario (CAAC) en distintos puntos del país. Espacios de abordaje territorial que contenían a personas con consumos problemáticos y sus familias. Mientras los casos de consumo crecen y el avance del narcotráfico deja huella en esos mismos barrios.
“Soy un adicto en recuperación y ellos me dieron la atención y contención para empezar a tener oportunidades y reinsertarme en la sociedad. No solo eso: me dieron un plato de comida y amor, más allá de su trabajo. Emprendían cursos para que las personas con diferentes problemáticas de adicciones podamos tener otra oportunidad de sentirnos útiles. Gracias a este lugar yo aprendí mucho, hoy estoy trabajando, estudiando Psicología Social, recuperando vínculos y alejándome más de la adicción, que fue lo que tanto mal me hizo”. Así cuenta Leandro Juárez, de 38 años, lo que implicó en su camino el paso por el CAAC «Vivir solo cuesta vida«, en Mataderos. En 2021 se incorporó a la Red Federal Territorial de Sedronar. Este mes fue dado de baja.
“Luego de un extenso trabajo de supervisión y auditoría sobre los 583 CAAC, Sedronar detectó graves irregularidades en 32 que no cumplían con los criterios básicos para la atención y acompañamiento de las personas con consumos problemáticos de sustancias”, fue la respuesta oficial para explicar el corte del subsidio a esos centros. Aseguraron que “ninguna persona se quedará sin atención, todas serán reubicadas”, algo que es desmentido desde los barrios. Entre las “deficiencias” encontradas, señalaron la ausencia de prestaciones específicas en consumos, una apertura semanal menor a cuatro días y la falta de un equipo profesional mínimo. Sin embargo, ya desde antes de concretar esas bajas la propia Sedronar había cesado contratos con trabajadores sociales, psicólogos y otros profesionales que atendían y que en muchos casos, llevaban varios meses sin cobrar.
Sin motivos
“Recibimos auditorías trimestrales que estaban siendo virtuales. En ningún momento vinieron realmente a conocer nuestro trabajo. Si el Estado se va a hacer cargo de cerrar, que hagan su trabajo viendo lo que hacemos”, cuestionó Brenda Di Spalatro, responsable regional de Vientos de Libertad, tras el cierre del centro barrial La Movediza, en Tandil.
“Supuestamente fue porque bajamos las prestaciones y no llegamos al número de personas asistidas. Nada que ver –refutó–. Está abierto de 14 a 22, quienes hacen procesos ambulatorios cenan acá, hay espacio para familiares, hay terapias individuales, grupales, articulamos con otras ciudades que mandan gente. Es un centro barrial que funciona de lunes a viernes y hacemos primera escucha para el servicio de salud mental del hospital municipal”.
“Nos piden como requisito que acompañemos en lo específico a 15 personas con consumos y acompañamos a alrededor de 25, pero llegamos a 100 con acciones comunitarias. No hay motivos para cerrar. Creemos que somos una variable de ajuste”, definió.
La organización social se propuso mantener el funcionamiento del lugar pese al cese del sostén estatal, pero sin garantías sobre cuánto tiempo podrán hacerlo: “Los psicólogos y demás profesionales son militantes de la salud comunitaria y deciden no cortar el proceso. El que decide cortarlo es el Gobierno Nacional”.
El narco dando comida
Vientos de Libertad es la rama del Movimiento de Trabajadores Excluidos (MTE) que se aboca al trabajo con jóvenes de barrios populares con consumos problemáticos. Sebastián Sánchez, coordinador, advirtió sobre el impacto del cierre de más de una treintena de centros territoriales de atención primaria.
“Con la avanzada del narcotráfico, esos cierres implican la pérdida de espacio comunitario en el territorio. Y estamos viendo algo que no veíamos hace mucho: la lógica Pablo Escobar, el narco dando comida en los merenderos. Eso está creciendo –alertó–. La organización social siempre fue barrera de contención. Si corrés a la organización del territorio, das lugar a que la narcoestructura crezca”.
Ya hubo cierres en Neuquén, Caba, Provincia de Buenos Aires y Salta, donde el colectivo Ni un pibe ni piba menos por la droga emitió un comunicado de alerta. “Es gente que se queda sin trabajo y pibes sin atención”, resumió.
Sedronar dependía de Jefatura de Gabinete. Pero cuando asumió Milei pasó a la órbita del Ministerio de Salud, hoy comandado por Mario Lugones. Sánchez alertó: “Las condiciones territoriales están más predispuestas para el narcotráfico que para salir del consumo”. «
No sólo en los barrios: también en el Bonaparte
Según el artículo 4º de la Ley de Salud Mental, “las adicciones deben ser abordadas como parte de las políticas de salud mental”. Por eso, es uno de los ejes de atención del Hospital Bonaparte, dependiente de Nación y especializado en la temática. Blanco de una embestida que amenazó con su cierre, en el Bonaparte también se vio afectada la atención a pacientes con adicciones. “Somos un efector más, como cualquiera de los que maneja Sedronar. Compartimos pacientes, trabajamos de forma articulada. Las bajas de los CAAC a todo el arco de salud nos parten al medio, porque esos dispositivos atajan muchas situaciones en los territorios y no hacen detonar los hospitales. Ese es el sentido de la atención primaria”, remarcó Leonardo Fernández Camacho, delegado de ATE en el Bonaparte. “Lo primero que cortaron acá fue el equipo de abordaje territorial, que trabajaba en conjunto con ese tipo de dispositivos”.
Esta semana el juez Patricio Maraniello –el mismo que prohibió difundir audios de Karina Milei- dictó una cautelar para que se restablezca el normal funcionamiento del Bonaparte. Aunque, según el Ministerio de Salud, eso nunca se interrumpió. El personal del hospital no opina lo mismo: “Entre despidos y renuncias se fueron la mitad de los psiquiatras, el 80% de los médicos clínicos. Parecemos un salita de barrio”.
Tiempo
