Los movimientos en la oposición son, esta semana, tan interesantes como los del oficialismo. Empecemos.
El acuerdo en Lisboa
“El FMI siempre nos dice que quitar los sobrecargos en las tasas es muy difícil porque Portugal los pagó. Hoy el país ibérico dijo que tenemos razón, entonces ese argumento se murió.” La reflexión desde el entorno de Alberto Fernández con #OffTheRecord apunta al primer objetivo que se había trazado el Presidente con Martín Guzmán: el apoyo del país anfitrión frente a esta tasa reglamentaria del Fondo. “Llegué al Gobierno en 2015 y confronté con el mismo problema que tiene la Argentina; como el préstamo era superior a la cuota de Portugal en el Fondo, estábamos pagando una tasa de interés con un sobrecargo muy significativo. Hoy estamos en una situación muy particular. Con esta crisis de COVID es el momento de, al menos, una suspensión del sobrecargo para ayudar a los países que están enfrentando simultáneamente la necesidad de reducir sus deudas y combatir al COVID, y que tengan las condiciones necesarias para hacerlo. El Presidente Alberto Fernández tiene el apoyo de Portugal en ese tema”, fueron las palabras del Primer Ministro, António Costa, el hacedor del milagro portugués. El organismo que preside Krystalina Gueorguieva determina una tasa base que tiene un sentido de cubrimiento de gastos operativos y compensación por el capital. A partir del momento en que los países miembros empezaron a pedir una cantidad de dinero exagerada en relación a su cuota, el Fondo decidió poner estos sobrecargos. El número a partir del cual se gatilla ese sobrecargo es el 187.5% de la cuota de capital. En el caso de Argentina, el préstamo de 57 mil millones de dólares representa el 1300% de esa cuota. Para evitar estos pagos debería haber un cambio de reglamento en el Fondo. Nadie se atreve a descartar que pueda ocurrir.
El modelo portugués es presentado, según la preferencia de quién enuncia, como una alternativa a la austeridad y como la confirmación de que funciona. Es cuestión de momentos. Portugal primero ajustó fuertemente y, cuando cambió el gobierno, decidió revertir parte de los recortes y apostar porque sea el crecimiento económico el que modere la dificultad de los objetivos fiscales. Ambos, los anti y los pro ajuste, prestan demasiado lugar a lo que hizo Portugal para explicar su notable recuperación. En un país sin moneda nacional, atado al euro, el análisis olvida lo actuado por el Banco Central Europeo, durante mucho tiempo férreo guardián de la ortodoxia monetaria. Bajo la presidencia del italiano Mario Draghi, el Banco Central comenzó a comprar bonos de deuda de los países con mayor riesgo país con el objetivo de reducir las brechas en el costo de endeudamiento en relación a lo que paga Alemania, convirtiendo efectivamente al BCE en garante de la deuda de Portugal, España e Italia. No extraña entonces que hoy, a pesar de una deuda que supera el 120% del PIB, Portugal se endeude a tasas cercanas al 0%. La tasa de interés de mercado se ha vuelto mucho más conveniente que la de los organismos internacionales gracias a un organismo internacional que supo cambiar hacia un enfoque más heterodoxo y pragmático. Lo mismo que Argentina necesita del Fondo Monetario. Es de esperar que Fernández busque la inspiración no al comienzo sino al cierre. Draghi, el hombre que cambió para siempre la política de la autoridad monetaria europea, encabeza hoy, como Primer Ministro “técnico”, el gobierno italiano. Desde ese lugar, Draghi apuesta al gasto del Estado para revitalizar la economía italiana tras la pandemia. El plan presentado por Italia prevé gastos por 220 mil millones de euros de los cuales 190 mil millones los aportará la Unión Europa. Gasto y comprensión multilateral.
El resultado del primer destino era necesario para intentar dejar atrás el episodio más desagradable que tuvo que enfrentar el Frente de Todos desde que ganó las elecciones. El debate sobre décimas de diferencias en el impacto de los hogares entre los aumentos propuestos por ambos hemisferios oficialistas esconde, evidentemente, una discusión de fondo sobre las velocidades del programa económico. Refinanciada esa disputa, en el gobierno ponen el ojo, finalmente, en la segmentación que avanza con algunos resultados preliminares: en Energía calculan que un 20% de los usuarios que tengan medidor -entre residenciales y personas jurídicas- van a terminar pagando la tarifa plena. Esto podría significar un redireccionamiento a partidas sociales de alrededor de 35 mil millones de pesos. Menos de medio punto del producto y un monto similar al que desembolsó el gobierno con el adicional de la Tarjeta Alimentar que fue criticado por el secretario de Economía Social y líder de la organización política que debería apuntalar al Presidente. El espejo con la gestión de Mauricio Macri se impone. El gobierno de Cambiemos ganó las elecciones de medio término luego de un aumento muy severo en los servicios públicos y perdió en 2019 con las tarifas congeladas, pero la macro descontrolada. En el kirchnerismo atienden este episodio, pero destacan que ese desequilibrio se produjo, en parte, por la falta de dólares que permitió la desregulación inicial de la gestión macrista.
Si algo determinó el episodio Guzmán-Basualdo es una decisión que el propio Presidente se había encargado de transmitir desde el comienzo: no hay sueño albertista. Sin embargo, también quedó de manifiesto que es Fernández quien gestiona la unidad del Frente y logra expandir los límites de la frontera kirchnerista. El fin del espejismo de una coalición conducida por Alberto es también la certeza de que es el Presidente la bisagra de esta conformación heterodoxa. El Frente tiene un desafío por delante: cómo polarizar -porque no hay opción-, pero inteligente y lúcido en esa disputa. Una mirada holística hacia fuera y toma de decisiones hacia dentro que reconozca de qué está hecha la unidad. Hasta ahora, una funcionalidad que no funciona.
En paralelo y con la mirada puesta en el regreso de la gira presidencial, el gobierno a través del ministerio de Desarrollo Productivo anunciará una “capitalización estatal de mercado”. Casi un año después, y como reverso de Vicentín, el Estado tomará el control de IMPSA, una empresa estratégica que se encontraba al borde de la quiebra. Lo del espejo es casi literal: la toma de control por el Estado se hace sin publicitar, con escasos cuestionamientos en los medios y sin conflictos judiciales con los actuales accionistas que aprobaron en asamblea la capitalización de la empresa por la cual el Estado tomará el control. Lejos del habitual panorama polarizado de la realidad argentina, el equipo que llevó adelante el proceso acordó el curso de acción con la provincia de Mendoza, donde gobierna el radical Rodolfo Suárez, que contó con el apoyo de todo el arco político provincial representado en la legislatura, con tonalidades que incluyen desde el peronismo hasta los legisladores que responden al secesionista Alfredo Cornejo. El Estado nacional aportará 15 millones de dólares por el 63% de la compañía y el mendocino, con una inversión de cinco millones de dólares, se hará cargo del 21%.
IMPSA es una de las pocas empresas argentinas verdaderamente competitivas a nivel global con un importantísimo desarrollo en turbinas hidroeléctricas para represas. Una serie de malos negocios de la familia propietaria en Brasil y una importante obra en Venezuela, donde las dificultades de cobros se explican por sí mismas, pusieron a la compañía al borde de la quiebra. La reestructuración de sus pasivos, ante estas dificultades, no hubiera sobrevivido al 2020. Un hundimiento de la empresa hubiera significado, muy posiblemente -y en el mejor de los casos-, que la misma terminara en manos extranjeras y las capacidades técnicas adquiridas por el país se echaran a perder. No sucederá. La capitalización mencionada tiene como objetivo permitirle a IMPSA recuperar condiciones para participar de grandes obras en el mercado hidroeléctrico. La competitividad de la firma a nivel internacional la hace de por sí atractiva como una empresa industrial con capacidad de exportación de proyectos, que también podría resultar en una fuente de divisas netas a nivel nacional ya que en los próximos diez años Argentina deberá renovar sus propias represas. Las obras que deberían encararse, y que IMPSA estaría en condiciones de asumir de forma competitiva, están valuadas en tres mil millones de dólares.
Los desafíos por delante son importantes, la construcción de una empresa estatal competitiva requiere una conducción técnica competente y una fuerte decisión de resistir las habituales presiones corporativas, políticas y laborales, que generalmente persiguen a la gestión del Estado. Sin embargo, el potencial es también enorme. El acuerdo con Mendoza, y la decisión de mantener al management actual, parecen apuntar en la dirección de desarrollarlo. Estará en la virtud de la fórmula la posibilidad de que la nueva empresa estatal cumpla con los objetivos.
En la oposición, por su parte, -además de estatizar empresas junto al oficialismo- están mirando de cerca las declaraciones de Jorge Macri. El intendente de Vicente López repitió tres veces en una semana que la mejor conformación electoral para JxC sería con María Eugenia Vidal en la Provincia de Buenos Aires y Patricia Bullrich en la Ciudad. La coincidencia en los apellidos facilita el análisis. Es lo mismo que quiere Mauricio. El Macri en funciones tiene otro incentivo para querer que Vidal vuelva a padecer una campaña en territorio bonaerense: evitar que Diego Santilli encabece la lista de diputados nacionales y le crezca un competidor de cara al 2023. “Si no es María Eugenia y el Colo viene para acá voy a tener que jugar”, sostiene El Primo en privado. ¿PASO en PBA? Hay dos datos que llaman la atención en el último informe de la consultora Fixer. El primero es que la disputa por la presencialidad en las escuelas entre AF y HRL impactó negativamente en la imagen de ambos. El jefe de Gobierno de CABA, aunque consolidó imagen entre los votantes duros de JxC, sufrió un desgaste en el voto blando del FdT, donde su moderación despertaba cierta simpatía. Entre abril y mayo, la imagen positiva de Larreta cayó de 45% a 41%, pero además perdió 7% entre los desencantados del FdT y 6% en el voto duro del kirchnerismo. Por otro lado, la decisión de enfrentarse al gobierno nacional sí le generó un efecto positivo en el voto blando de Juntos por el Cambio -creció del 53% al 57% su valoración positiva- y sostuvo el votante duro donde retiene el 83%.
Sin embargo, la que más sufrió entre abril y mayo fue Bullrich. La imagen de la Presidenta del PRO cayó ocho puntos porcentuales de un mes a otro. Según Fixer, por tres factores: la sobreexposición en un tono muy beligerante, su desafortunada frase en televisión sobre las Islas Malvinas y la disputa pública que tuvo con Rodríguez Larreta que, si bien, como adelantó #OffTheRecord hace dos semanas, revitalizó su relación con Macri, la intención del Calabrés de que Bullrich sea la primera candidata en la Capital genera recelos en Uspallata. “Si hay que ir a interna, vamos”, repite Larreta a sus colaboradores. Ver para creer. El jefe de Gobierno deberá apostar a la dimensión humana de los conflictos. Es el jefe político histórico de Vidal y la exgobernadora no quiere, bajo ningún aspecto, ser candidata en la Provincia de Buenos Aires. Además, un previsible y contundente triunfo de Vidal en CABA la posicionaría para suceder casi naturalmente a su mentor en el 23 y generarle una incomodidad preventiva a Martín Lousteau. Todo ganancia. ¿Iría Bullrich a una PASO con Vidal? Es una incógnita. Imaginar la lista conformada por Macri que acompañe a la exministra de Seguridad es un ejercicio lúdico recomendable: Herán Lombardi, Fernando Iglesias, Pablo Avelluto. Una invitación al diálogo.
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