Al año le queda poco más de un trimestre. En las empresas de consumo masivo creen que será difícil revertir los resultados negativos acumulados hasta ahora. Las que tienen caídas de dos dígitos en sus ventas aspiran a recuperar algo, pero no se hacen demasiada ilusión. Al Gobierno le pasa lo mismo. La gestión apunta ahora a un aterrizaje suave, con la intención de que el 2025 pueda despegar con más fuerza. No lo parece, pero la política ya empezó a trabajar con la mira en la elección legislativa de medio término. Cristina Kirchner había reclamado la semana pasada al peronismo sincerar sus errores y resetear su estrategia. Ayer volvió a pararse como referente ante el Presidente. El PRO todavía se debate de qué lado pararse, al igual que los gobernadores y legisladores dialoguistas que acompañaron al Gobierno hasta ahora. Javier Milei también entró en esta sintonía: blindó a su círculo íntimo (en particular a Santiago Caputo) y defendió a Guillermo Francos, a quien necesita para que la gestión funcione y eluda las zancadillas opositoras. El jefe de Gabinete es como un Waze de la política para el oficialismo, aunque lamentablemente no siempre le hacen caso (y se nota). Milei aceptó armar y participar en una mesa legislativa que tiene la misión de ordenar la relación con el poder que menos controla, aunque por ahora su tarea ha sido correr los conflictos desde atrás. Enhebró las voluntades necesarias para defender el veto presidencial a la ley jubilatoria y ahora deberá conseguir algo similar con la ley de financiamiento universitario. Lo ideal sería que esa mesa facilite negociaciones para que el Congreso no vote leyes contrarias a los deseos del oficialismo. Todavía no les sale.
Milei promete disparar el domingo una bala de plata, cuando anuncie los contenidos del Presupuesto 2025 en el Congreso. Parte de su discurso estará dirigido a empresarios e inversores, a quienes espera transmitir certidumbre sobre lo que viene. Será difícil que lo consiga si la herramienta a la que apelará es una ley, ya que parte de los problemas de la Argentina provienen de ignorar normas de todo tipo y color: desde la propia Constitución Nacional (que estipulaba votar una nueva coparticipación) a proyectos como el que establecía la intangibilidad de los depósitos, la sustentabilidad de la deuda o los criterios de responsabilidad fiscal.
Al Presidente lo seduce la idea de tener un esquema automático de corte de gastos, al estilo del techo de la deuda que fija el Capitolio en EE.UU. El Congreso es el único autorizado para elevar el financiamiento autorizado, y si no lo consigue, se paraliza la administración. Nota al pie: desde 1960 hasta ahora, ese tope fue elevado casi 80 veces en 64 años. Nadie es perfecto.
El Gobierno probablemente insista con dictaminar penas de prisión para los funcionarios o legisladores que autoricen emisión monetaria sin respaldo o gastos sin financiamiento. Es el argumento con el que impugna el aumento de fondos para las universidades, porque la norma votada por el Senado no dispone el origen de los fondos. Modifica el número pero no establece qué partidas reasignar. El desafío de Milei no será conseguir que una regla semejante se cumpla, sino que se apruebe sin contar con mayoría en ninguna cámara. Por eso lo que nos quedará por hacer después del domingo, será evaluar la calidad de las promesas presupuestarias, así como de las definiciones preliminares que presente sobre la política cambiaria y monetaria.
Veamos ahora las señales del semáforo.
La mesa legislativa que armó la Casa Rosada, con Javier Milei en su cabecera, llegó por lo menos un mes tarde. Hubiera sido necesaria en el arranque de la gestión, en realidad. Pero ya se sabe que el Presidente solo le dedica el 100% de su atención a todo lo que tiene números. Bastó que el Congreso alterara su objetivo máximo (el superávit fiscal) para que asumiera que era una tarea a la que tenía que ponerle foco, como le reclamaban Mauricio Macri y sus aliados. Su tarea hubiera sido por demás efectiva si hubiese impedido que los legisladores voten la ley jubilatoria y la ley de financiamiento universitario. Su funcionamiento, no obstante, le permitió defender el veto al primero de los proyectos. No es poco: aunque para el 2024 el impacto fiscal de la norma era de 0,4% del PBI (lo que limaba sensiblemente el superávit), su vigencia reabría dudas en el frente fiscal. La caída de la recaudación de agosto y la reducción del impuesto PAIS le ponían presión al fisco. Ahora tendrá que mostrar si esa eficacia (que le permitió transformar en rebeles a cinco diputados radicales) funciona con la norma educativa. La pulseada será más difícil en ese campo, porque el radicalismo y el kirchnerismo (primera y segunda fuerza en la federación estudiantil universitaria porteña) están tentados con repetir una marcha como la de abril pasado, para mantener movilizadas a sus militantes y empezar a jugar fichas en sus respectivas internas de cara a 2025. Si el Gobierno quiere evitar ese desenlace, en los próximos diez días debería instalar el debate sobre los gastos de las universidades y las auditorías nunca concretadas. Los funcionarios de la cartera educativa aseguran que los gastos de funcionamiento de las casas de estudio están garantizados y que la UBA recibe fondos extras (al día) para el Hospital de Clínicas.
Curiosamente, la ley más relevante en términos institucionales fue de la que menos se habló: la habilitación de la Boleta Única de Papel (BUP) en el ámbito nacional. La norma impone un cambio inédito en el sistema de votación que neutraliza varias vías de fraude. El Senado le introdujo cambios y regresó a Diputados, pero con buenas perspectivas de que sea sancionada en el actual período ordinario (vale recordar en este punto que no se pueden modificar las leyes electorales en los años electorales).
¿La inflación fue una buena noticia para el Gobierno? Sí, la de Estados Unidos, porque su ritmo anticipa una decisión inminente de la Reserva Federal a favor de un recorte de la tasa de interés. El manual inversor recoge como dato cierto que la baja de los retornos en los mercados desarrollados impulsa a los emergentes. El Merval en niveles récord anticipa y refuerza esa tendencia.
Si hubo una noticia que le dio una sonrisa al Presidente desde temprano fue la palabra de la portavoz del Fondo, Julie Koszack, avisando que el chileno Rodrigo Valdés se corría de la negociación con la Argentina. El economista había sido cuestionado en reiteradas oportunidades por Milei, quien aseguraba que por una preferencia ideológica había hecho la vista gorda con Sergio Massa y bloqueaba varias de las decisiones que impulsaba el equipo económico. Valdés, director del Departamento Hemisferio Occidental, delegó la supervisión en el número dos, el venezolano Luis Cubeddu, pero no dejó su puesto. Seguirá siendo consultado por el directorio, como lo demostró ayer la catarata de elogios que le dispensó Kristalina Georgieva.
Agosto fue uno de esos meses en los que los consultores no quisieron quedar atrás del cálculo oficial de inflación, y apostaron por variaciones menores a 4%. El resultado final, un promedio de 4,2%, reflejó una decisión no esperada de parte del Gobierno: luego de meses de priorizar el sendero descendente de los precios, el mes anterior hubo un ajuste de tarifas mayor al esperado, destinado a recortar los subsidios que pone el Estado. Dicho en otras palabras, el cuidado del frente fiscal le ganó a la desinflación.
El análisis demuestra que hay dos ritmos diferenciados: en los últimos tres meses, los bienes aumentaron a un promedio de 3,7%, y los servicios, a 7,2%.
A los aumentos en electricidad y gas de agosto, se le sumaron educación y transporte, que tuvieron subas de 6,6% y 5,1%, respectivamente.
El Gobierno aplicó una baja del impuesto PAIS, esperando que tenga un impacto en los precios. Los consultores estiman que podría recortar 0,7%, en términos generales, aunque recuerdan que es un efecto que se sentirá un solo mes.
Ahora, si el frente fiscal se resiente por otras decisiones, el equipo económico estará forzado a optar: los caminos son defender el superávit o la desinflación.
Los gremios aeronáuticos están en un callejón de difícil salida, porque las condiciones que pueden facilitar una salida negociada al conflicto no están sobre la mesa. Las asambleas que paralizaban la operatoria de las terminales aéreas eran una medida cuestionable, pero el paro de 24 horas que obligó a cancelar 320 vuelos y afectó a 37.000 pasajeros cruzó una línea de la que será difícil retornar.
Los pilotos son la última incorporación al elenco de “la casta”. Los privilegios que obtuvieron a través de paritarias gestionadas por un Estado que no reparaba en los niveles de déficit fiscal, son difíciles de defender ante una población que solo quiere que su aerolínea de bandera funcione. La política, a través del Congreso, excluyó a la aérea estatal de la lista de privatizaciones. Pero a esos mismos políticos les costará sostener esa decisión si en sus provincias se empieza a sentir con más fuerza el perjuicio del conflicto aeronáutico. Intercargo, la empresa estatal que gestiona el servicio de rampas, ya está en la lista de empresas a concesionar. Podría ser fusionada con Aerohanding, otra firma estatal que sirve solo a Aerolíneas.
Ayer, en los carteles de las terminales aéreas, se leían mensajes de la Secretaría de Transporte con leyendas tales como “los gremios aeronáuticos te impiden volar mientras reclaman asientos en clase ejecutiva”.
Pablo Biró, directivo de APLA (el sindicato de los pilotos) fue excluido del directorio de Aerolíneas. Y ayer el Ejecutivo firmó un DNU que declara como “esencial” al transporte aerocomercial, disponiendo la obligación de prestar servicios mínimos. La pelea está lejos de terminar.
El Cronista