La AGN aprobó, con el voto oficialista, un documento que cuestiona a Luis Caputo, Luis María Blaquier y operaciones con Mindlin y Clarín.

Tres días después de laaplastante victoria electoral del Frente de Todos, la Auditoría General de la Nación (AGN), organismo de contralor del Poder Legislativo que siempre está liderado por la oposición aunque con presencia oficialista, aprobó este miércoles por unanimidad un duro informe que cuestiona el manejo del fondo donde el Estado invierte la plata para las futuras jubilaciones.

El documento de la AGN critica la gestión del Fondo de Garantía de Sustentabilidad (FGS) de la Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) en 2016, primer año del gobierno de Mauricio Macri, por cuestiones que ya fueron judicializadas como las colocaciones en fondos comunes de inversión (FCI), los presuntos conflictos de interés y la venta de acciones de Petrobras a Pampa Energía, el grupo de Marcelo Mindlin, empresario que al año siguiente compró la constructora del primo del Presidente, Angelo Calcaterra.

La AGN, que preside el peronista Oscar Lamberto y que tiene otros seis auditores generales -entre ellos, el kirchnerista Juan Ignacio Forlón y el radical Jesús Rodríguez-, observó que “los fondos Axis Ahorro Plus -que había pertenecido a Luis Caputo hasta que se desligó de él al asumir en el Gobierno en 2015-, Gainvest Renta Fija, Megainver Renta Fija y Superfondo Equilibrado B estaban integrados en más de un 99% por títulos públicos que en su mayoría correspondía a Letras del Banco Central (Lebac) y que el FGS tenía una participación significativa en el patrimonio neto de cada uno de ellos, en algunos casos siendo el único cuotapartista”.

“Dicha inversión no sólo genera comisiones que podrían haberse evitado al invertir en forma directa con el Banco Central sino que además restringe la liquidez otorgada por los FCI“, advierte el documento.

“Adicionalmente, cabe mencionar que el (entonces) secretario de Finanzas, integrante del Comité Ejecutivo (del FGS), se desempeñó como presidente de la sociedad gerente del fondo Axis hasta septiembre de 2015, y no se ha obtenido evidencia acerca de una comunicación en la cual se aclare dicha circunstancia, lo que se interpretaría como un conflicto de intereses incumpliendo el artículo 13 y 15 de la Ley 25.188 de ética en el ejercicio de la función pública y los principios de seguridad y rentabilidad de las inversiones con activos del FGS”, señala la AGN, de la que también participan María Graciela de la Rosa, Francisco Fernández, Alejandro Nieva y Gabriel Mihura Estrada. La causa judicial contra Caputo por estas operaciones quedó en la nada. Lo mismo sucedió con que lo investigaba por Petrobras. 

El documento se refiere a la venta de acciones minoritarias que el FGS tenía en la filial argentina de la petrolera brasileña a Pampa. Esta operación se selló después de que Petrobras vendiera la mayoría de su subsidiaria al grupo de Mindlin, que pasó así a controlarla por completo.

“Entre las justificaciones del FGS para aceptar la oferta (de Pampa) en efectivo, menciona la necesidad de liquidez en el corto plazo para afrontar el financiamiento del programa de Reparación Histórica (aumento de las jubilaciones más altas), habiéndose constatado que a la fecha no se ha utilizado el FGS para el pago de dicho programa”, advierte la AGN, y agregó: “No se tomó conocimiento de la existencia de un cálculo de flujo de fondos del FGS que justifique la necesidad de liquidez, ni de un orden de prioridad de realización de activos que avale la decisión de disminuir la tenencia de acciones”.

La Auditoría también cuestionó que el fondo de la ANSES suscribiera deuda de Cablevisión, del Grupo Clarín, y Arcor, la empresa que preside Luis Pagani. El organismo sostiene que la decisión “fue firmada entre otros, por el (entonces) subdirector de operación del FGS”, Luis María Blaquier, que había desempeñado “cargos directivos en ambas empresas hasta diciembre de 2015, momento en el cual renunció para cumplir con sus funciones” en la ANSES. “No se ha obtenido evidencia acerca de una comunicación en la cual se aclare dicha circunstancia que se interpretaría como un conflicto de intereses”, según la ley de ética pública y los principios del FGS, según la AGN.

NOTICIAS consultó a la ANSES sobre el informe, pero a la hora del cierre de este artículo aún no había obtenido respuestas. Caputo sí respondió: “La Justicia ya se expidió bien a mi favor por este tema”.

(De Revista Noticias)