Detrás de la foto de Posse y Francos con los gobernadores subyacen diferencias centrales sobre cómo mejorar los recursos de las provincias. La tensión por Ganancias. La Rosada no ofrece muchas opciones. El presidente vuelve a la carga con las privatizaciones y apuesta a un consenso antes de mandar la norma al recinto.
Nicolás Posse y Guillermo Francos le informaron al presidente casi en tiempo real el desarrollo de la reunión de cuatro horas que mantuvieron el viernes con los gobernadores y vicegobernadoras de las 24 provincias. El jefe de Gabinete y el ministro del Interior fueron los encargados de atajar las principales incógnitas que tenían los invitados desde que escucharon el discurso de apertura que ofreció Javier Milei ante la Asamblea Legislativa el 1 de marzo. Los mandatarios están dispuestos a reabrir las negociaciones, pero se fueron con las manos vacías, con la certeza de que no les devolverán nada de los fondos que les quitaron y sin saber si esta vez el Gobierno podrá corregir los errores en la negociación de la batalla legislativa pasada, antes del naufragio de la Ley ómnibus en febrero.
Ninguno de los invitados se sorprendió cuando los ministros confirmaron el interés de reinstalar la cuarta categoría del Impuesto a las Ganancias como parte de los gestos que reclama Milei para llegar al pacto de mayo que quiere firmar en Córdoba dentro de 75 días. El Ejecutivo pretende volver a gravar a los asalariados que más cobran para incrementar la masa coparticipable y atender una parte de los reclamos provinciales. Los patagónicos no quieren y no son los únicos. Tampoco está de acuerdo el cordobés Martín Llaryora que, si todo llega a buen puerto, será el encargado de recibirlos en su provincia para sellar el acuerdo que les propuso el presidente, pero a cambio de que aprueben la Ley ómnibus. Los mandatarios no quieren que los corran con esa exigencia, pero esta vez la oferta de Posse y Francos no les cayó tan mal porque despejaron tres incertezas perturbadoras.
Cuatro horas después de escuchar a los anfitriones, los invitados salieron de Balcarce 50 con la seguridad de que no volverán a encontrarse con el texto original del proyecto de ley que tenía 686 artículos. En su lugar tendrá 190, con diez capítulos. En su armado no tendrá la derogación de la ley de movilidad jubilatoria con poderes para que el Ejecutivo defina el porcentaje de aumento sino que existe una iniciativa de Economía para aplicar el Indice de Precios al Consumidor a partir de abril, con un 10% adicional para afrontar los meses del famoso empalme, es decir, la compensación por enero, febrero y marzo, los meses de mayor inflación y peor caída del poder adquisitivo de los jubilados. Con diferencias, el texto se parece a la propuesta que presentó la diputada del PRO, María Eugenia Vidal, para aplicar el índice inflacionario pero agregarle en marzo un adicional del 30% de la variación de la Remuneración Imponible Promedio de los Trabajadores Estables (RIPTE). La exgobernadora presentó la propuesta esta semana, en la misma jornada que los integrantes del bloque Hacemos Coalición Federal firmaron un pedido de sesión especial para el miércoles próximo con la idea de forzar el tratamiento de un proyecto de la Coalición Cívica que busca aplicar el índice inflacionario mensual, pero también sumar votos opositores para marcarle la cancha al Ejecuivo.
Todos los bloques legislativos en el Congreso aguardaban los resultados de la reunión del viernes para saber cómo transcurrirá el pulso de las dos Cámaras: además de la sesión que el bloque de Miguel Pichetto quiere forzar en Diputados, también seguirá en el Senado el debate dentro de la comisión bicameral de Trámite Legislativo para analizar el DNU 70/23, firmado por Milei el 20 de diciembre, cuando recibió a los gobernadores por primera vez. En este segundo round no estuvo, pero sus dos ministros aportaron algunas señales que, al menos, no acelerarán los tiempos en el Senado contra el DNU y podrían atemperar las sesiones especiales que planifica la oposición autopercibida dialoguista para sumar fuerzas y frenar al Gobierno en caso de que todo empeore.
Sin el debate previsional metido en el nuevo proyecto, los gobernadores también respiraron con cierto alivio cuando constataron que el Ejecutivo tampoco meterá un aumento a las retenciones. Fue la primera advertencia que habían planteado los representantes de las provincias agroexportadoras y que había abroquelado a casi todos los bloques legislativos en contra de esa posibilidad, salvo el bloque del PRO, conducido por Cristian Ritondo, que llegó a desoir el pedido de los gobernadores de su propio partido. También quedó afuera la pretensión de impulsar una reforma electoral y mucho menos de quitarle los aportes estatales y los topes de privados a los partidos políticos. Milei no lo va a resignar, pero esta vez no lo pondrá sobre la mesa porque ya comprobó que fue, junto con las retenciones y el aumento jubilatorio, dos de los peores obstáculos que tuvo la versión anterior de la ley.
No fueron los únicos. Sin embargo, la reducción a 190 artículos no implica que el Ejecutivo no incluirá nuevos pedidos de facultades extraordinarias del Congreso. Por el contrario, regresará con superpoderes fiscales, económicos y energéticos por un año, a renovar por otro más con acuerdo del Congreso. Se sumará otro eje que estuvo a punto de llegar a ser votado en particular en el último tratamiento de la Ley ómnibus, pero quedó en veremos porque el oficialismo devolvió el texto a comisión luego de ver cómo habían caído los artículos anteriores. El próximo proyecto incluirá un ambicioso capítulo de privatizaciones. El Ejecuivo quiere privatizar todas las empresas públicas y a lo sumo está abierto a debatir la posibilidad de que algunas sigan con mayoría del Estado, pero con participación privada en las acciones. De esos paquetes de venta, sólo YPF quedaría sin el cartel de remate.
De acuerdo al punteo que se llevaron los gobernadores, la nueva versión de la Ley ómnibus incluirá nuevamente una moratoria impositiva con beneficios para los cumplidores, un régimen de transparencia fiscal, la ley de ingresos personales para modificar Ganancias, los cambios que había negociado con las provincias para las exportaciones hidrocarburíferos, un programa de promoción del empleo registrado y el Régimen de Incentivo para las Grandes Inversiones (RIGI). La propuesta incluye un capítulo productivo que estaría directamente orientado a las economias regionales y al aparato industrial, posiblemente el mayor ausente de la versión anterior y uno de los reclamos más reiterados de las provincias.
En términos generales se trata de una versión pulida del capítulo fiscal que el ministro de Economía, Luis Caputo, decidió quitar de la negociación legislativa cuando confirmó que la negociación del proyecto anterior se había estancado. Ya en ese momento había quedado claro que sin concesiones del Ejecutivo todo el proyecto iba a encallar en el recinto. Las advertencias no fueron escuchadas y finalmente sucedió el estrépito de la primera derrota legislativa para el Gobierno. Luego del anuncio que hizo el presidente ante la Asamblea Legislativa, la reaparición de los temas económicos e impositivos durante este viernes no es otra cosa que el arranque de una mesa de intercambio para redactar un nuevo pacto fiscal entre la Nación y las provincias que finalmente plasme la oferta que deslizó Milei en el Congreso, cuando mencionó las palabras «alivio fiscal» por única vez en todo su discurso.
El nuevo proyecto de ley no ingresará pronto al Congreso porque esta vez el Gobierno tomará un nuevo recaudo. «La idea es que la discusión no suceda ya mismo en Diputados sino que primero haya una discusión previa con las provincias y cuando lleguemos a una coincidencia, recién mandar el nuevo proyecto», detallaron en la Casa Rosada para decir en otras palabras que tejerán un nuevo pacto fiscal.
Habrá reuniones técnicas entre Hacienda y los ministros de economía de las 24 provincias, el mismo elenco que negoció los pactos fiscales anteriores.
El tema de fondo pasa por los fondos coparticipables y el margen que tengan las provincias para reducir impuestos. Por eso el nuevo borrador incluye presuntos cambios al monotributo y propuestas de reducción de los ingresos brutos provinciales. Ahí radica la parte más sensible de la sábana corta: si la Nación no amplía la masa de impuestos coparticipables las provincias no tendrán margen para achicar sus impuestos. Es la misma ecuación que le tocó afrontar a Mauricio Macri cuando negoció el último pacto fiscal de su mandato.
Ese antecedente sugiere que este viernes comenzó la exploración de un nuevo pacto fiscal que desde esta semana será analizado con los ministros provinciales. Será el tramo fino de una negociación que buscará sacar del Congreso los tramos más espinosos que derivaron en la caída del proyecto. No hay entusiasmo entre los gobernadores. Ninguno de ellos pertenece a La Libertad Avanza y todos regresaron a sus terruños con un sabor amargo. Saben que no les devolverán el Fondo Nacional del Incentivo Docente, tampoco el Compensador Salarial que permitía equiparar las remuneraciones docentes en diez provincias y mucho menos los subsidios al transporte público que les quitaron. De las partidas discrecionales de la Nación a las provincias tampoco habrá novedades y mucho menos de los fondos para la obra pública.
El Gobierno no hizo ninguna concesión sobre las medidas aplicadas en la primera etapa del shock de ajuste, a lo sumo ofrece cambios a futuro para la negociación que se viene. Fue la primera aproximación del segundo round y no aparecieron precisiones sobre el tema de fondo: cómo ampliar la coparticipación a las provincias.
Los gobernadores prefieren terminar con las partidas discrecionales y los demás fondos especiales a cambio de ampliar los impuestos coparticipables. Hasta que no llegue ese momento no se sabrá si habrá pacto para el 25 de mayo. El rionegrino Alberto Weretilneck resumió este sábado la impresión que se llevaron sus colegas de todas las latitudes. «Ahora depende del texto fino de la Ley y de la muñeca negociadora del gobierno porque son poco proclives a recibir propuestas de los otros. Tienen un sezgo autoritario muy importante. No tienen esa praxis de sentarse a dialogar y aceptar modificaciones», diagnosticó.
El presidente no tuvo tiempo para valorar la reapertura de las negociaciones. Transita el fin de semana atormentado por la filtración de su aumento salarial y el de sus ministros. Intentó hacer la vista gorda y dejarlo debajo de la alfombra. El error opacó el entusiasmo que el viernes había en la Rosada. Desnudó la sobreactuación cometida con el Congreso esta semana, cuando también se conocieron los aumentos de las dietas y Milei ordenó dar marcha atrás.
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