El conflicto salarial en la provincia lleva semanas. Docentes, enfermeros y trabajadores estatales reclaman una recomposición acorde a la inflación y un salario que cubra la canasta básica familiar.
Las protestas se multiplican, pero no ocupan portadas ni abren noticieros. El reclamo existe en las calles, pero no en la agenda de los grandes medios.
En un contexto donde la pauta oficial es determinante para la sustentabilidad de muchas empresas periodísticas, el vínculo con el poder político condiciona coberturas. El gobierno de Maximiliano Pullaro administra recursos que influyen, directa o indirectamente, en esa relación. Y cuando la dependencia económica pesa, el silencio suele imponerse.
Pero invisibilizar no desactiva el conflicto. Solo lo corre de la pantalla. Y cuando el periodismo decide no mostrar el reclamo social, también está tomando partido.
Porque cuando las cámaras se apagan y los titulares miran hacia otro lado, no se apaga el malestar, se profundiza la distancia entre los medios y la sociedad que dicen representar.
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