Estas dos fuentes de ingresos tributarios no estaban previstas en el Presupuesto 2021 y aportarán ese monto a las cuentas públicas, en un contexto de fragilidad fiscal y exigencias al alza para el gasto a partir de la segunda ola de coronavirus.
El brote de la segunda ola del coronavirus exige una mayor erogación de gasto en asistencia por parte del Gobierno que lo que tenía previsto en el Presupuesto, pero por el lado de los ingresos también aparecieron fuentes de recaudación que no figuraban en las proyecciones oficiales, como son el impuesto a la riqueza y la suba de los precios internacionales de las commodities del agro vía derechos de exportación.
Se trata de una inyección de ingresos por casi $ 400.000 millones, casi 1% del PBI, a las arcas públicas, que permitirán compensar fiscalmente, al menos en parte, el incremento de las partidas que significan las asistencias por Covid, la postergación del aumento de tarifas que exigen más subsidios económicos y un financiamiento neto en el mercado deuda que crece a un menor ritmo que el previsto.
Según la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP), el impuesto a la riqueza recaudó cerca de $ 223.000 millones, con el cumplimiento de cerca del 80% de los sujetos alcanzados. Según el oficialismo, se cobraría por única vez, aunque los analistas son escépticos, y tiene fines determinados: un 20% se dirigirá a política sanitaria; 20%, a subsidiar pymes para “preservar puestos de trabajo”; 20%, a inyectar recursos en las “becas Progresar”; 15%, apoyar el “desarrollo de barrios populares”, y 25%, para “inversión energética”.
Si bien el impuesto a la riqueza se venía tratando en el Congreso desde antes del Presupuesto, su impacto no fue incluido en las proyecciones del equipo económico que encabeza Martín Guzmán, al igual que la percepción del 35% del impuesto a las Ganancias en las operaciones alcanzadas por el impuesto PAIS.
En tanto, el alza que en los últimos meses experimentaron los productos agrícolas que exporta Argentina permitiría reunir a través de retenciones entre $ 150.000 millones y $ 180.000 millones adicionales a lo previsto, según Ecolatina, además de la dotación de dólares para el mercado cambiario.
Desde la sanción del Presupuesto, el precio de la soja trepó casi un 50%, una suba inesperada que representa un nuevo guiño del frente externo al kirchnerismo, en un contexto de severa fragilidad fiscal y monetaria.
Para la percepción del Gobierno, estos ingresos adicionales habilitaron cierto margen de maniobra para postergar los ajustes tarifarios para no golpear el consumo en un año electoral y retrasar el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI) para después de los comicios con el fin de no comprometerse a adoptar reformas que puedan ser impopulares en el corto plazo.
De esta manera, serían casi $ 400.000 millones, cerca de 1% del PBI, que el Presupuesto no tenía en cuenta. Igual los analistas no ajustan sus previsiones de déficit fiscal primario para este año, debido a los gastos que se gestan a partir de una prolongación de la asistencia por Covid que no estaba presupuestada, una menor recaudación por el impacto sobre la actividad de las restricciones por la segunda ola de la pandemia y la mencionada acumulación de subsidios por mantener las tarifas congeladas.
Por ello los especialistas relativizan las probabilidades del cumplimiento de las metas del Presupuesto, teniendo en cuenta que la inflación prevista por el equipo económico para todo el año es de 29% y solo en los primeros cuatro meses ya habría superado cómodamente el 20%.
“Hoy no sabemos si se van a cumplir las proyecciones fiscales del Presupuesto. La recaudación va a sufrir por las restricciones por la segunda ola y el gasto algo va a subir. Hay que ver cuánto compensan otros factores como los mayores precios, pero también en parte está compensado por una cosecha peor que la que preveía el Presupuesto. El ajuste de tarifas es menor, porque la inflación se aceleró y las tarifas van a correr más de atrás”, explicó Gabriel Caamaño, de Consultora Ledesma, a El Cronista.
Como referencia, el año pasado se gastaron $ 971.000 millones en asistencia por el impacto de la pandemia y la adopción de una cuarentena de más de 200 días para contenerla, lo que generó una crisis económica enorme sobre la actividad, el empleo, los salarios y la pobreza.
Si bien el déficit fiscal primario de 2020 terminó siendo de dos puntos menos del PBI que el previsto en el Presupuesto, el equipo económico prefirió no bajar las metas fiscales de 2021 para tener el margen de ampliar las partidas paliativas en caso de una segunda ola.
Para este año, en el Presupuesto se preveía gastar apenas la décima parte, unos $ 94.500 millones, pero en el primer trimestre se elevó el monto autorizado a $ 165.000 millones y en las próximas semanas ya se habrá consumido la mitad.
Se superará la mitad de se umbral con los desembolsos del bono de $ 15.000 a beneficiarios de AUH y monotributistas A y B y el bono a los empleados sanitarios, con lo que seguramente los gastos con esta finalidad crecerán durante el año.
En ese sentido también toma relevancia la fuente de financiamiento del déficit fiscal, que en su totalidad, incluyendo el componente financiero, requerirá necesidades financieras por $ 900.000 millones para evitar una emisión monetaria superior a 3,2% del PBI. Si bien el acumulamiento del déficit no es uniforme a lo largo del año, los economistas coinciden que el haber conseguido en el primer tercio del año la sexta parte de los fondos que pretende muestra cierta lejanía entre la realidad y la meta.
“El ratio promedio mensual a comienzos de año de colocación sobre los vencimientos de deuda en el Presupuesto era de 122% a comienzos de año, pero con los resultados del primer cuatrimestre el promedio requerido ascendió a 160% para lo que resta de 2021 y para cumplir con la meta”, señaló Juan Ignacio Paolicchi, de Empiria.
Naturalmente, cada peso del déficit fiscal que no se pueda cubrir con nueva deuda en el mercado doméstico requerirá ser provisto a través de emisión monetaria, lo que acumulará mayores desequilibrios y sumará presión a la inflación que no parece tener freno.
El Cronista