Plantea integrar el 80% de la economía informal en 3 a 5 años, lo que podría representar un ingreso fiscal de US$ 100.000 millones para la economía argentina. La propuesta es de un economista de la Asociación Cristiana de Dirigentes de Empresa y fue presentada durante un seminario organizado por la UCA.

La mitad de los argentinos trabaja informalmente. Las cifras son de la última encuesta del Observatorio de la Deuda Social de la UCA. Y el costo para la economía argentina es equivalente al 16% del PBI. A eso hay que sumarle el alto costo social que implica tener a más de 6 millones de argentinos trabajando en el mercado no registrado. Es una de las conclusiones de un informe que presentó el economista Juan José Ezama en un seminario sobre inclusión social y laboral en Argentina que organizó la UCA la semana pasada.

Hay consenso entre los economistas que la informalidad laboral aplasta la productividad, fragmenta el aparato productivo, refuerza la desigualdad y genera marginalidad y pobreza.

Los trabajadores informales generalmente tienen empleos de mala calidad, salarios bajos, largas jornadas de trabajo, falta de acceso a oportunidades de capacitación, dificultades para acceder al sistema judicial y al sistema de protección social, incluyendo la protección para la seguridad y salud en el trabajo. Estas condiciones ubican en una situación de vulnerabilidad económica y laboral tanto a los propios trabajadores como a sus familias.

En 2018, el ingreso medio mensual de los trabajadores informales fue de $ 10.283 pesos, un 41% menor que el ingreso promedio mensual del total de los ocupados. El de los ocupados del sector privado formal fue de $ 24.985 y el del sector público fue de $ 22.987.

La propuesta de Ezama, que es parte del Consejo de Economistas de la Asociación Cristiana de Dirigentes de Empresa (ACDE), tiene como objetivo integrar el 80% de la economía informal en entre 3 y 5 años. Hace hincapié en que hay que formalizar las empresas ante que formalizar el empleo. Y estima que a largo plazo habría una mejora de la solvencia fiscal del Estado argentino equivalente al US$ 100.000 millones, o 16,4% del PBI.

El diagnóstico. El informe de Ezama dice que la pregunta más importante que hay que hacer es cómo quebrar la inercia de los últimos 50 años en que la pobreza y la informalidad viene aumentando. Señala que la Argentina tiene un marco institucional que no ayuda. Al contrario, empuja esa inercia.

El economista afirma que el régimen tributario no está alineado con la capacidad que tienen las pymes de pagar. Eso las obliga a irse a la informalidad y se instalan en un proceso de supervivencia hasta que mueren.

“Una pyme, una vez que sale de la formalidad, es muy difícil que vuelva a la economía formal y es por eso que la prioridad tiene que ser formalizar la empresa antes que formalizar el trabajo”, dijo Ezama en su presentación.

Explica que la economía argentina tiene 4 marchas y que opera en un sistema productivo fragmentado

Marcha 1: una economía integrada al mundo, competitiva y con acceso agil a la innovación.

• Ahí trabajan los profesionales altamente calificados, con remuneraciones y servicios sociales plenos. Representan tan solo el 1,8% de los empleadores del sector privado.

Marcha 2 y 3: En ese espacio operan empresas enfocadas al mercado doméstico/local con acceso limitado a la innovación. Las empresas tienen dificultades para progresar y existe una informalidad media a sustantiva. Representan el 43% de los empleadores del sector privado

• Emplean trabajadores con calificacion laboral y movilidad media/baja. Las remuneraciones son entre razonables y bajas. Las prestaciones de servicios sociales son sub estandar y los trabajaores tienen progreso limitado. Algunos reciben ingresos irregulares. Hay un alto nivel de informalidad y los sueldos son bajos. En su mayoría son autónomos y monotributistas. Un 3% son empleadas en casas particulares.

Marcha 4: son empresas enfocadas al mercado “parroquial” y sin acceso a Innovación. Existe una creciente marginalidad y obsolescencia. Viven en un estado donde la prioridad es la supervivencia.

•  Los trabajadores ahí no son registrados y no tienen acceso a servicios sociales (Obra Social, Jubilación, ART). Tienen bajas calificaciones y sin posibilidad de mejorar sus habilidades.

Cómo frenar la inercia. El informe recomienda un enfoque sistémico e integral. Eso significa implementar medidas multifuncionales/multi-agencia en forma simultánea y consistente.

Define varias medidas de acción necesarias para romper con los mecanismos que llevan a empeorar la situación social:

• Un reordenamiento del sistema legal y operacional para simplificar y reducir la cantidad de regulaciones vigentes. Incluye cambios laborales, previsionales y fiscales.
• Crear régimen para trabajadores autónomos y consolidar autónomos y monotributistas con beneficios sociales (obra social, jubilación, ART, etcétera).
• Mejorar el acceso al crédito para las pymes, bajar el costo financiero y los costos de transacción financiera. Recomienda integrar monederos electrónicos como Mercado Pago o Ualá al sistema de pagos (COELSA sin peajes) eliminando obstáculos operativo. Eso requiere una estrategia para procurar la inclusión financiera, con un mejor aprovechamiento de los medios electrónicos.
• Una reforma que deje a las empresas con una carga fiscal que sea acorde con su capacidad tributaria. En especial, recomienda crear un régimen rspecial para las Pymes diferenciado del régimen general.
• Brindar servicios gubernamentales en educación financiera, fiscal y laboral. Apoyar con incentivos tributarios la capacitación laboral de personas.

El economista de la ACDE dice que estas propuestas, para ser efectivas, tienen que ser acompañadas por una acción efectiva del Estado que sea consistente e integral. El resultado a mediano y largo plazo sería costos de producción menores y una baja en la judicialización del mercado laboral. A eso se sumarían los incentivos fiscales para formalizarse y mejoras a la empleabilidad y la calificación laboral.

(De Redacción)