“No entiendo, ¿hay que avisar que Clarín, La Nación y Macri son enemigos? ¿No leen los diarios? ¿O el Boletín Oficial?” La irritabilidad libertaria a fin de la semana pasada ante un interlocutor ocasional hacía referencia a la negativa, previamente anticipada, de Cristina Kirchner sobre el pliego de Ariel Lijo para la Corte Suprema. Según el entorno de Javier Milei, “ella (por CFK) no quería que saliera Ariel en extraordinarias para que lo tengamos que tratar en ordinarias con el pliego de Mansilla”. Es por eso que el Gobierno evalúa seriamente, entre hoy y mañana, nombrar por decreto a los candidatos anunciados para el máximo tribunal. Lijo, en caso de confirmarse, ya tiene decidido pedir licencia en su juzgado.
Mientras tanto, una encuesta de Aresco realizada cuatro días después del criptoescándalo -entre martes y miércoles- arrojó resultados diversos para el Gobierno. En imagen mantiene un apoyo del 54% -contando “positiva” más “regular positiva”- y sostiene un rígido de 30%. Sin embargo, también tiene un impermeable 32.8% en contra y hay un 26.7% que “mientras haya estabilidad económica acepta lo que no le gusta de Milei”. Una obviedad, con nombre y apellido: si se dispara el dólar, no vale nada la batalla cultural. En relación a $Libra, las respuestas entre los votantes duros y blandos del Gobierno oscilaban. Los convencidos sostienen que “fue un error que cometió el presidente, pero sin intención de cometer un delito”. En el caso de los esperanzados, el estudio revela que “la mayor parte considera no tener el conocimiento suficiente sobre el tema para evaluarlo (evaden dar respuesta para proteger al presidente)”.
Sobre las posibles consecuencias judiciales, en el entorno de Milei se aferran a algo que se anoticiaron en la Conferencia Política de Acción Conservadora (CPAC): la iniciativa MiamiCoin, lanzada en 2021 y promovida por el alcalde de la ciudad, Francis Suárez. Para 2023, MiamiCoin había perdido todo su valor y el 95% de los inversores en el token acumulaban cuantiosas pérdidas. En cuanto al destino de Suárez, continúa su mandato como alcalde reelecto de Miami, una ciudad donde en noviembre último se impuso por primera vez Donald Trump como presidente. Entre MiamiCoin y $Libra, sin embargo, conviene señalar alguna diferencia. La pérdida de valor que en Miami tomó más de un año, en Buenos Aires se pulverizó en un par de horas. En el viaje previo al mencionado -que hicieron los hermanos Santiago y Francisco Caputo junto con Manuel Vidal, la Eminencia Gris-, la agenda fue clara: eventos conexos a la asunción de Trump, reuniones con los dueños del CPAC y asistencia al cocktail de James David Vance. El nexo con todo el mundo republicano es Leonardo Scatturice, un experto argentino en materia de seguridad, inteligencia y telecomunicaciones, dueño de una multinacional de tecnología que es partner de Cisco.
Uno de los encuentros más relevantes de Vidal y los Caputo fue con Barry Bennett, un estratega político de largo recorrido en Washington, con más de 40 años de experiencia en campañas presidenciales tanto en Estados Unidos como en el extranjero. Fue el arquitecto de la estrategia de delegados que aseguró la nominación de Trump en 2016 y previamente dirigió la campaña de Ben Carson, un candidato sin reconocimiento que, gracias a su desempeño en la primaria republicana, terminó como finalista y luego integró el gabinete como secretario de Vivienda. Antes, había dirigido las campañas al Senado de Rob Portman y del congresista Jean Schmidt. Fundador de la consultora Avenue Strategies, trabajó en el diseño de campañas electorales en países como el Congo, Kazajistán, Francia y Colombia. Republicano, fundador de Alliance for America con Dick Cheney, trabajó con dirigentes de ambos partidos a lo largo de su carrera en Washington. Su vínculo con el poder no se limita a su propia trayectoria: su esposa fue la asistente privada de George W. Bush durante sus ocho años en la Casa Blanca: era la única persona encargada de manejar su agenda pública y privada.
Unas semanas después, en un momento en que aparecía cercado discursivamente por el escándalo generado por $Libra y se multiplicaban las especulaciones sobre las posibles consecuencias legales que podría enfrentar en los Estados Unidos, Milei viajó al país que gobierna su amigo Trump en busca de una dosis de oxígeno político, que obtuvo incluso por encima de las expectativas. El respaldo político que se llevó de su par norteamericano fue contundente al más alto nivel, tanto en la foto con el propio Trump -difundida primero por la Casa Blanca- como en las menciones del propio presidente estadounidense en su discurso en el CPAC, donde resaltó las afinidades con su par argentino y lo felicitó por los logros de su gestión.
El apoyo excedió la ya larga afinidad con Elon Musk, que, aún sin un cargo formal, es hoy el principal funcionario del gobierno republicano y que se fotografió -primero en privado y luego en el escenario- con una motosierra con el eslogan mileísta: “Viva la libertad, carajo!”. Si alguien esperaba que los respaldos políticos externos se diluyeran por la presunta estafa local, aquello de momento no sucedió. En el Gobierno aseguran que habrá una audiencia con Trump en la Casa Blanca en los próximos 60 días.
La cercanía con el presidente estadounidense también podría operar en favor de Milei en el terreno de las posibles consecuencias judiciales y administrativas derivadas de la difusión del token destinado a “fondear a las empresas argentinas”. El republicano está liderando un intento inédito de politización de diversos actores estatales con independencia funcional, como parte de un esfuerzo de politización del Estado cuya cara visible es Musk, pero cuyos arquitectos se encuentran en la Heritage Foundation y el llamado Proyecto 2025. Esta politización tuvo manifestaciones diversas y en más de una agencia. La SEC, encargada de la regulación del sector financiero, decidió terminar un caso elaborado durante años contra Coinbase -el exchange cripto más importante del mundo- con fundamento en la protección de los consumidores. La mano de David Sacks, nombrado por Trump como el zar de la administración para cripto e IA, parece haber influido en la rendición incondicional de la SEC a pesar del trabajo sostenido en contrario de la línea.
La politización también alcanza al Departamento de Justicia, que ordenó a la fiscalía de distrito dejar de lado la acusación en un caso de corrupción sólidamente fundado contra el alcalde de Nueva York, Eric Adams, a pesar de las múltiples pruebas en su contra. El caso provocó la renuncia de la fiscal federal de distrito de Manhattan, Danielle Sasson, quien prefirió dejar su lugar que acatar las órdenes del gobierno. Adams, de origen demócrata, se reunió con Trump tras la elección, y se especula con que habría ofrecido acompañar la política de deportaciones del gobierno a cambio de un alivio de su situación procesal. Por último, en el FBI, Trump rompió la tradición de permanencia de los directores del organismo y forzó la dimisión de Christopher Wray. Su reemplazante, confirmado por el Senado, es Kash Patel, un militante trumpista que promovió durante años teorías conspirativas sobre el organismo en el que buscará encabezar una purga.
Con todo, los equilibrios del mundo Trump son siempre precarios. Milei se benefició hasta ahora de haber apostado un pleno a la victoria del magnate republicano, a su relación con Musk y al reconocimiento internacional de sus ideas, todas cuestiones que lucían improbables al momento de la apuesta. Pero los triunfos pasados no garantizan ventura futura. El éxito del gobierno de Trump, la continuidad de su relación con el dueño de X, la voluntad de mantenerse al lado del presidente argentino, son todas aseveraciones inciertas, en el mejor de los casos. Cualquier cambio de fortuna en esos frentes supondría un cambio abrupto en la suerte de Milei.
El alineamiento con Trump también trae problemas para lo que al inicio del gobierno -y con esfuerzo para buscarle una línea clara- aparecía como una estrategia de política exterior occidentalista. El alineamiento con los Estados Unidos suponía, al menos narrativamente, una serie de valores que, además, se contraponían -una vez más, narrativamente- con la política exterior del gobierno anterior, a la que se le imputaban relaciones con administraciones tachados de autoritarios como el venezolano, el chino y el ruso -algo que simbolizó ruidosamente la presencia del presidente ucraniano Volodimir Zelensky en la asunción de Milei, así como los encuentros posteriores. Si la distancia respecto de China cayó por el peso de la realidad, el reacomodamiento de Trump dejó al gobierno argentino y su seguimiento irreflexivo haciendo piruetas en el aire, sin red de contención y expuesto a la burla más elemental.
La abstención de Argentina en una resolución de apoyo a Ucrania en Naciones Unidas -además de su relevancia de principio en relación a Malvinas, por la cuestión de la integridad territorial- representa un cambio de posición burdo respecto de lo que, apenas unos pocos meses atrás, se sostenían como principios irrenunciables. De profundizarse los acercamientos de Trump con Vladimir Putin y Nicolás Maduro -con los que mantiene hasta hoy una relación mejor que con aliados tradicionales como Canadá y la Unión Europea- la única definición de política exterior que parece quedará en pie es que la Argentina seguirá hasta en sus manifestaciones más grotescas aquello que haga Estados Unidos.
Sobre la idea de Occidente, con la que Milei aún insiste, no conviene revisar el contrapunto de Trump y Emmanuel Macron en la Casa Blanca, sino las palabras de quien será el próximo canciller alemán, Friedrich Merz. Tras ganar las elecciones, definió como prioridad de su país reforzar la “autonomía estratégica” respecto de Washington. Alemania posiblemente sea, a nivel histórico, la nación más comprometida en términos militares con la OTAN y el liderazgo norteamericano. Que un líder de la centroderecha alemana haga semejante afirmación, muestra el estado de las relaciones transatlánticas. Parafraseando a otro líder europeo, si Occidente, como tal, existe, se encuentra con muerte cerebral.
En nuestra comarca, la ojiva nuclear de ayer fue el anuncio casi conjunto de la venta de la operación argentina de Telefónica a Telecom, controlada por el Grupo Clarín y el empresario David Martínez, que termina de homogeneizar el panorama comunicacional de la Argentina. Es, quizás, el último clavo al ataúd para la intención desconcentradora de los predicadores de la Ley de Medios, que, con una enorme capacidad prospectiva, se habían enfocado en la televisión y la grilla del cable. De aprobarse la venta de las acciones, la operación -valuada en 1245 millones de dólares- serviría de plataforma para consolidar un gigante comunicacional que, afirman los compradores, estaría en condiciones de brindar servicios de 5G y fibra óptica de alta calidad.
Para Telefónica de España se trata de un esfuerzo de largo tiempo para reducir su exposición a América Latina -a excepción de Brasil- y aumentar sus márgenes de rentabilidad. El acuerdo, sin embargo, está lejos de ser un hecho por un (no tan, si vienen leyendo OTR) inesperado giro de la trama: el comunicado de la Oficina del Presidente explicita la voluntad oficial de revisar la operación en, al menos, dos instancias oficiales: el ENACOM y la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia. El comunicado adelanta objeciones a lo que consideran una posición dominante que dejaría el 70% del mercado en manos de un solo prestatario y señala que el Gobierno hará “todo lo posible para evitarlo”. Un posicionamiento curioso del presidente, que parece contener un bienvenido cambio de postura respecto de lo expresado el año pasado ante la CPAC, donde había defendido expresamente a los monopolios y las estructuras de mercados concentrados. Un año después, advierte sobre sus riesgos, y la necesidad de intervención estatal para mitigarlos.
Telecom no era el único interesado en concretar la operación. El banco Safra -parte del grupo homónimo que el año pasado terminó un largo litigio familiar por la herencia de Don José, el pater familias-, uno de los más grandes de Brasil, orbitó la idea a través del tucumano Facundo Prado como enlace local. También la familia Eurnekian orilló la operación con el fondo Riverwood. La operación de Telecom, según las comunicaciones oficiales, será toda financiada por bancos extranjeros con un advisor que fue el BBVA y, se vanaglorian en el Grupo, “fue lograda en 20 días”. “Los vi muy apresurados”, fue el lacónico mensaje que respondió una de las máximas autoridades de la compañía ante la consulta de #OffTheRecord en relación al comunicado del Gobierno.
El conflicto con Clarín llega en un momento de expectativa oficial por el acuerdo con el FMI -“es cuestión de días”, se entusiasman en el Gobierno- y la espiralización de la pelea con Mauricio Macri sin el quórum propio en ambas cámaras ni el crecimiento de seis años a tasas chinas que tuvo el kirchnerismo antes de poner 6 periodistas en el 7 a las 8. Escasez de dólares, enfrentamiento con Clarín, pelea con Macri y batalla cultural. Acá aplicaría el apotegma marxista de la repetición de la historia, pero vamos a prescindir del lugar común.
Last but not least, el peronismo continúa con los mismos debates internos que a fines de 2024. Axel Kicillof patentó con el lanzamiento del Movimiento Derecho al Futuro (MDF) su intento de construcción propia. “Es hora de actualizar nuestras ideas”, dijo el gobernador. Poco de eso se vio en el documento. El panorama se ensombrece cuando el debate de Kicillof se da con un grupo político que minimiza la importancia del déficit fiscal o discute a la emisión como uno de los dinamizadores de la inflación. Mientras la mirada del entorno de Cristina es que el gobernador “dividió lo existente”, en provincia de Buenos Aires replican: “Acá está el que era vice del Patria, el exsecretario general de La Cámpora, ¿Axel es el que divide?”.
La tensión creciente entre el Gobierno y sus presuntos aliados naturales refleja un fenómeno más amplio sobre el cuál se abre un interrogante: ¿cuán profunda será la reconfiguración del tablero de poder en la Argentina mileísta? La apuesta a la irrestricta lealtad trumpista tiene réditos inciertos, el enfrentamiento con Clarín abre un frente con final escrito y la tensión con Macri aumenta el riesgo para LLA, pero le da una excusa al kirchnerismo para no acelerar. Mientras tanto, el presidente avanza en su estrategia de desregulación selectiva e interviene solo cuando las fuerzas del mercado se inclinan en su contra.
Iván Schargrodsky | Cenital
