Alberto Fernández opina que “hay otro escenario” hoy en el caso Vicentin que propicia el ingreso del Estado, que no estaba en 2020. La necesidad de intervenir para “cambiar las lógicas oligopólicas” en los mercados de alimentos. 

La inflación enfrenta al gobierno con una cúpula empresaria que no responde a su convocatoria al consenso para atenuar los aumentos de precios y las prácticas monopólicas. Pero también enfrenta al gobierno con una población desencantada que siente que “no se hace nada” contra los abusos empresarios. “Hacemos mucho, pero se siembra un desánimo impresionante, con prédicas muy dañinas”, responde Alberto Fernández, quien en la entrevista con Página/12 señaló que “es necesario repensar la estructura del sector alimentario”, alternativa para lo cual considera que “tener una empresa del Estado que ordene el sector, como YPF” en hidrocarburos y combustibles, no es un tema menor para lograrlo. “Creo que ahora en Vicentin se abre un nuevo escenario, que en 2020 no teníamos, y se da la posibilidad de una intervención que en aquel momento descarté”.

-En el aniversario de la Asociación de Empresarios Argentinos (AEA), hubo expresiones de rechazo a las políticas del gobierno, que no fueron solamente los desagradables dichos de un empresario de supermercados sobre la remarcación de precios como respuesta a la inflación. ¿Considera posible un compromiso de esos sectores?

–Tengo la impresion de que hay un sector del empresariado argentino que no tiene ningún criterio de solidaridad con la comunidad donde se desarrolla. Y esto es muy grave. Porque no es una burguesía nacional que ata su suerte al lugar donde se desarrolla. Siento que hay una parte de ese empresariado que está desacoplado. Y expresiones como la de Federico Braun, que indignan, molestan, dañan, son una expresión franca de lo que ellos hacen. 

Son empresas que han tenido resultados extraordinarios en los ultimos años. Y que no necesitan subir los precios del modo que lo suben para ganar. Sin embargo, lo hacen. Ahí empieza la segunda discusión: qué hace el Estado para parar eso. Es una cosa muy compleja pararlo. Alguien de Arcor me decía, hace pocos días, que sus productos llegan a 400 mil bocas de expendio. ¿Cómo hacemos para controlar eso?

Es muy dificil fijar un precio único sobre un producto. Tenemos, además, que adicionalmente se han desatado los precios en todo el mundo por efecto de la guerra. Y lo que nosotros tendríamos que hacer es un llamado al conjunto social a hacer el esfuezo de detener esto. Hay que buscar la manera de que todos nos comprometamos a implementar un mecanismo de excepcion que nos permita sortear este momento.

–El problema es que el diálogo parecería no funcionar con estos sectores…

–Yo veo que el diálogo no funciona, pero los sistemas de fijación de precios tampoco funcionan. Las dos cosas son ciertas. En la Argentina hay dos presidentes que aplicaron la Ley de Abastecimiento: Perón y yo. He aplicado multas a diestra y siniestra, y no pararon los aumentos. El mecanismo tiene que ser  buscar el consenso. Estamos en una guerra, ellos están ganando demasiado y eso le hace padecer a la gente. No pretendo que pierdan, pero pongamos un límite a su utilidad, vendiendo el producto a un precio acorde con que el consumidor final no pierda tanto.

Esto es algo que parece imposible en Argentina, porque se ha difundido cierta cultura del individualismo donde se dice: es mi tiempo, es mi oportunidad. Yo la aprovecho. 

–Pero hay un malestar social porque lo que se interpreta es que “el gobierno no está haciendo nada” con este tema.

–El gobierno está haciendo mucho. Lo que pasa es que las herramientas no alcanzan. Y además, seamos francos, los Precios Cuidados siguen funcionando hasta el día de hoy. Pero hay un problema estructural en Argentina, que se ha desarrollado a lo largo de los años. No es una cuestión de hoy. Que en Argentina haya una gran empresa láctea, que concentra muchisimo el mercado lácteo, es la consecuencia de que hubo una época en que se cerraron 27 mil tambos en Argentina. El resultado es la concentración. Y que la leche se traslade irracionalmente cientos de kilómetros desde donde se produce, hasta donde se pasteuriza y luego hasta donde se consume, es irracional.

Lo que tendríamos que estar trabajando, y lo estamos intentando, es en un proceso que empiece a romper esas lógicas oligopólicas. 

–¿Se plantea la opción de un nuevo modelo de producción? 

–Lo hemos hablado mucho, y yo estoy convencido de que si Argentina no cambia estructuralmente, este problema lo vamos a seguir repitiendo cíclicamente. Por esta cultura del individualismo y de la ganancia personal. Y si la oferta se restringe a pocos, quedamos en manos de ellos. 

Ahora, no por justificarme, sino por poner el tema en contexto, es muy difícil hacer eso con dos años de pandemia y una guerra como la que se desató que afecta precisamente el mundo de los alimentos. Muy difícil. Yo, lo que siento es que tenemos que empezar a hacerlo . 

–¿Sería posible pensar en una empresa pública de alimentos?

–A mí me parece que la Argentina tiene que repensar su estructura en materia alimentaria, así como en el tema de comercialización de cereales. Les doy un ejemplo: el gas en boca de pozo lo estamos pagando 3,40 u$s (el millon de btu), y en Estados Unidos está a 6,50. Eso es el resultado, en gran medida, de que esté YPF en manos del Estado. Una empresa testigo que te ordene el mercado no es algo menor. 

Ahora, nosotros en materia alimenticia tenemos que hacer algo que nos permita de algun modo intervenir para ordenar estas cosas . No se trata de la Junta Nacional de Granos, sino de buscar más herramientas. En su momento, la alternativa Vicentin la descarté. En ese momento, dije lo descarto, porque era hacerle un favor a los acreedores, no a la Argentina. 

En el escenario actual, en el que la Corte Suprema de Justicia de Santa Fe ha intervenido (pidió el expediente de la convocatoria y suspendió todo el proceso) y se podría dar la posibilidad de cramdown (propuesta de solución de la deuda hecha por los acreedores principales, en este caso el Banco Nación), yo dije  estudiémoslo porque es posible. Lo que no es posible es esta lógica de “expropiemos empresas de cualquier modo” porque después se paga lo que no corresponde. Y yo no quiero hacer eso.

El Banco Nación es un acreedor privilegiado y puede ser determinante de la quiebra o de la continuidad. Ahora, si somos garantes de la continuidad, entonces pondremos las condiciones para que sea posible.

–¿Es una decision política tomada la de avanzar en esa alternativa?

–La decision que tuve el primer día. Cuando me metí, en 2020, con la intervención, pero con mucha interferencia del juez de la convocatoria. Entonces vi que podía obligar a los argentinos a pagar una deuda cuantiosa, que no era razonable. Por eso retrocedí. 

Retrocedí de la estatización, pero seguimos trabajando la alternativa del cramdown y ahora hay un escenario donde, tal vez, podamos hacer algo. No digo que esté seguro, pero sí que tenemos un escenario mas favorable que aquél. 

El problema es que a Vicentin lo convierten en un problema ideológico. Y no es un problema ideológico, es un problema de oportunidad. Yo estoy convencido de que lo que nosotros tenemos que garantizar es terminar con estos oligopolios, monopolios, y cuando estos sistemas existen, como el caso de las 7 u 8 cerealeras que existen en Argentina, si el Estado tuviera una cerealera que exporta, tendríamos posibilidades de intervención en favor del mercado, en favor de los argentinos. Pero eso no hay que hacerlo de cualquier modo.

Página/12