El secretario del expresidente Mauricio Macri, que dice que no conocía a ningún agente de inteligencia, estuvo en el edificio de la AFI el 1° de marzo de 2018, mientras estaba en pleno despliegue el seguimiento a opositores. Los riesgos que corre la causa luego del fallo de la Cámara Federal de La Plata.

Darío Nieto, el secretario privado del expresidente Mauricio Macri, mantuvo al menos una reunión privada con el extitular de la AFI, Gustavo Arribas, mientras estaba en pleno desarrollo el espionaje ilegal a opositores y aliados políticos del gobierno anterior. Fue el 1 de marzo de 2018 en las oficinas del quinto piso de la sede de la AFI, en el edificio de la calle 25 de Mayo, a pocos metros de la Casa Rosada.

La reunión comenzó a las 16:15, según los registros manuscritos de ingreso. No está asentada la salida de Nieto, quien esta semana, en varias declaraciones periodísticas, aseguró que no conoce a ningún espía.

La información estaba en poder del juez federal de Lomas de Zamora Federico Villena, quien el viernes fue apartado del Watergate criollo por decisión de la Cámara Federal de La Plata. Ese fallo que cruza de vereda al juez (de investigador a potencial investigado) pone en riesgo de nulidad a todo el expediente.

Es probable que la prueba recolectada, que es mucha y contundente, no sirva. Pero el espionaje ilegal ocurrió y está probado. Que haya impunidad no significa que no haya habido delito.

Nieto tiene documentada una única visita a la AFI. ¿Se apuntan todos los ingresos a la sede principal de la central de inteligencia? No. De hecho, los exagentes Alan Ruiz, Jorge Sáez y Leandro Araque, tres de los principales sospechosos del espionaje ilegal, tienen registros parciales de sus ingresos.

Sáez y Ruiz aparecen en los registros del 24 de abril de 2018; Araque, Sáez y Ruiz, el 17 de enero de 2019, y Araque y Sáez, el 14 de abril de 2019.

El apartamiento del juez Villena era una de las posibilidades reales de la causa. La Cámara de La Plata consideró que investigó actividades de la AFI –que ahora se reputan ilegales– que él mismo había autorizado en 2017 y 2018. Se trata de tareas preventivas de supuestos atentados en el marco de la Cumbre del G-20 y escuchas en el penal de Ezeiza por un presunto intento de fuga del denominado “rey de la efedrina”, Roberto Mario Segovia.

Bajo el paraguas de esos dos expedientes, la inteligencia ilegal del macrismo espió a Cristina Fernández de Kirchner y a los exfuncionarios 2003-2015 encarcelados.

Tiempo había advertido sobre esa situación dual del juez. Villena prefirió acelerar a fondo y, de hecho, se aproximaba a una medida rimbombante con Nieto. Pero el viernes recibió un mazazo que, en perspectiva, compromete su propio futuro.

Varios querellantes, entre ellos Hugo Moyano y el intendente de Avellaneda, Jorge Ferraresi, planean apelar el fallo de la Cámara de La Plata para que la causa vuelva a manos de Villena. Parece difícil.

¿Villena consintió, a sabiendas, esas conductas ilegales de los espías? A partir de mañana comenzarán a llegar a tribunales denuncias, incluso penales, contra el juez.

La mayor investigación de espionaje ilegal de la Argentina de la democracia está en un tembladeral. La causa puede quedar impune, pero ello no cambiará la voluntad de todos los que vieron sus carpetazos y pidieron ser querellantes: Horacio Rodríguez Larreta, Diego Santilli y María Eugenia Vidal. Pero también el diputado Waldo Wolff, una de las principales espadas defensoras del macrismo, a quien le fueron exhibidas dos carpetas con actividades en su perjuicio, identificadas en el expediente como FLP 14149/2020/29/1 y FLP 14149/2020/30.

El 16 de junio pasado, a su pedido, también fue invitada la diputada nacional por Juntos por el Cambio Graciela Ocaña. También ella fue espiada.

La exencargada de Documentación de la Casa Rosada, Susana Martinengo, brindó el jueves hasta después de la medianoche una declaración que rozó la autoincriminación. Y, de paso, incorporó a la investigación un nombre sorpresivo en el expediente: el jefe de la barra brava de Boca Juniors Rafael Di Zeo, a quien asoció al exministro de Educación y frustrado candidato a la intendencia de La Matanza, Alejandro Finocchiaro. Martinengo dijo que ella soñaba con ser candidata a diputada por ese distrito, pero erró en la determinación geográfica, pues supuso que Quilmes y Lanús pertenecían a La Matanza.

En la relación con Di Zeo, Martinengo reconoció su vínculo con los espías. “Eso era porque lo conocía a Finocchiaro, que era el ministro de Educación y era candidato nuestro por La Matanza. Allí (habla de un departamento alquilado por la AFI en la provincia de Buenos Aires) fui a una reunión cuando lanzó su candidatura y conocí en una oficina de estos chicos, Sáez y Leandro (Araque), a Di Zeo. Me llamó la atención sus modos correctos de hablar. Sáez y Leandro me estaban ayudando con la candidatura, y Di Zeo podía sumar gente al proyecto”.

El líder de “la Doce” apareció así trabajando políticamente, junto a dos espías, para el macrismo.

A pesar del cambio de juez, la investigación quedó en  manos de la fiscal Cecilia Incardona, insospechada de corrupción y que, además, no se lleva bien con Villena. Ella y su colega Santiago Eyherabide parecen dispuestos a sostener a flote la causa, emprolijando los flancos débiles que dejó Villena.

Pero persiste el peligro de que la causa se vaya a Comodoro Py y allí naufrague definitivamente. Tal vez ni siquiera sea necesario ese viaje. El actual juez de la causa, Juan Pablo Auge, es subrogante. Para su juzgado el Consejo de la Magistratura realizó el concurso número 358 y la terna de candidatos es encabezada por Juan Tomás Rodríguez Ponte, secretario del juez federal Ariel Lijo y uno de los responsables del área de escuchas telefónicas de la Corte Suprema. No es una broma.

Por Néstor Espósito – @nestoresposito/Tiempo