Los fiscales le pidieron al nuevo juez de la causa, Juan Pablo Augé, la imputación de los implicados en la banda que espiaba a políticos, empresarios y periodistas durante el macrismo, empezando por el colaborador de Macri y la cúpula de la AFI durante su gobierno.
Los fiscales federales Cecilia Incardona y Santiago Eyerhabide le pidieron al juez federal de Lomas de Zamora, Juan Pablo Auge, que cite a prestar declaración indagatoria al secretario privado de Mauricio Macri, Darío Nieto, que vuelvan a declarar los dos ex titulares de la AFI, la funcionaria de Casa Rosada Susana Martinengo, los directores de la central de espías, Diego Dalmau Pereira y Darío Ruíz, y 15 agentes del grupo conocido como Super Mario Bros. Se los acusa de conformar una organización que se dedicó al espionaje político durante el macrismo, con los titulares y directores de la AFI como jefes de la asociación ilícita y los agentes como integrantes. En el escrito figura un párrafo recuperado del celular de Nieto y que éste borró: “Me llamó Cristian (por Ritondo). Dice que hace falta un relato. Que estos tipos (los espías) estuvieron en la Metropolitana. Nosotros los llevamos a la AFI y nadie se hace cargo. Lo que falta es un relato y una historia coherente de todo”.
Según el texto de los fiscales, la banda espió a una increíble cantidad de dirigentes, empezando por la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner, pero pasando por el jefe del gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, su segundo, Diego Santilli, el obispo Jorge Lugones, los periodistas Hugo Alconada Mon y Rodis Recalt; el camionero Hugo Moyano y su hijo Pablo; el ex intendente de La Plata Pablo Bruera; el actual intendente de Avellaneda, Jorge Ferraresi; un largo listado de dirigentes de Cambiemos encabezados por Emilio Monzó y Nicolás Massot, la hermana de Macri, Florencia, y su pareja Salvatore Pica, la diputada Graciela Caamaño y un listado total que reúne a 26 víctimas. Un dato novedoso es que los fiscales consignan que se espió a la comunidad mapuche, algo que no se conocía hasta ahora. La organización se centró en espiar al representante Gabriel Rolando Cherqui.
El pedido de indagatoria roza a Macri de forma categórica. En primer lugar porque figura su secretario Darío Nieto. Los fiscales dicen que la organización juntaba información “y era transmitida a un superior, en este caso el secretario Darío Nieto”. Es cierto que la acusación es que Susana Martinengo quería armar su candidatura a diputada en La Matanza y que por eso se reunía con Nieto, además del Rafa Di Zeo y Alejandro Finocchiaro, ex ministro y candidato de Cambiemos en ese distrito. Pero, además, Martinengo afirma en varios audios que le entregó a Nieto informes de espionaje político hechos por el grupo de agentes Super Mario Bros sobre la situación en el conurbano y los líderes de la oposición en ese conglomerado. Lo trascendente del escrito de los fiscales es que sostienen que en el block de notas de Nieto quedaron registros de los diálogos con Martinengo y la constancia de que sabía que los informes tenían fuente ilegal. Pese a todo, como ya consignó PáginaI12, el papel que se le asigna a Nieto y Martinengo no es determinante.
Otro aspecto que roza a Macri es el espionaje a su hermana Florencia y a su pareja. Resulta difícil de explicar que alguien pudiera tener interés en espiar a Florencia y Sica si no es por alguna interna familiar, porque de lo contrario se le hubiera notificado a Florencia y se hubiera dispuesto un refuerzo de la custodia. Es más, las versiones sobre espionaje fueron cambiando. En algún momento se dijo que Pica podía estar involucrado en contrabando, después en narcotráfico, pero lo cierto es que el cuñado presidencial trabajaba en dos empresas del Grupo Macri. Según el texto de los fiscales, la operación de espionaje, realizada desde una casa vecina, fue ordenada por la cúpula de la AFI, es decir Gustavo Arribas y Silvia Majdalani, y por el director Alan Ruíz.
En este mismo mes de agosto, las ex cabezas de la central de espías ya fueron procesados por el espionaje al Instituto Patria, pero el actual expediente es muchísimo más amplio. Respecto de CFK incluye las operaciones que se hicieron sobre el departamento de Juncal y Uruguay, donde vive la vicepresidenta. Y, por supuesto, se suma el espionaje a las 26 víctimas, entre dirigentes del peronismo, de Cambiemos y líderes sociales. O sea que los ex titulares de la AFI tendrán que ampliar ahora su declaración. Todo indica que alternarán entre que parte de las operaciones fueron permitidas por el otro juez de Lomas, Federico Villena, y otra parte de las operaciones se hicieron sin su conocimiento ni consentimiento.
El espionaje a la comunidad mapuche es delirante. Parte de recortes que mencionan un conflicto con YPF en Neuquén pero luego asocian que hay una especie de contubernio entre la comunidad mapuche y Milagro Salas (sic) porque tienen la misma abogada, Elizabeth Gómez Alcorta, la actual ministra de las Mujeres, Género y Diversidad. En el texto de Incardona y Eyerhabide se hace mención a que la organización confeccionaba informes sobre los mapuches, sobre Facundo Jones Huala, los choques con YPF y las versiones sobre la existencia del RAM (Resistencia Ancestral Mapuche), y todo se le envió a Martinengo “porque al 1 le interesan”. Esto también roza a Mauricio Macri.
A lo largo de todo el pedido de indagatoria se exhiben las fotos encontradas en los celulares del grupo de agentes, en especial del teléfono de Leandro Araque. Se ven fotos del edificio en el que vive CFK, tomas en movilizaciones, la casa de Florencia Macri, la moto de Pica, al periodista Recalt jugando al básquet en el club Pedro Echagüe, el domicilio de Emilio Monzó y el auto en el que se movía; fotos de Nicolás Massot, en el edificio en el que vive y llegando al Congreso, fotos del camarista Martín Irurzun, domicilios de Alconada Mon y muchísimas otras evidencias del espionaje. Sobre todo esto tendrán que responder los 21 imputados si es que el juez Auge le da el visto bueno a lo que piden los fiscales, lo que es muy probable.
Página/12