El presidente Alberto Fernández aseguró hoy que la política tarifaria aplicada por el Gobierno nacional procura “no afectar el ingreso de los argentinos” y no pedirles “más esfuerzos”, al tiempo que resaltó que, de haber mantenido los esquemas fijados por la gestión macrista, el aumento del gas tendría que haber sido de 160% en vez de 6%, tal como se oficializó en la jornada.

El Ente Nacional Regulador del Gas (Enargas) aprobó los cuadros tarifarios de transición cuyos impactos en factura promedian el 6% para las usuarias y los usuarios residenciales del servicio de gas por redes, en tanto que para PyMEs y comercios la adecuación ronda el 4%.

En ese sentido, el interventor en el Ente, Federico Bernal, calificó de «insignificante» e «ínfima» la suba promedio de 6% dispuesta para la tarifa del fluido, y remarcó que «en realidad no es un aumento, sino un abaratamiento respecto de lo que hubiéramos pagado de seguir vigente la tarifa de (el expresidente Mauricio) Macri».

Al encabezar un acto en la localidad bonaerense de San Martín, Fernández afirmó: «Cuando yo les dije a los argentinos que se iba terminar la penuria de tener que elegir entre el medicamento y las tarifas de luz y gas, cumplí». Y dijo tener la «tranquilidad» de haber alcanzado con el compromiso de no pedir más «esfuerzos» a los argentinos.

«Durante todo un año la tarifa estuvo congelada, y cuando debimos corregirla, la corregimos lo mínimo necesario para que no afecte el ingreso de los argentinos en un momento en el que yo sé que la economía y la inflación apremian», afirmó el jefe de Estado.

Por su parte, Bernal precisó a El Destape radio que «la revisión integral iniciada en 2016, que desembocó en una tarifa nueva en 2017, con los aumentos siderales que conocemos, debía regir hasta abril de 2022, con lo cual ahora estaríamos pagando un 135% más».

El Gobierno nacional ratificó ayer, mediante el decreto 354, las actas acuerdo con las nueve empresas distribuidoras de gas por redes de todo el país, que establecen una tarifa de transición con subas en torno al 6%, Acuerdos Transitorios de Renegociación del Régimen Tarifario de Transición, que convalidan el ajuste para cada distribuidora, tras el proceso de audiencia públicas realizadas hace dos meses.

Las actas alcanzan a las licenciatarias del servicio público de distribución de gas natural: Camuzzi Gas del Sur, Gasnor, Distribuidora de Gas Cuyana, Distribuidora Gas del Centro, Litoral Gas, Camuzzi Gas Pampeana, Metrogas Naturgy Ban y GasNEA.

«Cómo hablar de un aumento cuando la actualización dispuesta es de 6% para un usuario residencial, y el promedio baja a 5 y medio si se incluye a las pequeñas y medianas empresas», razonó Bernal.

El funcionario recordó que la tarifa de gas se mantuvo congelada el año pasado, en el marco de la emergencia pública que intervino los entes reguladores e inició un proceso de auditoría y revisión de lo actuado por el Gobierno anterior.

«Lo que encontramos fue una tarifa injusta, imposible de pagar, insostenible, que endeudó a tres de cada 10 hogares y a cinco de cada 10 PyMEs», resumió.

Bernal remarcó que la categoría de usuarios más común, la R1, que concentra a 40% de quienes menos gas consumen, pagarán en sus próximas facturas entre $ 20 y $ 40 más, en el caso de la distribuidora bonaerense Naturgy.

«La actualización es insignificante, aunque como abarcará los meses de invierno, cuando se pague en septiembre y octubre se va a ver un salto porque se consumió más, pero no por la suba de la tarifa, que es ínfima», consideró el titular del Enargas.

El interventor destacó que la actualización tarifaria surge tras «un trabajo conjunto entre el Enargas, la Secretaría de Energía, la Sigen (Sindicatura General de la Nación), el Ministerio de Economía y hasta el propio Presidente se involucró en esta cuestión».

Según los acuerdos con las licenciatarias, para usuarios residenciales, SGP (comerciales) y GNC (gas natural comprimido) se incrementa en 14% el cargo variable y en 24% el cargo fijo, lo cual representaría un alza final de 6%, estimaron fuentes privadas.

El esquema tarifario de transición se aplicará sobre los valores aprobados por el Enargas en abril de 2019, con vigencia desde mayo y por hasta dos años, o en su defecto, hasta que se alcance el acuerdo definitivo de renegociación que ya está en marcha.

Durante la vigencia del acuerdo transitorio no se contempla un plan de inversiones obligatorias a ejecutar por las licenciatarias, aunque deberán continuar con la prestación del servicio de acuerdo con el marco regulatorio vigente.

En este periodo, además, las licenciatarias no podrán distribuir dividendos; cancelar de forma anticipada deudas financieras y comerciales contraídas con los accionistas; adquirir otras empresas ni otorgar créditos, salvo que los mismos beneficien a los usuarios.

En otra cláusula de las actas, las licenciatarias se comprometen a suspender todos los recursos, acciones, demandas o planteos en vías de ejecución en foros nacionales o extranjeros, sea en sede administrativa, judicial o arbitral u otro mecanismo de resolución de controversias.

Fuente: Telam/Revista Petroquìmica.