Durante el “Tractorazo” en Pergamino, el diputado provincial de la Coalición Cívica (CC), Luciano Bugallo, y compañeros del mismo bloque, se mostraron junto al ingeniero agrónomo y arrendatario de campos, José Luis Grattone, imputado por la justicia por aplicar agrotóxicos a menos de cien metros de una vivienda y dos establecimientos educativos. 

Además del desfile de maquinaria pesada por las calles del centro, el “Tractorazo” realizado en Pergamino en repudio a la suba de las retenciones a la soja, el trigo y el maíz dejó otra postal: la de funcionarios de Cambiemos mostrando su fervoroso apoyo a un ingeniero agrónomo procesado por la justicia por fumigar a menos de cien metros de una vivienda y dos escuelas.

El martes, durante la convocatoria apuntalada por la Sociedad Rural local y la Confederación de Asociación Rurales de Buenos Aires y La Pampa (Carbap), el diputado provincial de la Coalición Cívica (CC), Luciano Bugallo, se mostró junto al ingeniero agrónomo y arrendatario de campos, José Luis Grattone, procesado en 2019 por violar la normativa que estableció la prohibición de fumigar a menos de 1.095 metros en forma terrestre y a menos de 3.000 mil, de forma aérea, respecto del casco urbano.

Incluso, el funcionario provincial se tomó una foto y luego la publicó en sus redes sociales. Posando sonrientes junto a Bugallo y Grattone, aparecen también la diputada nacional de la Coalición Cívica por Santa Fe, Lucila Lehmann, el diputado nacional Pablo Torello y “Fran” Grattone, otro dirigente local de la CC.

A fines de octubre pasado, el titular del Juzgado Federal N°2 de San Nicolás, Carlos Villafuerte Ruzo, procesó a Grattone y también a Marcelo Acerbo, propietario de un predio rural ubicado en el paraje J.A. de la Peña; y a Cristian Taboada, empleado aplicador de los plaguicidas, por considerarlos a “prima facie” coautores penalmente responsables del delito de “contaminación del ambiente en general, de un modo peligroso para la salud, mediante la utilización de residuos calificados peligrosos (agrotóxicos)” y les fijó un embargo a cada uno por tres millones de pesos.

Al ingeniero agrónomo, en particular, se le reprochó “su absoluta desaprensión” al autorizar al aplicador una fumigación con venenos en un sector prohibido por la ordenanza local y “en tiempos en que se haya vigente una medida cautelar de protección a la salud, como la dictada para todo el ejido urbano de Pergamino”.

En diálogo con el portal de noticia INFOCIELO, Bugallo consideró que la “denuncia (contra Grattone) no está fundada” y remarcó que el juez que lo procesó “le hizo lo mismo a los presidentes de la Mesa de Enlace del 2008”.

Villafuerte Ruzo ya había ordenado suspender la aplicación de agroquímicos en los barrios Villa Alicia, Luar Kayard y La Guarida de Pergamino, luego de que un grupo de vecinos denunciara los problemas de salud provocados en niños y adultos.

La decisión del juez se basó en un estudio de la Estación Experimental Agropecuaria del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA) Balcarce, que determinó la presencia de plaguicidas en las muestras de agua. Además exhortó al municipio de Pergamino a que “de manera inmediata garantice la provisión de agua potable”.

En abril de 2019, luego de que el intendente Javier Martínez, de Cambiemos, sostuviera que “el agua tiene la calidad que indican los códigos alimentarios”, los peritos de la Corte Suprema de Justicia ratificaron que el agua de aquellos tres barrios “no era apta para consumo humano”, al constatar la presencia de 18 agrotóxicos, de los cuales, casi la mitad, son considerados cancerígenos.

(De Tiempo Argentino)