Tras una semana de la presentación del juez Ariel Lijo para el máximo tribunal, la comisión de Acuerdos recibió al segundo postulante del gobierno de Javier Milei. ¿Quién es el jurista que se pronunció a favor de las ideas del Presidente en el pasado y qué respondió a las objeciones?
La Comisión de Acuerdos de la Cámara de Senadores recibió al segundo candidato postulado por el gobierno de Javier Milei para integrar la Corte Suprema de Justicia, el abogado constitucionalista Manuel García-Mansilla. El jurista se manifestó frente a las preguntas y objeciones planteadas a su postura sobre la convivencia del máximo tribunal con los otros poderes, la diversidad de género, el pago de Ganancias por parte del Poder Judicial y la protección de los recursos naturales a partir de la adopción del RIGI, entre otras cuestiones
La audiencia comenzó a las 10, en el Salón Azul de la Cámara alta, una semana después de que el otro candidato, el magistrado Ariel Lijo, defendiera su lugar. Con un perfil más bajo que el de Lijo y una trayectoria en el sector privado y la academia, García-Mansilla respondió a las preguntas de las y los senadores presentes a lo largo de siete horas con un cuarto intermedio en el transcurso del encuentro.
Esta convocatoriase enmarca dentro de las actuaciones del expediente PE N°36/24 caratulado “solicitud de acuerdo para designar juez de la Corte Suprema de Justicia de la Nación al Dr. Manuel José García-Mansilla“. La Comisión de Acuerdos cuenta con otros 17 integrantes y será presidida por Guadalupe Tagliaferri, del bloque del PRO.
Los miembros integrantes de la Comisión son: Guadalupe Tagliaferri y Beatriz Ávila por parte del PRO, los kirchneristas Anabel Fernández Sagasti, Alicia Kirchner, Juliana Di Tullio, Lucía Corpacci, Sergio Uñac, Claudia Ledesma y José Mayans, los radicales Martín Lousteau, Eduardo Vischi (en lugar de Pablo Blanco), Carolina Losada y Mariana Juri, Ezequiel Atauche por La Libertad Avanza, los peronistas no K Carlos Espínola y Juan Carlos Romero y el legislador de Misiones, Carlos Arce.
García-Mansilla tiene 54 años y se desempeña como abogado, académico y tiene una extensa carrera en el sector privado. Hizo un máster en Georgetown University, en los Estados Unidos, donde escribió una tesis crítica sobre el uso de los Decretos de Necesidad y Urgencia (DNU) en la Argentina.
“Los jueces tienen la función de resolver causas judiciales concretas aplicando el derecho vigente tal como fue sancionado por el Congreso y respetando la Constitución, no apelando a sus convicciones personales, sean de índole moral, política o religiosa”, reflexionó García-Mansilla
Qué objeciones se plantearon a la nominación de García Mansilla
Organizaciones como la Asociación Argentina de Juristas , la Asociación de Mujeres Jueces de Argentina (AMJA ), el Grupo de Investigaciones en Derechos Sociales (GIDES ), el CELS , la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ ), Poder Ciudadano , Amnistía Internacional , el Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales y Sociales (INECIP ), Equipo Latinoamericano de Justicia y Género (ELA ), Shalom Bait (Asociación Civil para la Prevención de la Violencia Familiar) y GROW (Género y Trabajo), entre otras, han presentado observaciones críticas e impugnaciones a su candidatura.
También la Federación Argentina de Colegios de Abogados, que indicó que, al no postular a una mujer para el máximo tribunal, “la Argentina estaría incumpliendo las obligaciones internacionales contraídas por el Estado argentino en materia de igualdad real de oportunidades de las mujeres y el artículo 3 decreto 222/2003 (modificado por decreto n°267/24)”.
García-Masilla argumentó en su respuesta escrita que las impugnaciones basadas en sus opiniones académicas “están descontextualizadas, tergiversadas y confunden el rol académico con el judicial“. Respecto a la diversidad de género, indicó que comparte los ideales igualitarios pero que no puede expedirse sobre el tema debido a los procesos judiciales en curso.
Otro punto del cual se lo acusa es de haber cuestionado “los tratados de Derechos Humanos y subordinarlos al derecho público” y además sus opiniones controversiales en cuanto a la Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo.
“El derecho a la vida desde la concepción está reconocido en nuestro derecho interno, tratados internacionales, fallos de la corte, y la Constitución Nacional, algunas tienen máxima jerarquía, la única excepción es del fallo FAL en caso de embarazos producto de violación”, argumentó el candidato en su respuesta escrita.
Las respuestas de García-Mansilla frente a los senadores
El abogado propuesto por Javier Milei aseguró que la tarea de impulsar los cambios corresponde a el Congreso de la Nación y por lo tanto la función de los jueces es “aplicar las leyes y sostener la observancia de la Constitución Nacional en cada una de sus sentencias”.
Se entiende entonces, que el juez apoyará la separación de la Justicia y la política. “Un buen juez de la Corte Suprema, respetuoso de la separación de poderes, solo puede administrar justicia en el marco de la Constitución”, sostuvo García Mansilla en su declaración ante los senadores. Durante su exposición, el abogado reconoció que nunca se reunió con el presidente Javier Milei y quien le ofreció el cargo fue el asesor presidencial Santiago Caputo.
Entre otras cuestiones, le consultaron al abogado constitucionalista sobre sus dichos previos donde sostenía la inconstitucionalidad del aborto por no cumplir con los derechos del niño. “Las opiniones que sostuve, las sostengo. Cómo fallaría no se los puedo decir porque estaría prejuzgando”, sostuvo el abogado que ejerce como decano de la Facultad de Derecho de la Universidad Austral.
Así y todo remarcó que “sobre la legalización del aborto expliqué que debía distinguirse entre despenalización y legalización. A partir de eso confronté el artículo cuarto de la ley con ciertas normas de derecho positivo y marqué un conflicto entre normas de distinta jerarquía”,
Al abogado se lo acusó de integrar la organización ultracatólica Opus Dei y lo negó rotundamente: “No pertenezco al Opus Dei, ni a ninguna organización religiosa”. Y añadió: “La Ley de Identidad de Género está vigente y las leyes hay que cumplirlas”.
También mencionó que no llega para reemplazar a una jueza -uno de los aspectos que cuestiona una parte de la oposición e incluso la vice Victoria Villarruel de las dos postulaciones- sino al actual magistrado Juan Carlos Maqueda, pronto a alcanzar el límite para jubilarse: “En mi caso particular, mi nominación a la Corte Suprema no reemplaza a una mujer y por eso entiendo que no estoy inhibido de aceptar la nominación “, indicó
Por otra parte, también se refirió a la ley de Matrimonio Igualitario que garantizó el acceso a ese derecho a todos los ciudadanos. “Es un derecho casarse, en la medida que el congreso regula. Si se derogara el matrimonio igualitario igual podrían casarse, porque esta permitido en la constitución”, afirmó.
Ganancias, RIGI y dolarización: las definiciones de García-Mansilla
Respecto al pago de Ganancias, el abogado aseguró que “no tiene ningún inconveniente en seguir pagando” el impuesto. Pero advirtió que el proyecto del kirchnerismo para que el Presidente sea quien más gane en el Estado, “si implica una reducción del salario de los jueces de la Corte, tendría un obstáculo en el artículo 110 de la Constitución Nacional, que establece que no se pueden reducir los salarios de los jueces”.
Ante la consulta de la senadora Anabel Fernández Sagasti sobre el RIGI, con énfasis en el acceso a los recursos naturales, García-Mansilla manifestó: “Ninguna ley puede dejar sin efecto el artículo 41 de la Constitución. Una ley del Congreso no puede dejar sin efecto lo que establece ese artículo. La Constitución pesa más que una ley y eso es clarísimo”.
Y amplió: “El gobierno federal puede establecer los presupuestos mínimos de protección ambiental que pueden ser complementados por las provincias. El único límite es que no se conviertan en regulaciones expropiatorias de los recursos naturales provinciales”.
Consultado sobre su posicionamiento a favor de la dolarización, el jurista expresó que su “planteo sobre la dolarización fue, que para poder opinar seriamente sobre la constitucionalidad o no de ese tipo de medidas, hay que analizar un proyecto de ley concreto”. En este sentido puntualizó que “es el Congreso el que tiene la facultad para disponer o no de la dolarización”.
El Cronista