La exprimera dama Fabiola Yáñez se presentó ayer ante el Poder Judicial para denunciar a su expareja. Fernández no podrá salir del país ni contactar a su exmujer.

La política argentina se vio sacudida este martes con la confirmación de que el expresidente Alberto Fernández fue denunciado por su expareja, Fabiola Yáñez, por episodios de violencia de género cuando ambos convivían en la quinta presidencial de Olivos y por “terrorismo psicológico” en la actualidad, mientras ella reside en Madrid con el hijo que tienen en común. Por decisión del juez federal Julián Ercolini, Fernández no podrá salir del país ni tener ningún tipo de contacto con Yáñez mientras avanza la causa.

La resolución judicial es breve pero contundente y destaca que, aunque Yáñez no quiso hacer la denuncia por violencia de género en junio pasado, este martes se contactó con el juez para concretarla porque el expresidente la presionaba y acosaba diariamente. “(La ex primera dama) manifestó estar padeciendo lo que definió como ‘terrorismo psicológico’ por parte de la persona denunciada, así como acoso telefónico, de manera diaria. Dado que el presunto agresor se contactaba mediante mensajes telefónicos amedrentándola psicológicamente. Ante ello, fue interrogada acerca de si, en esta oportunidad, deseaba instar la acción penal, a lo que la compareciente manifestó expresamente que a raíz de lo ocurrido, sí deseaba hacerlo”, recopila el texto.

La denuncia tiene una precuela, vinculada con otra investigación que complica al exmandatario, por abuso de autoridad e incumplimiento de los deberes de funcionario público. Es la causa en la que Ercolini investiga si Fernández le facilitó negocios de intermediación financiera a su exsecretaria, María Cantero, y su pareja, Héctor Martínez Sosa. Para esa investigación fue secuestrado el teléfono de Cantero y en él aparecieron chats, fotos y videos de Yáñez exponiendo lo que el juzgado consideró posible violencia de género. En junio, cuando esto surgió durante las pericias sobre el teléfono de Cantero, contactaron a Yáñez, le ofrecieron denunciar, ella declinó y la causa fue archivada. Ayer, Ercolini la desarchivó.

En junio, alguien a quien el juez no identifica le pidió a Yáñez “que no inste la acción penal en contra de su presunto agresor” y por eso ella eligió no ratificar la denuncia. Quien hasta hace dos días se presentaba como el abogado de la exprimera dama, Juan Pablo Fioribello, declaró ante numerosos medios que la violencia física de la que daba cuenta la primera nota periodística al respecto “no existió” y que sólo había habido “una fuerte discusión de pareja”. En las últimas horas, Fioribello dejó de ser el abogado de Yáñez, quien denunció ante Ercolini sin representación letrada.

Los últimos cuatro días, Alberto Fernández tuvo contactos de manera informal con periodistas en los que desmintió que haya ejercido violencia física sobre Yáñez. Este martes, con la denuncia radicada, publicó un brevísimo comunicado en sus redes sociales en el que aseguró que “la verdad de los hechos es otra” y que lo demostrará en el marco de la investigación judicial. Esa frase resume el descargo que hacen quienes rodean al expresidente. Insisten -siempre off the record– en que los episodios a los que refieren las cuatro fotos y el video hallados en el teléfono de Cantero obedecen a otras situaciones, vinculadas a la salud de Yáñez, y no a violencia de género. Según Clarín, en esas imágenes se ve a la exprimera dama con un ojo morado y con el costado derecho de la espalda también moretoneado.

En el canal TN, este martes, la periodista Sandra Borghi agregó un dato escalofriante en el relato. Según lo que contó de fuentes que no explicitó pero que parecían muy cercanas a la exprimera dama, Yáñez se habría acercado a “la ministra de Mujeres” cuando tenía el ojo morado y la funcionaria le habría respondido: “No puedo hacer nada, ya va a pasar”. Aunque la periodista no detalló de qué funcionaria hablaba (Fernández tuvo dos ministras de Mujeres durante su mandato), Elizabeth Gómez Alcorta salió a rechazar la acusación. “Fabiola nunca me comentó esta situación. Nadie puede dudar de lo que habría hecho en ese caso; como cuando se violaron derechos de mujeres indígenas y presenté mi renuncia”, escribió en sus redes sociales.

La denuncia, que seguirá su curso, sacudió el escenario político. Fue aprovechada por La Libertad Avanza y el PRO para reflotar sus críticas sobre el Gobierno de Fernández y también sobre el colectivo feminista, al que han elegido como antagonista. El dispositivo de comunicación digital paraoficial desplegó una fuerte campaña en redes, señalando a figuras, comunicadores y agrupaciones feministas por la responsabilidad de haber votado a una persona denunciada por violencia de género. El mismo dispositivo comunicacional que exalta al expresidente estadounidense Donald Trump, condenado por abuso sexual, y que todavía hostiga a la denunciante del también abusador condenado Juan Darthés. La operación apuntó a deslegitimar las políticas de género llevadas adelante durante la gestión de Fernández e impulsadas por el colectivo feminista haciendo uso de un recurso remanido pero muy eficaz: el cuestionamiento a las políticas no por su contenido sino por quien firmó el decreto o reglamentó la ley que las puso en marcha.

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