Mauricio Macri, el ministro de Transporte, Guillermo Dietrich, el ex ministro de Energía y ex presidente de Shell Argentina, Juan José Aranguren y el canciller, Jorge Faurie, quedaron imputados por “traición a la Patria”, por el acuerdo firmado con Gran Bretaña que autoriza a conectar con vuelos semanales a las Islas Malvinas con Brasil, haciendo escala en Córdoba, lo que facilita enormemente las actividades y negocios de los kelpers que usurpan nuestro territorio.

El fiscal Di Lello, desde la Fiscalía Nacional en lo Criminal Federal Nro. 1, investigará el decreto 602/2019 que fuera publicado el 30 de agosto pasado y que permitió que la aerolínea Latam pueda conectar a San Pablo con nuestras islas. Di Lello solicitó al juez a cargo, Luis Rodríguez, que se suspenda el primer vuelo, pautado para el 20 de noviembre, Día de la Soberanía Nacional, en conmemoración de la Batalla de la Vuelta de Obligado. Nada es casual en la diplomacia, tampoco las fechas.

Un fuerte cuestionamiento al decreto es que fue una decisión que debió haber pasado por el Congreso Nacional. Por eso la fiscalía actúa “ante el posible menoscabo de la soberanía nacional”.

“Entiendo que el Poder Ejecutivo no puede seguir avanzando en la ejecución de acuerdos con Gran Bretaña que no cuenten con la aprobación del Congreso y los que ya efectuara deberán ser sujetos a investigación en los términos antes aludidos”, explicó Di Lello y pidió al juez “adoptar medidas urgentes a los fines de preservar al Estado Argentino de posibles daños económicos graves a los que estaría expuesto en relación con el derecho internacional”.

“Bajo la inocente habilitación de realizar vuelos desde Brasil hacia Malvinas, se renuncia a los derechos soberanos del espacio aéreo, se renuncia a los derechos de control sobre el transporte aéreo”, sostuvo por su parte la abogada denunciante, Valeria Laura Carreras.

De más está decir que estos vuelos solo benefician la política de usurpación británica sobre nuestras islas.

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