La resolución judicial marca un freno a las políticas de ajuste de Javier Milei que habían dejado a miles de adultos mayores sin acceso garantizado a tratamientos crónicos, imponiéndoles requisitos burocráticos desproporcionados y excluyentes.
El PAMI deberá restituir de manera inmediata la cobertura del 100% de los medicamentos esenciales para jubilados y pensionados de la Provincia de Buenos Aires, según lo ordenó el juez federal mendocino Pablo Quirós. El magistrado dio lugar a un amparo colectivo presentado por la Asociación Civil de Adultos Mayores y Jubilados Independientes de Bahía Blanca y remarcó que los adultos mayores integran uno de los sectores más vulnerables de la sociedad, por lo que el acceso a la salud integral no puede quedar atado a requisitos arbitrarios ni a la voluntad de un gobierno de ajuste.
La decisión judicial obliga a retrotraer la situación a diciembre de 2024, cuando la administración de Javier Milei pulverizó el Plan Vivir Mejor e impuso un filtro económico para acceder al beneficio. Los afiliados debían demostrar ingresos inferiores a 1,5 haberes mínimos, hoy equivalentes a 389.388 pesos, además de atravesar engorrosos trámites digitales que constituyeron un verdadero laberinto burocrático para un sector marcado por la movilidad reducida y la brecha tecnológica. En la práctica, se trató de un recorte encubierto que dejó a miles de jubilados sin acceso a medicamentos imprescindibles para sostener tratamientos de carácter crónico.
El fallo no surge en soledad. La Cámara Federal de Mendoza ya había confirmado la medida de Quirós y rechazado la apelación del gobierno, subrayando que las resoluciones del PAMI eran desproporcionadas e injustificadas. El tribunal señaló que la interrupción en la provisión de medicamentos puede generar daños irreparables y que el organismo no demostró contar con un sistema alternativo ágil y accesible. Incluso destacó que obligar a adultos mayores a presentar documentación digital o estados patrimoniales era directamente excluirlos de un derecho básico.
En este nuevo pronunciamiento, el juez fue contundente: exigir que jubilados enfermos realicen trámites complejos para probar información que ya obra en manos del Estado es una exigencia desmedida y violatoria de derechos. Recordó que la propia Ley Bases, impulsada por el gobierno libertario, establece que ningún ciudadano debe presentar documentos que la Administración ya posee, lo cual vuelve aún más irrazonable la postura oficial.
El argumento central es que la salud de los jubilados no puede ponerse en pausa hasta que se cumpla con la burocracia. Las personas mayores dependen de los medicamentos de manera permanente e interrumpida, y la falta de continuidad en los tratamientos puede significar un riesgo directo para sus vidas. Por eso, el juez consideró “imperiosa y justificable” la medida cautelar para evitar consecuencias irreparables.
El caso expone con crudeza el costo humano de las políticas de ajuste de Javier Milei. Bajo la retórica de la “eficiencia burocrática” se escondió un recorte que golpeó a quienes menos tienen, dejando a miles de jubilados a merced de su suerte. No es un debate teórico, sino una cuestión de vida o muerte: los remedios que hoy se devuelven por orden judicial son los mismos que el gobierno intentó restringir en nombre de la disciplina fiscal.
La resolución representa un triunfo judicial pero también una advertencia política. La Justicia reconoció el derecho colectivo de las asociaciones de jubilados a defender a sus afiliados, sentando un precedente frente a un Estado que intenta desentenderse de su obligación constitucional de garantizar la salud. Frente a un gobierno que promueve recortes despiadados, la decisión del juez Quirós devuelve algo de justicia a un sector al que Milei prefiere ver como un gasto antes que como personas con derechos.
Tiempo/En Orsai
