La Cámara de Diputados convirtió en ley el proyecto que establece que todos los empleados públicos deben recibir una capacitación integral en materia ambiental. La norma, que establece la “capacitación obligatoria en la temática de ambiente” para todas las personas que se desempeñen en la función pública en todos sus niveles y jerarquías en los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial de la Nación, fue denominada Ley Yolanda, en homenaje a Yolanda Ortiz, la primera secretaria de Recursos Naturales y Ambiente Humano de Argentina, quien falleció el año pasado. El proyecto, originado y aprobado por unanimidad en el Senado, fue sancionado por la Cámara baja con 213 votos a favor y 1 en contra, que correspondió al diputado del PRO de Neuquén Francisco Sánchez, y 2 abstenciones.

La norma se debatió en el marco de la extensa sesión que se había iniciado el martes al mediodía y que concluyó, tras más de 20 horas de debate, este miércoles, en la cual se aprobaron también los proyectos de Aporte Solidario Extraordinario a las Grandes Fortunas y modificaciones a la ley de Manejo del Fuego. La nueva ley establece una formación obligatoria “con perspectiva de desarrollo sostenible” en materia medioambiental, y con particular “énfasis en el cambio climático”.

La ley establece que los “lineamientos generales deberán contemplar como mínimo información referida al cambio climático, a la protección de la biodiversidad y los ecosistemas, a la eficiencia energética y a las energías renovables, a la economía circular y al desarrollo sostenible, así como también deberán contemplar información relativa a la normativa ambiental vigente”.

No obstante, será la autoridad de aplicación de la ley la que deberá en los 90 días posteriores a la entrada en vigencia de la norma determinar los lineamientos generales destinados a las capacitaciones convocando a “instituciones científicas especializadas en la materia, así como de la sociedad civil y sus organizaciones”.

También dispone que las personas que se nieguen “sin justa causa” a realizar las capacitaciones “serán intimadas en forma fehaciente por la autoridad de aplicación”, y el incumplimiento de esa intimación “será considerado falta grave dando lugar a la sanción disciplinaria pertinente”. Además, la autoridad de aplicación podrá hacer pública en su página web la negativa a participar en la capacitación.

La senadora nacional de San Luispor el Frente de Todos, María Eugenia Catalfamo, impulsora del proyecto que luego se consensuó con la oposición, dijo a Página/12 que “la iniciativa surgió a partir de una propuesta de Jóvenes por el Clima de mi provincia y lo presentamos el 5 de junio pasado en el marco del Día Internacional del Medio Ambiente. Una semana después presentó otro proyecto Gladys González (PRO) y ahí unificamos la idea. Hemos trabajado en equipo con la oposición en este tema en particular y por eso salió por unanimidad en el Senado y con un amplio consenso en diputados”.

“Lo que buscamos es, además del reconocimiento a Yolanda Ortiz, una activista comprometida que introdujo las cuestiones ambientales en el país y la primera secretaria de Recursos Naturales, capacitar a todos los agentes de la administración pública en materia ambiental haciendo hincapié en el cambio climático, entendiendo que esta perspectiva debe ser transversal a todas las áreas del Estado. No solamente para pensar políticas públicas en beneficio de la sociedad en su conjunto sino también para poder legislar y aplicar las leyes”, agregó.

Y remarcó que “venimos viendo, y lo advierte la comunidad científica nacional e internacional, los efectos nocivos que provoca la mano del hombre en el ambiente, con la agricultura a gran escala, la deforestación, los incendios forestales, entre tantas otras cuestiones que nos tienen que poner en alerta, y hacer entender que se debe empezar a accionar políticas públicas con perspectiva ambiental”.

En ese sentido, la legisladora opinó que “la actividad diaria de los agentes del Estado, la vorágine en la que vivimos todo el tiempo, no permite formar de manera integral en distintos temas que son trascendentales para el desarrollo de una nación. Entonces, como consideramos que el medio ambiente, como la perspectiva de género y de la diversidad, debe ser trascendente en esto de la formación y capacitación continua, al establecerlo por ley nos da, al menos, la obligatoriedad de que lo hagamos”.

Página/12