Laura Alonso, titular de la Oficina Anticorrupción (OA), señaló en una entrevista en el canal América que el organismo a su cargo no interviene en causas judiciales contra funcionarios de Cambiemos. “En este momento no estamos querellando en ninguna de esas causas, porque para que me acusen de encubridora de las causas y de ir a embarrar causas de la corrupción de este gobierno, que la lleven adelante los fiscales y los jueces naturales”, dijo la funcionaria, reconociendo así que el organismo no trata igual a oficialistas y a opositores.
La Oficina Anticorrupción es un organismo que funciona en la órbita del Ministerio de Justicia de la Nación y fue creada en 1999, luego de la sanción de la Ley de Ética en el Ejercicio de la Función Pública. Tiene como principal objetivo la prevención e investigación de la corrupción. Una de sus facultades, de acuerdo con el Decreto 102/1999, es la de constituirse como querellante en causas judiciales en las que se encuentre afectado el patrimonio del Estado.
¿Qué quiere decir esto?
Que en causas en las que se investigan hechos de corrupción el Poder Ejecutivo Nacional, a través de la OA, puede ser parte y, por lo tanto, tener acceso a los expedientes; solicitar al juez medidas de prueba, indagatorias, detenciones; y aportar documentación.
Ante un pedido de acceso a la información realizado en enero de 2019 por Chequeado, la Oficina Anticorrupción respondió que el detalle de causas en las que el organismo es querellante fue incluido en sus informes anuales. De acuerdo con el Informe de Gestión 2018, el organismo a cargo de Laura Alonso es querellante actualmente en 41 procesos judiciales, pero el documento sólo destaca algunos ejemplos: las causas conocidas como “Los Sauces”, “Cuadernos de la corrupción” e “YPF”.
Otra fuente judicial coincide con esa cifra y allí sí se puede ver el detalle completo de causas en las que la OA participa como parte. Según datos del Observatorio de la Corrupción del Centro de Información Judicial (CIJ), que depende de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, la OA es querellante en 41 expedientes en trámite. En ese listado no hay ningún expediente en el que está involucrado un funcionario del actual gobierno.
La mayor parte de esos expedientes son causas de corrupción vinculadas a funcionarios del gobierno de Cristina Fernández de Kirchner, en las que la OA, en la mayoría de los casos, se constituyó como querellante luego de diciembre de 2015. Hay, en menor medida, algunos expedientes que involucran a funcionarios del gobierno de Carlos Menem, como la causa “Thales Spectrum” o el caso “Siemens”.
“Cuando una gestión asume es normal que durante el primer año cuente con casos del gobierno anterior por la falta de denuncias, pero a medida que pasa el tiempo -en base a criterios objetivos- la Oficina debe mostrar su imparcialidad investigando casos que correspondan a funcionarios de turno”, señaló a Chequeado Manuel Garrido, ex director del Área de Investigación de la OA entre 1999 y 2003.
Alonso destacó en su cuenta Twitter que la OA ha hecho aportes y contribuciones en causas judiciales que involucran a funcionarios del actual gobierno. Este medio pidió al organismo que especifique en qué expedientes había intervenido, pero desde la OA indicaron que para obtener esa información se debía hacer un pedido de acceso a la información pública. Chequeado hizo formalmente el pedido antes de la publicación de esta nota.
¿Qué pasó en los gobiernos anteriores?
Si bien no es el único indicador para medir la actividad del organismo, desde su creación la OA tuvo actividad como querellante en muchas causas y, en algunos casos, con funcionarios del gobierno de turno. En sus primeros dos años de funcionamiento, entre diciembre de 1999 y fines de 2001, la Oficina Anticorrupción se constituyó en querellante en 31 causas judiciales.
Por ese entonces, con Fernando De la Rúa como presidente de la Nación, el jefe del organismo era José Massoni. La oficina intervino, entre otros casos, en uno que involucraba al cuñado del presidente, Basilio Pertiné, y en la causa conocida como los sobornos en el Senado, que culminó con la absolución de todos los acusados.
Hacia fines de 2007, último año del gobierno de Néstor Kirchner, la OA era querellante en 87 causas judiciales. Entre ellas, una sensible para el gobierno de entonces, la llamada causa “Skanska”. Tras un primer año a cargo de Daniel Morín (durante su gestión el organismo se presentó en cinco querellas pero los informes no señalan cuáles son), el titular de la OA durante gran parte de esta gestión fue Abel Fleitas. “La querella también puede servirle a los gobiernos para acceder a la información de la causa y entorpecerla, no sólo para impulsar la acción judicial”, aclaró Garrido sobre el accionar de la oficina durante el kirchnerismo.
En 2015, al final del gobierno de Cristina Fernández de Kirchner, la OA, a cargo de Julio Vitobello, era querellante en causas como en la que se investigaba la reestructuración de la deuda de la provincia de Formosa, en la que estaba imputado el entonces vicepresidente de la Nación, Amado Boudou; otra en la que se investigaba al ministro de Defensa, Arturo Puricelli, por defraudación; un expediente en el que se investigaba por desvío de fondos a la ex secretaria de Ambiente Romina Picolotti y otro en el que estaba imputado el ex ministro Julio De Vido por el presunto direccionamiento del proceso de contratación de la empresa encargada de supervisar el sistema SUBE.
“Los criterios de actuación en los casos de la OA deben ser objetivos, como el monto involucrado, la jerarquía de los funcionarios involucrados o el impacto social que puede tener la causa que se está investigando”, explicó Garrido. Y, en este sentido, agregó: “Si bien la oficina no tuvo una actuación para nada destacable durante el kirchnerismo, es difícil defender una gestión donde no haya ningún querellado del gobierno actual, lo que demuestra la falta de autonomía e imparcialidad de la oficina”.
“La actuación de la Oficina Anticorrupción como querellante en causas de corrupción debe estar determinada por criterios objetivos y conducentes al cumplimiento de su misión. La pertenencia de las personas investigadas a uno u otro gobierno nunca puede ser uno de esos criterios”, señaló la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ) luego de la polémica por los dichos de Alonso.