“Me importan tres carajos los dos tercios, yo no me vine a atar al sillón”. La reflexión a modo de arenga de Javier Milei la escucharon varios interlocutores durante las 48 horas posteriores a la votación en el Senado sobre la reforma de movilidad jubilatoria. El domingo, en una entrevista en Radio con Vos, el jefe de bancada peronista en el Senado, José Mayans, fue consultado a propósito de la nota de Pablo Ibáñez publicada en Cenital y no descartó el juicio político al presidente. Además, dijo que estaba “para el psiquiátrico”. Esto significa, entonces, que la explosión de Milei ocurrió antes de la logorrea del formoseño: el presidente cree que la votación del PRO tuvo como objetivo mostrarle a Casa Rosada que la oposición en su conjunto podía conseguir esos ⅔.
Sólo así se explica el comportamiento de Mauricio Macri que acompañó el proyecto con sus espadas legislativas y luego apoyó el veto anunciado por Milei. Lo más singular es que esto ocurrió luego de un encuentro entre ambos, del que Macri no obtuvo ni siquiera un compromiso. El repliegue momentáneo ‘del amarillo’ –como lo llaman en el entorno de Milei– responde al costo que el ecosistema de La Libertad Avanza le hizo pagar con su propio mercado electoral con la contraofensiva posterior a la votación.
La cuestión de las fórmulas jubilatorias merece un doble clic contextual para entender el peso fiscal de la discusión. El gasto en seguridad social es el más cuantioso entre los primarios del Estado, más allá de su propio funcionamiento. Hace años, a su vez, que los cambios demográficos hicieron que los sistemas previsionales dejaran de ser sustentables en términos de la relación con la recaudación de aportes y contribuciones y requieran de niveles crecientes de auxilio fiscal. No es casualidad que, en el mundo, los sistemas previsionales sean objeto de recortes, subas de edad jubilatoria, aumento de años de aportes para acceder a beneficios, entre otras medidas que tomaron gobiernos diversos como el de Michel Temer en Brasil o Emmanuel Macron en Francia. Tampoco es casualidad que un derecho que, al menos en expectativa, alcanza no sólo a los actuales jubilados sino a todos los trabajadores en actividad, sea un dinamizador de importantes y duras resistencias a estos efectos.
En Argentina, la presión fiscal sobre el sistema crece por las sucesivas moratorias. Desde el sector libertario, las acusan de haber roto el sistema. Aún con sus costos, es una imputación compleja. Las diferencias entre los “que aportaron toda su vida” y los que no lo hicieron en general no fue en casi ningún caso una cuestión de voluntad del trabajador y en Argentina la elevada informalidad hubiera dejado a millones afuera del sistema en el momento en que más lo necesitaban. Por lo demás, en un sistema que no se financia sólo con aportes y contribuciones sino, desde hace tiempo, con aportes del tesoro, una política social de acceso universal –ya sea con un beneficio pleno o incluso uno reducido, como la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM)– sostiene un umbral de dignidad universal para la vejez que vuelve a la Argentina una sociedad un poco más amable.
La discusión sobre la fórmula de actualización es una discusión sobre los márgenes y no sobre el corazón del sistema. Son márgenes sustanciales. La propuesta aprobada por diputados y senadores tendría un relevante costo fiscal este año, que se volvería más importante el siguiente. Las estimaciones del costo varían, pero se ubican entre 0,6 y 1,2 puntos del PBI en 2025, dependiendo de las suposiciones que se hagan sobre la continuidad y actualización de los bonos que hoy cobran los haberes más bajos y que no generan derechos adquiridos. La fórmula aprobada por las Cámaras es, además, pro cíclica, con aumentos automáticos cuando los sueldos crecen, que no se compensan cuando caen. Al menos provisoriamente, podía tener algún sentido.
Tanto durante el último Gobierno peronista, como durante lo que va de la administración Milei el gasto en jubilaciones se redujo. Casi un tercio del ajuste fiscal libertario lo explican las jubilaciones, que sólo pararon de caer con el cambio de fórmula que pasó de atarlas a la recaudación y el crecimiento de los salarios a hacerlo a la inflación. Un movimiento que a su vez las congeló en términos reales en los bajos niveles de inicio de mandato. No fue inocente. Con la fórmula aprobada por el peronismo, las jubilaciones bajaban en épocas de recesión y alta inflación pero crecían en términos reales cuando crecía la economía, por encima de la recaudación del Estado. Si la economía se recupera, el sistema anterior, que tan útil fue para el ajuste, hubiera puesto en jaque al superávit.
Los legisladores aprobaron una propuesta más tímida en términos de costo fiscal que reponer la problemática fórmula previsional aprobada por el peronismo o algo por el estilo. Pero asiste razón a quienes señalan que lo aprobado por los legisladores induce un costo fiscal que no indicaron cómo financiar. No fueron sólo Milei y el ambivalente Macri. Figuras económicas del gobierno anterior, como Martín Guzmán y Gabriel Rubinstein –que acompañó a Sergio Massa durante su gestión como ministro– se hicieron eco del cuestionamiento sobre la aprobación de gastos sin financiamiento. En un país sin acceso al crédito ni posibilidades de emitir sin generar inflación el equilibrio o superávit fiscal es indispensable.
Es necesario, de todos modos, preguntarse por las decisiones distributivas del ajuste encarado por Milei. Mientras bajaron las jubilaciones y califica de degenerados fiscales a los legisladores, el gasto tributario –subsidios y exenciones a distintos sectores, que incluyen a Tierra del Fuego, la economía del conocimiento, el impuesto a las ganancias del poder judicial, entre otros ganadores perpetuos– se mantiene en gran medida inalterado. Hay evidencia también de que otras decisiones, de corte ideológico –como el desfinanciamiento de la obra del reversal del gasoducto del norte– están generando mayores costos que ahorros, en forma de exportaciones y recaudación impositiva que no se producen.
En este sentido, un estudio encargado por el peronismo en el municipio de Moreno reveló datos que explican la cautela, por ejemplo, de Cristina Kirchner o de Massa. Ante la pregunta de cuánto tiempo estaría dispuesto a tolerar el ajuste, un 37% de los encuestados respondió “todo el que sea necesario” mientras que un 15% dijo que “de 3 a 6 meses más”. Son datos similares a los que tiene el Gobierno que asegura que esa distribución llega al 60%. La lectura tóxica para el oficialismo es que dentro de ese universo, la enorme mayoría reconoce haber recortado gastos o encontró la necesidad de acudir a segundas marcas.
Sin embargo, los problemas del Gobierno aparecieron por la política interna. A la previsible reacción de Francisco Paoltroni se le sumó la publicación de chats de la diputada Lourdes Arrieta que transformó una visita a un penal en una conspiración. Ambos, en distintos momentos, serán expulsados del bloque de LLA. Paoltroni, sin embargo, lo había avisado. “El que las hace las paga”, advirtió cuando lo corrieron de la presidencia provisional del Senado en lugar de Bartolomé Abdala. Aquel fue un acuerdo entre Mayans y la vice, Victoria Villarruel, por instrucción de Gildo Insfrán que no quería a un formoseño con proyección en su provincia.
Esa cercanía fue creciendo con el tiempo y es la que le hizo decir a Mayans que no descarta la idea del juicio político. El que primero se debe haber agarrado la cabeza por esa declaración es Santiago Caputo que hoy es el último obstáculo para la entrada de Macri al Gobierno. Declaraciones como las de Mayans achican las opciones de Milei para sus alianzas tácticas. Caputo piensa en el peronismo como ese aliado en materia judicial y repite en privado que acompañar a Ariel Lijo y Manuel García Mansilla destrabaría la posibilidad de discutir la ampliación de la Corte y el procurador sin la necesidad de subir a Macri a esa mesa de debate.
El kirchnerismo reclama, antes, una muestra de amor como la voluntad manifiesta de ampliar el máximo tribunal. Eso sería un juego a dos bandas, pero negativo: aumentaría las chances de fracaso de los candidatos del Poder Ejecutivo y complicaría muchísimo la discusión sobre esa eventual ampliación. Desde 2011, la política judicial K solo acumula tropiezos. Tal vez sea momento de probar otra cosa.
Esto podría explicar –aunque no lo hace en su totalidad– la reaparición de Cristina. “Pericia psiquiátrica le vamos a pedir a los que dicen que Villarruel es peronista”, escribió CFK en X. En realidad, la intervención estaba destinada a desactivar la idea del impeachment: sin sus votos, los ⅔ son una fantasía. Es la conocida desviación institucionalista de la expresidente que le critican los propios, no le reconocen los adversarios, pero precisa la Argentina.
Con la resina del tuit puso del otro lado de la ligustrina a quienes ven en Villarruel una posible aliada, pero no era el objetivo central del mensaje: Cristina no respeta ni toma en serio a Guillermo Moreno aunque pueda divertirse con los escarceos mediáticos del ex secretario de Comercio por el enfrentamiento de La Cámpora con Axel Kicillof. La hipótesis Villarruel es, además, equivocada: la vice no existe electoralmente por fuera de Milei. Sus momentos de mayor costo en los grupos focales ocurren cuando sus votantes perciben que obstaculiza el funcionamiento del Gobierno. Así las cosas, la titular del Senado sabe que no la tendrán en cuenta para las listas del año que viene ni, mucho menos, para repetir fórmula en 2027 en caso que el presidente vaya por su reelección.
“Piensan en un juicio político con Macri y después buscan los motivos, que no rompan las pelotas con pelotudeces”, se la escuchó decir en privado. Caputo y Cristina comparten adversario. También parte del radicalismo. Y del PRO. ¿Juntará Macri, por oposición, las voluntades que en otro momento aunó CFK? Está por verse.
Esta semana quiero recomendarles el artículo que publicó Gabriel Sued en la web de Cenital el fin de semana explicando los motivos detrás de la posible negociación entre el kirchnerismo y el Gobierno libertario que le despejaría a Ariel Lijo su camino a la Corte Suprema. Y si ayer se sorprendieron por la denuncia de Mercado Libre a 36 bancos acusándolos de infringir la ley de Defensa de la Competencia, quizás les convenga repasar el episodio de #FallaDeMercado en el que Jairo Straccia explicaba en pocos minutos cómo había hecho la empresa de Marcos Galperín para quedarse con el mercado de las billeteras virtuales.
Iván Schargrodsky | Cenital