Según el magistrado, el expediente permanece reservado únicamente para las partes implicadas en el proceso, dado que contiene pruebas de carácter confidencial cuya divulgación podría comprometer el avance de las diligencias y la integridad del caso.

El juez federal Marcelo Martínez De Giorgi denegó la solicitud de acceso al expediente penal presentada por la Comisión Investigadora sobre la Criptomoneda $LIBRA, liderada por el diputado Maximiliano Ferraro, de la Cámara de Diputados. En esta causa se investiga al presidente de la Nación, Javier Milei; su hermana y secretaria general de la Presidencia, Karina Milei; y otros involucrados por una presunta estafa relacionada con la criptomoneda. Según el magistrado, el expediente permanece reservado únicamente para las partes implicadas en el proceso, dado que contiene pruebas de carácter confidencial cuya divulgación podría comprometer el avance de las diligencias y la integridad del caso.

Además de negar el acceso al expediente, Martínez De Giorgi también rechazó un pedido para detener a Manuel Terrones Godoy y Mauricio Gaspar Novelli, quienes estuvieron detrás del evento Tech Forum, donde se promocionó $LIBRA. La solicitud había sido planteada por un damnificado de la criptomoneda. Entre las sospechas que rodean el caso figura una posible manipulación en el lanzamiento de $LIBRA, ya que tras un tuit publicado por Milei en febrero pasado, el valor de la criptomoneda escaló rápidamente de 0.01 dólares a 5 dólares, aunque más tarde el presidente eliminó el posteo asegurando no estar al tanto del asunto. Este movimiento financiero dejó pérdidas millonarias para unos mientras otros retiraban cantidades significativas antes de que el valor colapsara.

En la investigación figuran como imputados, además de Milei y su hermana Karina, otros nombres como Novelli, Terrones Godoy, Julian Peh, Hayden Mark Davis y Sergio Morales, ex asesor de la Comisión Nacional de Valores. Paralelamente, la Comisión $LIBRA busca esclarecer los hechos desde el ámbito legislativo, solicitando acceso irrestricto al expediente judicial para analizar las pruebas recabadas. Sin embargo, tanto el juez como la Cámara Federal han rechazado solicitudes relacionadas con esta causa, impidiendo incluso convocatorias obligatorias para declarar ante Diputados.

El fiscal Eduardo Taiano y los representantes legales de los investigados sostienen que las medidas probatorias en curso requieren especial reserva, criterio respaldado por el magistrado en sus argumentos. Según el Código Procesal Penal de la Nación, los expedientes son públicos únicamente para las partes involucradas en el proceso. La Comisión Investigadora insistió en apelar los fallos desfavorables ante la Cámara Federal de Casación Penal, buscando ampliar su alcance en la pesquisa sobre el escándalo vinculado con $LIBRA.

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