El presidente enfrenta las sospechas de estafa y tráfico de influencias. El suceso, que afectó su imagen y la del Gobierno, tiene consecuencias: del otro lado se mueven fichas y se rearma el juego.
El presidente Javier Milei coronó este sábado su peor semana desde que asumió el cargo con un discurso ante la convención de la ultraderecha global que se desarrolla en Estados Unidos. En un intento por retomar el control de la conversación pública, apostó por una exposición 100% sobre la batalla cultural con advertencias o desafíos que, un poco por remanidos y otro poco por la fenomenal crisis de imagen que atraviesa su gobierno, no lograron el efecto provocador buscado. Salida del Mercosur, tratado de libre comercio con Estados Unidos y la diatriba en contra del Estado. Un Milei clásico que hace algunas semanas sonaba novedoso y hoy parece repetitivo y desorientado.
Las encuestas que muestran el impacto negativo del criptoescándalo, todavía incierto en profundidad y consecuencias, sobre su imagen y la de su administración se acumulan. La última, de Management & Fit, muestra que 9 de cada 10 consultados está al tanto del episodio y que más de un 75% considera que Milei no debería promocionar inversiones financieras de ningún tipo. Para el 63,7% el presidente tuvo algún tipo de responsabilidad en el desarrollo de la estafa y el 51,2% dice que lo ocurrido afectó negativamente su confianza en la imagen presidencial. Son números que combinan con los sondeos de Jorge Giacobbe y Zuban Córdoba, entre otros.
Las dos situaciones se dan en paralelo: al Gobierno le cuesta hacer pie en la crisis y la información que complica al mandatario y a su entorno continúa fluyendo. Sin encontrar aún una estrategia que le permita retomar el control del escenario político, Milei tuvo un respiro cuando su escudo político –integrado por el PRO de Mauricio Macri y los gobernadores radicales– se activó para frenar la comisión investigadora. Sin embargo, dos días más tarde, la Justicia federal abrió otra línea que lo tiene como principal apuntado por estafa y tráfico de influencias.
Por ahora, Karina Milei quedó afuera de la investigación que recién arranca el fiscal Eduardo Taiano. El funcionario judicial no parece haber empezado su labor con el mayor ímpetu, tras las repetidas versiones sobre que la hermana del presidente cobra (¿o cobraba?) un peaje de varios miles de dólares para acceder a él. Los tiempos de la Justicia federal en Argentina son netamente políticos. Es difícil despegar los cálculos de jueces y fiscales de los de gobernadores como Gustavo Valdés, Maximiliano Pullaro, Leandro Zdero, Alfredo Cornejo y Hugo Passalacqua. Estos no solo siguen mirando qué pueden conseguir del Poder Ejecutivo Nacional, sino también la popularidad que, a pesar de los magullones, Milei sostiene. Si hay posibilidades de cambio en los dos frentes es probable que se den en paralelo: el Poder Judicial avanzando a paso firme y el Congreso decidiéndose, por fin, a investigar.
Entre las pocas certezas que maneja la Casa Rosada hay una a la que apuestan mucho por estas horas: la visibilidad de los movimientos en el resto del arco político, al que el estratega de la comunicación oficial, Santiago Caputo, quiere responsabilizar por la crisis que atraviesa el Gobierno. Ya circulan entre cuentas libertarias –siempre alimentadas por las del dispositivo de comunicación paraoficial– posteos responsabilizando directamente a Cristina Fernández de Kirchner por orquestar el criptoescándalo para perjudicar a Milei.
La expresidenta dejó trascender este sábado su desacuerdo sobre la estrategia con la que avanza el gobernador de la provincia de Buenos Aires. Axel Kicillof presentó su línea interna propia en el peronismo, llamada Movimiento Derecho al Futuro (MDF), con el respaldo de 45 intendentes (un tercio de la provincia), la CGT, las dos CTA y numerosos legisladores nacionales. El lanzamiento llegó en un momento sorpresivo: en medio del criptoescándalo y mientras en La Cámpora dejaban trascender algún grado de distensión con el gobernador a partir de –principalmente– los puentes de diálogo que se abrieron entre ambas partes, viabilizados por el platense Julio Alak. La expectativa, al menos en el cristinismo, era poder acordar las listas en la provincia, algo que en las últimas horas parece más complejo.
Para el Instituto Patria, el lanzamiento del MDF fue “un movimiento de escisión” que no suma nada sino que solamente “divide lo existente”. En sus encuentros con dirigentes peronistas, Cristina no se cansa de mostrar su malestar con Axel y de vaticinar que se equivocará si decide desdoblar la elección bonaerense de la nacional. En la mirada de Cristina, el gobernador se expondrá así a una derrota segura. Kicillof argumenta con la factibilidad en la mano: hizo un simulacro de elección simultánea y cada elector requirió de 3:50 minutos para concretar el voto, con dos urnas separadas y boleta única. Más del doble de tiempo que en una elección tal como las conocíamos hasta ahora.
Esa decisión de Kicillof no llegará hasta que no haya, primero, una resolución sobre si el territorio bonaerense tendrá o no elecciones Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO). Esta instancia ya está suspendida a nivel nacional. Cerca del gobernador, los más anticristinistas consideran que se volverá imposible sostener las PASO locales, tanto discursiva como políticamente. Kicillof todavía hace equilibrio. Gustaría de lograr la suspensión con acuerdo de todos los sectores del peronismo, aunque los números muestran que tal vez pueda hacerlo sin necesitar de los del kirchnerismo. ¿Una ruptura visible y lacerante en la Legislatura en la antesala de la disputa electoral? Kicillof quisiera evitarla, aunque no a cualquier precio.
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