El gobierno ofreció, a contrarreloj y con la condición de que firmen, una décima parte de lo que piden los sindicatos por una pérdida salarial de más de 55 puntos. La provocación generó indignación.

La semana que pasó, las federaciones que representan a los trabajadores docentes y no docentes de las 61 universidades nacionales coincidieron en un paro general el jueves que en varias se extendió por 48 y hasta 72 horas. El acatamiento, aseguran, fue total. El miércoles habrá otro paro y una nueva marcha federal.

El reclamo se enfoca en la defensa de la universidad pública que se centra en la lucha por el salario de sus casi 200 mil docentes y 50 mil no docentes. Desde la asunción del gobierno, los salarios perdieron más de 50 puntos con relación a la inflación. Los gremios denuncian que el derrumbe de los haberes que ya perforaron la línea de indigencia, obligó a muchos docentes a abandonar sus puestos para orientarse a la enseñanza media donde las remuneraciones, por primera vez en la historia, son superiores. La política de asfixia salarial, aseguran, apunta a un vaciamiento de las casas de estudio y, llegado el caso, a un arancelamiento que afectará a dos millones de estudiantes que cursan en todo el país.

El 23 de abril se realizó la primera movilización universitaria que, en todo el país, logró la adhesión activa de más de 1,5 millones de personas. La acción sirvió para que el gobierno liberara los fondos para el funcionamiento de las casas de estudio aunque a cuenta gotas y en forma discrecional. Sin embargo, esas partidas representan apenas el 8% del presupuesto total: el 92% restante son las remuneraciones de sus trabajadores.

Aquella marcha fue un duro golpe para el gobierno, que presenció como gran parte de su base electoral rompió activamente con el programa libertario. Ahora se espera una nueva marcha de proporciones que se perfila como un canal para que se exprese el malestar general de la población.

Chantaje

Consciente de esa situación, el gobierno convocó el jueves a una paritaria de la que notificó a los gremios con solo tres horas de anticipación. Allí ofreció un aumento del 5,8% para octubre que los gremios rechazaron en forma unánime. Se trata de apenas un 10% del reclamo que llevan adelante.

El rechazo ya se había producido en anteriores oportunidades, cuando el gobierno ofreció aumentos irrisorios que, sin acuerdo gremial, igual ejecutó. Esta vez, un comunicado del Ministerio de Capital Humano señaló que su propuesta “habría llevado sus ingresos a niveles equivalentes” a los del resto de los empleados públicos nacionales. El rechazo gremial, dicen, “frustra un avance salarial histórico”.

Los sindicatos calificaron esa actitud como “un chantaje” para desmontar la movilización que, aseguran, será todavía más imponente. El comunicado, dicen, generó una enorme indignación.

Voces

Carlos De Feo, secretario General de CONADU, señaló a Tiempo que “la movilización va a ser muy importante. Nos convocaron con tres horas de anticipación a la reunión en la que hicieron una oferta que dicen que es histórica, pero representa apenas el 10% de la deuda que ellos mismos reconocieron en la reunión cuando dijeron que hay casi un 70% de atraso salarial”.

Para Antonio Roselló, secretario de Organización de CONADU Histórica, “fue otra falsa paritaria. Una maniobra para desbaratar el paro y, sobre todo, la gran marcha federal. Ofrecieron una décima parte de lo que nos robó el gobierno desde que asumió”.

Para Rosello, “la miserable oferta salarial es para vaciar la universidad de estudiantes y docentes que vienen renunciando porque ni siquiera pueden asistir”. El dirigente destacó que, además, en la reunión “ratificaron que van a vetar la ley de financiamiento universitario y el presupuesto 2025 que plantea más ajuste. No podemos más que rechazar, reafirmar el paro y preparar una marcha aún más masiva con todo el pueblo trabajador”.

Para De Feo, “nos están chantajeando para que firmemos un acuerdo y levantemos la marcha que no es por la paritaria sino contra el veto de la ley de financiamiento. Si firmamos un 5,8% no podemos entrar a la universidad. Todos quieren paro”. El dirigente agregó que “el comunicado (oficial) cayó muy mal y va a promover la movilización que va a ser otra derrota política para el gobierno. Milei no puede retroceder porque ya dijo que la va a vetar”. Si lo hace, señaló, “será un fósforo en un tanque de nafta”.

Desde los sectores no docentes, Jorge Anró, secretario adjunto de FATUN, señaló que “saldremos a la calle porque, más allá de los reclamos sectoriales, defendemos un modelo de universidad que el país necesita para crecer y para desarrollarse. Por eso esperamos que acompañe el conjunto del pueblo”.

Vanina Biasi que ejerció como delegada general de APUBA (no docentes) en la facultad de Ciencias Sociales y es diputada nacional por el FIT-PO, señaló que “es importante tener en cuenta que los salarios docentes y no docentes cayeron el doble que los de los estatales nacionales. Milei pagó el aumento de los gastos de funcionamiento de las universidades con nuestros salarios. Es importante no dejar que vuelvan a querer atropellarnos como ocurrió en mayo. La marcha del 2 debe ser un peldaño de una lucha general por el aumento real de presupuesto y de salarios y para derrotar de conjunto a Milei y su plan de guerra contra jubilados, mujeres, diversidades y trabajadores en general».

Anró señaló que “la actitud que tiene el gobierno implica no sólo ajustar el presente sino condenar el futuro de todos los habitantes de este país. Por eso esperamos una movilización tan masiva como la histórica del 23 de abril y podamos demostrarle al gobierno qué es lo que piensa el pueblo argentino. Tenemos una universidad con gran prestigio internacional. No la quieren porque, para imponer su modelo de país, no les sirve un pueblo pensante que tenga la posibilidad de darles la discusión”. «

La CGT, otra vez, a la rastra de los conflictos

La Confederación General del Trabajo (CGT) anunció su adhesión y participación en la marcha federal universitaria. Lo hizo el miércoles en una conferencia de prensa luego de dos meses exactos de su última aparición pública en la que había anunciado la ruptura del diálogo con el gobierno y su adhesión a la marcha del 7 de agosto convocada por las organizaciones sociales agrupadas en la UTEP en el día de San Cayetano.

Aquella vez esbozaron una agenda que incumplieron y que, en los hechos, se limitó a ir por detrás de otra convocatoria en la que, además, no hicieron uso de la palabra. El miércoles retomaron el mismo camino de adherir a una convocatoria que, más allá de la participación de sindicatos docentes en su seno, resulta ajena a su propia agenda.

El rol de una central sindical es el de agrupar los conflictos sectoriales y liderar la protesta por las reivindicaciones generales de los trabajadores. Cada vez que la CGT realizó una convocatoria bajo este gobierno cosechó una gran adhesión. La ausencia de una agenda propia es un déficit que está costando muy caro a los trabajadores.

Tiempo