Máximo Kirchner renunció a la presidencia del bloque del Frente de Todos en la Cámara baja en una elaboración que fue construida puertas adentro y culmina en esta definición que se erige en algo difícil de explicar incluso para parte de la tropa propia. El hastío político de Kirchner tiene varios capítulos en el que, sostienen en su entorno, nunca se escuchó al accionista mayoritario. Este, entre otros, fue uno de los temas que conversaron Alberto Fernández y Máximo en una cena que tuvo lugar el miércoles en Olivos. Las críticas sobre la política económica del primer año y medio, la procrastinación permanente en la gestión, la estrategia política frente al Fondo que no asignó las responsabilidades suficientes al gobierno anterior -y le permitió levantar la cabeza con tono docente a los funcionarios macristas que tomaron el préstamo-, la arquitectura electoral que el kirchnerismo anticipó errática y una dinámica que también se lesionó en lo personal con el propio Presidente es parte del menú de argumentos que explican la decisión del ahora ex jefe de bloque oficialista. 

La carta de Kirchner sacudió al sistema político y empresarial que hasta última hora de ayer cruzaba mensajes de WhatsApp intentando recalibrar una brújula que se desmagnetizó luego del comunicado. ¿Qué va a pasar con el acuerdo ahora cuando el Fondo demandaba apoyo de todas las fuerzas políticas? Es una incógnita. Si bien los motivos esgrimidos internamente son muchos y muy variados, la supeditación de la política económica al acuerdo con el Fondo es el eje central del fastidio K. Una molestia compartida con Cristina Kirchner que derivó en reacciones distintas. “Así como yo hago silencio con la marcha a la Corte porque todo el mundo sabe que no me gusta, Cristina hace silencio con el acuerdo con el Fondo”, había desdramatizado Sergio Massa el sábado ante sus colaboradores cercanos.

Otro de los motivos que esgrimió al pasar Máximo -en espejo a aquella carta de CFK en la que señalaba a Juan Pablo Biondi- tiene que ver con las operaciones en medios que, dice, genera el elenco albertista. Así se explica la explosión de Cristina, el reportaje conjunto de Eduardo “Wado” de Pedro con Clarín y La Nación -“me gusta discutir cara a cara, no hago off para pasar mensajes”- y este señalamiento de Kirchner al “entorno” del Presidente. 

El corrimiento de Máximo es una hoja de doble filo para el dispositivo albertista. El alejamiento de uno de los factores de poder más gravitantes de la coalición -que en menos de 24 meses pasó de ser un gamer a Idi Amin- genera un temblor innecesario en un momento delicado para el oficialismo, pero a la vez les permitirá a los funcionarios del Presidente articular con un jefe de bloque con el que tengan más sintonía. El anverso de esto es que, ante una eventual falta de resultados, el gobierno podrá evocar cada vez menos el cuco kirchnerista. No es la primera vez que el líder de La Cámpora explicita su voluntad de alejarse de la jefatura del bloque. Lo había hecho durante el cierre de listas cuando propuso a Santiago Cafiero como primer candidato en la PBA. En aquel momento se especuló, con lógica, que se trataba de una movida para desplazar al ahora canciller de la Jefatura de Gabinete. Hoy, aquella propuesta cobra otro significado. 

Para el Frente de Todos puede ser una oportunidad. Así como Cambiemos narraba que contenía a todas las tribus incluso cuando Elisa Carrió acusaba a Germán Garavano de encubrir el atentado a la AMIA, esta movida podría servirle al oficialismo para contener a todos los sectores del peronismo dentro de la coalición si lo maneja con inteligencia. Difícil que el chancho chifle. Si el Frente de Todos estuvo muy cerca de romperse con la intifada post PASO, no parece que vaya ocurrir lo mismo luego de este episodio.

Las manifestaciones motivadas por desavenencias políticas no son una rareza en coyunturas críticas, especialmente en sectores progresistas. El primer año de su gobierno, Lula da Silva -sin mayorías parlamentarias- trabajó para revertir una corrida cambiaria entre su victoria y su asunción. Muchas de las medidas adoptadas salieron del manual de la ortodoxia -subas de tasas de interés e incremento del superávit fiscal primario. Entre las reformas, se morigeró el muy conveniente sistema de pensiones de la administración pública, lo que redujo costos fiscales. Parte del ala izquierda del PT cuestionó el rumbo y la reforma previsional fue votada como una cuestión existencial para el gobierno. Un grupo de parlamentarios decidió utilizar la votación para escenificar sus diferencias y la norma fue aprobada con votos del PT y de sectores de centro y de centroderecha. 

Una disyuntiva similar enfrentó Alexis Tsipras, cuando puesto a decidir entre sostener el resultado del referéndum que rechazó un acuerdo de ajuste y una salida del euro, con devaluación y futuro incierto decidió ceder a la presión de la troika conformada por la Comisión Europea, el Fondo Monetario Internacional y el Banco Central Europeo. La mayoría de la izquierda gobernante acompañó a Tsipras, pero el sector denominado Plataforma de Izquierda, así como la presidenta del Parlamento, Zoe Constantopolou, y el carismático ministro de Economía, Yanis Varoufakis, se opusieron. El entendimiento se aprobó en el Congreso con los votos de la oposición, mientras Syriza votó dividida. Tsipras convocó a nuevas elecciones dos meses después del acuerdo y se impuso con holgura. Los sectores disidentes formaron tres partidos distintos, que suman menos del seis por ciento de los votos entre todos ellos.

Máximo no piensa en irse del FdT ni hacer renunciar a los funcionarios de La Cámpora. Mucho menos de la presidencia del PJ de la Provincia de Buenos Aires. “Si hubiera querido hacer daño se iba antes del acuerdo o inmediatamente después para condicionar el apoyo del bloque”, explicaba un camporista en desacuerdo con la decisión de su jefe político. Máximo le anticipó la decisión a los dirigentes de su confianza que, casi por unanimidad, le manifestaron su rechazo. Entre ellos, el propio De Pedro. “Si lo vas a hacer explicá lo que pasó estos dos años”, le dijo el ministro del Interior. Lo mismo hizo Cristina que intentó disuadirlo y, como contó anoche el Presidente, le manifestó su desacuerdo. Esta versión le permite al kirchnerismo desmarcarse identitariamente, pero conservar los espacios de poder. En Casa Rosada no se convencían del argumento. “Máximo y Cristina hacen el uno-dos: él consolida su rígido y CFK se muestra preocupada por la gobernabilidad”, reflexionaba un ministro albertista ante #OffTheRecord. La postura componedora del Presidente en C5N generó la bronca en algunos de sus ministros que esperaban que la renuncia de Kirchner tuviera una reacción más contundente del primer mandatario. 

El disgusto por el acuerdo con el FMI no es solo de Máximo aunque por distintos motivos. En un almuerzo que compartieron dirigentes albertistas, Miguel Pesce, Juan Zabaleta y Claudio Moroni levantaron la voz a la hora de criticar a Martín Guzmán. La promesa de la eliminación de la sobretasa o de una reestructuración con horizonte despejado que terminó en una refinanciación se usó como argumento para lapidar al jefe de la cartera de Economía, pero el motivo era otro: la nula participación que permitió Guzmán al resto del gabinete en la negociación. Por eso se equivoca Kirchner en la carta: el equipo económico de Alberto sostiene que la negociación la llevó exclusivamente el núcleo del ministro. 

La pregunta sobre si el Fondo cambió, o si existió acaso alguna traducción política de la autocrítica reclamada por el gobierno argentino tras el financiamiento -tan irresponsable como inútil- otorgado al ex presidente Mauricio Macri, es siempre tramposa. Las admisiones, parciales y a media voz, de los funcionarios del Fondo Monetario Internacional atienden primero a su propia preservación y justificación como burocracia global. La ausencia de iniciativas audaces para ahuyentar riesgos -a imagen de aquel “lo que sea necesario” con el que Mario Draghi despejó el fantasma de cualquier posible default soberano para la zona euro en la última década- dice que el cambio del Fondo es relativamente pequeño. 

Y, sin embargo, autocrítica o no, lo acordado por las autoridades argentinas refuerza su valor no sólo a la luz de la alternativa -un atraso con fecha de culminación incierta, sin reservas disponibles y en una situación financiera difícil de empeorar- sino también en la comparación con otros programas recientes del propio FMI. Las condiciones a cuatro años del principio de acuerdo con el staff son considerablemente más flexibles para la Argentina en materia de déficit fiscal que el promedio de los programas de facilidades extendidas suscritos en los últimos años (consolidación promedio cercana a 4,5 puntos del producto), a pesar de que todos ellos se suscribieron con países mucho más pobres que el nuestro. 

En cuanto a los acuerdos recientes existentes para países de ingresos medios, con cierto peso geopolítico y no afectados por situaciones bélicas, el acuerdo alcanzado por Argentina luce aun más excepcional. El Fondo exigió a Turquía una consolidación fiscal de más de seis puntos del producto bruto, hasta alcanzar un superávit primario del 2,7% en apenas tres años. El acuerdo había sido, en la época, el mayor de la historia del organismo. El caso de Grecia, que debió negociar a partir de 2009 no sólo con el FMI sino también con la Comisión y el Banco Central europeos, fue más dramático. Obligado por la troika, Grecia realizó, en un espacio de tres años, recortes de gasto equivalentes al 7,75% del PIB. El efecto sobre el crecimiento fue tan devastador que la reducción del déficit primario que generaron fue de apenas el 2,5%. Un fracaso integral y socialmente devastador, que solo pudo dejar atrás el gobierno de Alexis Tsipras en 2019, tras superar una brutal derrota política en la negociación con los acreedores que obligó a recortes adicionales para posibilitar la salida. A estos, podrían sumarse los casos de Egipto y Ecuador, con programas aún vigentes y consolidaciones de entre 5 y 6 puntos del producto que implicaron recortes de gastos y aumentos de impuestos. 

La molestia de CFK con Guzmán tiene que ver con un acuerdo que tenían el ministro y la vice: no moverse de un déficit de 2.8 para 2022. Eso y los desembolsos -que luego fueron mensuales, pero a horas del cierre estaban calzados a los vencimientos- generaron el malestar de Cristina. En el albertismo relativizan esos números y sostienen que al no tener gasto COVID, excepto vacunas, el déficit real del cual se parte es alrededor de 2.5. 

Además de la flexibilidad de los objetivos fiscales, el acuerdo argentino se destaca por la ausencia de obligaciones de recorte. La distinción entre reducir el déficit -que es un resultado y se puede lograr creciendo y aumentando los ingresos- y reducir el gasto público -algo que casi por definición es recesivo- no es baladí. Mientras Grecia, Ecuador, Egipto y Turquía discutieron gastos y reformas estructurales -privatizaciones, sistema laboral, agrícola, bancario y otros-, Argentina logró discutir, en lo fiscal, sobre el espacio de crecimiento y preservar las cuestiones estructurales -reformas laborales, tributarias o del Estado- para la deliberación democrática de sus ciudadanos.  

La contracara son las exigencias en materia de financiamiento monetario de los déficits acordados. La obligación de mantener tasas de interés reales positivas y los límites estrictos a las transferencias al tesoro del Banco Central son cambios importantes sobre la configuración actual que podrían tener algún efecto sobre el nivel de actividad. La contracara de esa presión recesiva, sin embargo, podría contribuir a enfrentar aquello que la vicepresidenta identificó, correctamente, como el principal problema de la economía argentina, que es su bimonetarismo. Sin salida del cepo a la vista, las tasas de interés por encima de la inflación y las necesidades de financiamiento podrían estimular a los argentinos a la adopción de instrumentos de ahorro en pesos y al Estado a mejorar la composición de la deuda hacia nuestra moneda.

Un día antes de que el presidente anunciara el entendimiento con las autoridades del Fondo Monetario Internacional, la Comisión Nacional de Desarrollo y Reforma de China anunciaba una reforma integral del sector eléctrico. El nuevo modelo espera alcanzar, agresivamente, condiciones plenas de mercado, con un régimen nacional de competencia para 2025 y un régimen integrado (nacional, provincial y municipal) basado en incentivos de mercado en 2030. Si observamos el comunicado dado a conocer por el staff del Fondo Monetario, el sector energético es el único donde se anuncia un intento concreto y dirigido de modificar la que ha sido una política pública de este gobierno. Aunque sería deseable que no existiera ninguna condicionalidad política, la preocupación sobre la calidad del gasto público -cuando el margen para aumentarlo es estrecho- debería informar las decisiones sobre su composición.En el caso, la política de subsidios Argentina no va a contramano de la orientación del Fondo Monetario sino de casi todo el mundo, incluyendo la economía planificada más importante y exitosa de todas.

Es en este punto donde el oficialismo encontrará su límite más evidente, al menos en 2022. La reducción progresiva de los subsidios demandada por el organismo colisiona con el aumento del 20% anticipado por las autoridades argentinas. En Economía aseguran que los subsidios caerán por esa actualización, la segmentación y caducación de la resolución 46 que hizo ahorrar al Estado 800 millones de dólares. Ninguna simulación valida esa estrategia optimista. En Energía creen que el ahorro ocurrirá luego de la primera etapa del gasoducto Néstor Kirchner lo que le permitirá al país reemplazar el GNL a 21 dólares por millón de BTU por un precio de 3.5 dólares y en pesos. La primera etapa del gasoducto estará, con suerte para el oficialismo, lista en el invierno de 2023. Tal vez es prudente pensar que este año los subsidios no van a bajar en términos reales.

Por último, la pregunta válida por las alternativas debería contemplar escenarios realistas. Decir que los dólares que Argentina no pagaría de defaultear con el Fondo Monetario podrían usarse en tal o cual destino supone que Argentina los tiene. La afirmación es falsa. Las reservas netas son escasas y su recomposición es, incluso con un programa vigente, la parte ausente en la explicación del programa. El acuerdo con el Fondo es una condición de posibilidad para enfrentar el problema pero en modo alguno lo resuelve. Los planteos voluntaristas desconocen que los países que incumplieron durante algún tiempo con el FMI tenían, en promedio, el 10% del PIB per cápita de Argentina y una mucho menor inserción y dependencia del mercado global, en un mundo que tampoco era el mismo. Hoy, países enfrentados con los Estados Unidos, exigen también acordar con el Fondo Monetario para autorizar inversiones y desembolsos en el país. La enfática sugerencia de China, que había sido revelada por #OffTheRecord, fue luego desmentida por funcionarios y empresarios. Anoche, Alberto Fernández confirmó el adelanto de este newsletter.

En cuanto a la estrategia para reclamar legalmente la nulidad del préstamo ante las instancias jurisdiccionales internacionales por la violación de los propios estatutos, planteada en un muy interesante documento de los abogados Chris Marsh y Karina Patricio Ferreira Lima, la propia Patricio deja en claro que dicha nulidad acarrearía también la obligación de devolver los 47 mil millones de dólares recibidos y de los que no disponemos. Las posiciones de principio, a veces, olvidan los resultados concretos. Mientras Néstor Kirchner obtuvo una quita de deuda de los acreedores privados del 66%, el planteo sobre la legitimidad de la deuda esbozado más tarde por Rafael Correa derivó en un alivio menor que, además, disparó la prima de riesgo ecuatoriana, encareciendo el endeudamiento futuro de un país que -sin moneda propia- no puede recurrir a otro medio cuando debe enfrentar un aumento abrupto del gasto público o una caída de la recaudación.

El 30 de noviembre, esta entrega se tituló “Yo voy a votar lo mismo que Máximo” . El encabezado era un textual de un muy importante dirigente opositor que analizaba, en aquel momento, lo siguiente: “Aunque sea el mejor acuerdo del mundo, va a ser pesado para la gente; no vamos a quedar nosotros pegados al ajuste del gobierno mientras Cristina se despega”. Cerca de la medianoche, #OffTheRecord se contactó con el mismo dirigente. Ante la consulta de este medio sobre si iba a mantener aquel pronóstico, la respuesta mutó: “No, boludo, qué mierda querés que hagamos, nosotros no podemos correr atrás de Máximo Kirchner y, además, los factores de poder no nos van a perdonar que no votemos; imaginate el tipo que exporta si nosotros rechazamos el acuerdo, ¡nos mata!”.

Si bien el acuerdo con el Fondo parece lo más razonable que podía firmar la Argentina, pero también pavimenta el camino para una derrota oficialista en 2023, la oposición tiene un desafío a la hora de rubricar el programa en el Congreso. Si acompaña los pedidos de, en palabras del jeque PRO, “los factores de poder” corre el riesgo de quedar pegada a un proceso que no cumpla las expectativas de la sociedad. Y, a la vez, no parece tener margen para no hacerlo. Mientras tanto, la sociedad aumenta su sensación de desamparo.

Iván Schargrodsky | Cenital