El sistema político argentino es afecto a las hipocresías. No hay que hacer ningún esfuerzo para recordar el abrazo efusivo de Javier Milei a Donald Trump en la Conferencia Política de Acción Conservadora y sus deseos de pronto regreso a la Casa Blanca o su reciente apoyo a Jair Bolsonaro y contrastarlos con las violentas protestas que intentaron impedir la sucesión presidencial conforme a la voluntad popular. Tampoco es necesaria demasiada perspicacia para señalar las contradicciones entre la prédica democrática de hoy y la encendida defensa que Mauricio Macri hizo de la monarquía qatarí, una tiranía wahabita que acoge en su territorio a la dirigencia de la organización terrorista Hamas ni, más atrás en el tiempo, el apoyo brindado al golpe de Estado en Bolivia en 2019 y su cercanía con Michel Temer tras el viciadísimo proceso que, con expreso apoyo militar, derrocó al gobierno de Dilma Rousseff. Ninguna de estas cuestiones parece importar cuando se habla de Venezuela. Desde que el gobierno de Nicolás Maduro sumió al país en una deriva autoritaria que acompañó un derrumbe económico catastrófico que derivó incluso en una crisis humanitaria, tanto en Argentina como en América Latina, Venezuela se convirtió en una cuestión de política interna y no exterior, una excusa para ubicar amigos y enemigos en el ámbito local.
En ese marco, la posibilidad de una elección relativamente libre –esto es, una con participación del oficialismo y la oposición en la que se cuenten todos los votos y se reconociera un ganador, aún con la cancha inclinada de los recursos estatales y el tratamiento desigual a la habilitación de candidatos– era una idea mucho más potente para la región de lo que el ya significativo impacto material que la perspectiva de normalizar las relaciones internacionales de Venezuela sugeriría. El país llegaba a las elecciones en un marco de relativa recuperación, con la inflación en descenso y lejos de los niveles hiperinflacionarios de hace pocos años, la economía en crecimiento — que está hoy lejísimos de compensar la que posiblemente sea la mayor caída en tiempos de paz en la historia humana moderna–, y luego de haber controlado, aunque no revertido en modo alguno, la sangría de su población, después de que cerca de un cuarto de los venezolanos –unos siete millones– abandonaran el país.
El precio pagado por esa “normalización” por las autoridades chavistas se encuentra principalmente en el plano de las ideas y proyectos defendidos. La contracara de los supermercados abarrotados de productos nacionales e importados, que mostraron los canales de televisión con móviles en Caracas, es la libre circulación del dólar, que primero tímidamente y luego en forma desenfadada, abrazó el Gobierno. Pero, ¿por qué la dolarización permitió un éxito relativo en recuperar la economía venezolana? La enorme caída del PIB entre 2014 y la pandemia derrumbó los niveles de consumo y las importaciones hasta umbrales mínimos. En ese marco, las políticas de restricción cambiaria, que otorgaban un piso de acceso a bienes básicos al listado cada vez más reducido de productos que se conseguían al tipo de cambio oficial –con una brecha más de veinte veces superior a la que actualmente existe en Argentina– hacían también cada vez más difícil importar, en una economía históricamente rentista y dependiente de la producción externa.
El levantamiento de las restricciones devolvió al mercado allí donde se había evaporado, primero legal y luego ilegalmente. Del mismo modo, tras las fracasadas expropiaciones de tierras y empresas, la burguesía vinculada al régimen impulsa un pequeño boom inversor desde el arrendamiento privado de esas mismas tierras y la recuperación de la gestión privada en muchos sectores productivos, así como en el desarrollo de recursos naturales significativos con pequeña escala y procesos contaminantes, como es el caso del oro en el Amazonas.
La moneda no es el único abandono que el gobierno del Partido Socialista Unido de Venezuela realizó durante estos años. Los relatos de hospitales en estado calamitoso, sin medicinas suficientes, son ubicuos y el colapso de la educación pública se expresa en una presencialidad que no supera los dos o tres días a la semana, mientras proliferan los seguros de salud privados y la educación paralela, simultánea, siempre a costos dolarizados. Las pensiones y sueldos estatales transitan de 5 a 10 dólares, sumados a bonos que duplican o más esos valores, entregados en forma y montos irregulares y oscilantes. Si muchos antiguos y actuales funcionarios del régimen se convirtieron en empresarios que viven una vida lujosa y desenfadada, muchos empleados y jubilados se han convertido en emprendedores, empresarios de su propio trabajo que, como pequeños vendedores o ejerciendo un oficio en paralelo, logran llegar a fin de mes. Un capitalismo cruel y desigual, pero que logró estabilizar una situación que por años fue desesperante y desesperada.
Una verdadera recuperación, sin embargo, requiere de recursos e inversión en niveles para los que no alcanzan ni el Estado venezolano, ni la nueva burguesía bolivariana, ni las empresas chinas y rusas que perdieron sus apuestas al país en la segunda mitad de la década pasada. Venezuela produce hoy la cuarta parte del petróleo que producía en el mejor momento la estatal PDVSA. A su vez, la disrupción de los mercados energéticos por la guerra de Ucrania, así como la situación en Oriente Medio, impulsaron un renovado interés en la normalización de la situación venezolana también entre las potencias occidentales, que durante los últimos dos años buscaron fórmulas para el levantamiento de sanciones que permitan a las grandes petroleras invertir nuevamente en el país.
En estas condiciones hay que entender el proceso electoral venezolano y las esperanzas que muchos, tanto dentro como fuera del país, pusieron en las elecciones del domingo. Para la oposición, la intención oficial de normalizar la relación de Venezuela con el mundo significaba la oportunidad de ir a unas elecciones razonablemente observadas, con algunas garantías a pesar de la inhabilitación de su principal referente, María Corina Machado, para montarse sobre el descontento acumulado en un país que está hoy muchísimo peor que hace una década. Para el chavismo era la posibilidad de ganar montado en una estabilidad que parecía ya consolidada, una mejora económica muy perceptible respecto de la crisis y, migración mediante, también de los índices de homicidios y de seguridad ciudadana. Paz y estabilidad, en el léxico de Maduro. No extraña que ambos sectores se vieran ganadores. Tampoco que el oficialismo, montado en su prontuario, tuviera algún estímulo para entregar el poder luego de “lo peor ya pasó”.
Si la demora en la publicación de resultados durante la noche del domingo despertaba suspicacias, la proclamación de Maduro en la madrugada recordó los peores fantasmas que rodeaban a un Gobierno que lleva más de un década profundizando el autoritarismo. En la madrugada, el Consejo Nacional Electoral (CNE) anunció una “tendencia irreversible” en favor de Maduro, con el 80% de los votos contabilizados que le otorgarían poco más del 51% de los votos, contra el 44% de su rival. Todos los demás candidatos, ocho en total, sumarían algo menos de cinco puntos. Esa es, al día de hoy, toda la información que dio el CNE. No hay ninguna referencia geográfica de los resultados. No se conocen datos oficiales, no sólo a nivel de circunscripción o municipio, sino en ningún estado. Tampoco sabemos, a este momento, cuáles habrían sido los porcentajes de cada uno de los terceros candidatos, ni los resultados a un grado de avance cercano al 100% de los votos. Un escándalo sin paralelos en ninguna elección latinoamericana reciente, en el que Venezuela no pasa el examen tampoco en la comparación contra los tiempos de Hugo Chavez, cuando las elecciones eran competitivas y reconocidas por los observadores internacionales.
En este marco, tiene sentido la avalancha de pedidos para que el Gobierno muestre las actas que avalen su proclamada victoria. Celso Amorim –ojos y oídos de Lula da Silva en cuestiones internacionales– señaló la desconfianza que generan los resultados anunciados y pidió que se publiquen las actas electorales, al igual que el gobierno de Gabriel Boric en Chile, en un tono muy duro que motivó que sus diplomáticos fueran expulsados anoche por el gobierno de Venezuela. Otros gobiernos progresistas como el de Bernardo Arévalo, de Guatemala, o la España de Pedro Sánchez se pronunciaron en el mismo sentido. Con distintos énfasis, la posición que intima al Gobierno a respaldar con documentación creíble los resultados electorales contiene desde el Gobierno mexicano –más indulgente–, hasta el secretario general de Naciones Unidas, Unión Europea y los Estados Unidos, previsiblemente más asertivos contra el oficialismo. Quienes ya tenían relaciones normales con la Venezuela chavista, como Rusia, Bolivia, Irán, Nicaragua y China, reconocieron rápidamente la proclamación de Maduro.
En este ajedrez, Argentina se distanció de Brasil, su principal socio, y de Estados Unidos, el país al que el presidente dice estar alineado, para encabezar un conjunto de naciones de relativamente bajo peso específico, que salió a alegar un fraude consumado. Una maniobra política que redundará en una palmada de Elon Musk, pero diplomáticamente inconveniente porque, entre otras cosas, aleja a la Argentina de participar de cualquier negociación que pudiera encauzar la situación de los perseguidos políticos que se encuentran bajo protección de nuestra embajada. Acaso peor, es contraproducente en la construcción de un relato sobre un fraude electoral y contribuye a la victimización de un Gobierno con nulo compromiso democrático como el venezolano. Es que, al menos hasta que puedan analizarse las actas provistas por la oposición, lo que hay no son pruebas de fraude sino una falta de los respaldos mínimos que hagan creíble la victoria oficialista. Si bien aquello es, en sí mismo, un indicio insoslayable de un comportamiento electoral fraudulento, el ejercicio de la presión diplomática supone sutilezas que parecen ser ajenas a las posibilidades de Milei y su canciller.
La mala praxis en la gestión diplomática, sin embargo, podría disimularse ante lo que fue otro paso lamentable del peronismo, que volvió a decidir, una vez más, la torpeza y la complicidad ante la inconducta institucional del gobierno de Maduro. Apenas la Secretaría de Relaciones Internacionales de la CGT publicó un comunicado en la línea de Brasil y México, pidiendo resultados transparente, mientras Martín Llaryora –que impulsa al amarillo Bruno Screnci para el Consejo Federal de Inversiones, tema que abordaremos en la próxima entrega de #OffTheRecord– expresó su preocupación. El silencio en el resto de las tribus fue la norma, aunque la CTA de Hugo Yasky y ATE felicitaron directamente al oficialismo venezolano. Al cierre de esta edición, La Cámpora, el Movimiento Evita y Patria Grande debieron romper el silencio para despegarse de un comunicado de organizaciones políticas y sociales difundido por el Canciller de Venezuela, en respaldo a la validez del resultado anunciado por el CNE. Consecuencias indeseadas de un silencio que, demasiadas veces, fue cómplice. Es redundante a esta altura señalar las diferencias con el peronismo, que perdió cinco de las últimas diez elecciones, que siempre reconoció los resultados y que entregó la banda presidencial a proyectos políticos antagónicos. Mientras llegan reportes sobre protestas en Venezuela, que cuentan ya tres muertos, entre los gritos sin estrategia y las voces acalladas que salen de Buenos Aires, habrá que seguir recordándolo.
Mientras tanto, en una coyuntura en la que se sostienen las dudas sobre la sostenibilidad del plan económico –particularmente en materia de reservas– el Gobierno recibió la que será, posiblemente, la primera noticia importante vinculada al RIGI. La minera canadiense Lundin anunció la adquisición del 50% de sus principales proyectos en el país por parte de la anglo australiana BHP, la empresa privada más importante del mundo en materia de explotación de cobre. BHP se hará así del 50% del proyecto Josemaría, el más grande de San Juan y uno de los más relevantes y de desarrollo más avanzado del país, por lo que aportará 690 millones de dólares a la canadiense. También se destinará una suma en ese orden al desarrollo conjunto del yacimiento binacional Filo del Sol, de cobre, oro y plata y cercano también a Josemaría.
La noticia es gravitante ya que no se trata de una mera adquisición de acciones. BHP es un jugador de mayor escala y condiciones de desarrollo que Lundin, por lo que su entrada prácticamente garantiza la puesta en operación del proyecto Josemaría, una obsesión del Gobierno anterior que fue anunciada en varias ocasiones, pero que no pudo concretarse por factores que en las empresas vinculaban al entorno macroeconómico y cambiario nacional. De acuerdo a las empresas, la versión atenuada del RIGI aprobada por el Senado fue suficiente para superar los desafíos que supone la situación económica argentina, particularmente en materia cambiaria y monetaria.
No es el único factor. Durante los últimos dos años fue conociéndose en mayor medida el verdadero potencial del proyecto Filo del Sol, que, por su cercanía, la capacidad de compartir recursos e instalaciones y mejorar costos, volvió también más deseable el desarrollo de Josemaría, con un mayor horizonte temporal y de recursos para la inversión. Naturaleza y entorno regulatorio que se narrarán a gusto de quien lo realice. Con menos prensa, el cobre tiene un potencial de desarrollo y exportaciones mucho mayor incluso que el del litio y es, también, un mineral clave para la transición energética que, paradójicamente para el Gobierno, impulsa la Agenda 2030. La contracara es que su explotación requiere de mayores inversiones y mayores riesgos empresariales respecto del litio, por lo que se trata del tipo de operaciones que, si fuera a funcionar como desean las autoridades, el RIGI debería promover en mayor medida. Será una buena oportunidad también para medir las fortalezas de las garantías en el desarrollo de proveedores nacionales que negoció el Senado para viabilizar la aprobación del régimen y eludir un enfoque meramente extractivo.
Sin embargo, también hay dificultades para un oficialismo en el que empiezan a exteriorizarse diferencias que datan de mucho tiempo. Una de ellas, tal vez la menos visible, es la de Sandra Pettovello y Santiago Caputo. En el entorno de Milei miran de reojo la interna entre dos de los preferidos del presidente. “La diferencia entre ambos es que una le trae problemas y el otro se los resuelve”, resume un funcionario con acceso permanente al despacho presidencial ante #OffTheRecord. El enfrentamiento tiene más de seis meses. Luego del triunfo de La Libertad Avanza, Pettovello estaba a punto de designar en el PAMI y la Superintendencia de Servicios de Salud a funcionarios con alguna cercanía a Horacio Rodríguez Larreta –aunque en la órbita de Larreta lo niegan–. En aquel momento, Caputo intervino y desactivó la maniobra. Pettovello creyó siempre que la jugada de Bambi respondía a la sociedad histórica que Mario Lugones –padre de Rodrigo, socio del asesor estrella del presidente– tenía con Enrique “Coti” Nosiglia, Luis Barrionuevo et al. En las últimas semanas, Pettovello volvió a embestir contra Caputo ante Milei y otros presentes. It’s a developing story.
Otra fricción intestina en el oficialismo tiene como protagonista a Victoria Villarruel que, luego del cruce con Karina Milei, se reencontró con el presidente en La Rural donde el saludo fue apenas cordial y recuerda la pregunta recurrente de qué hacer con ese jarrón chino que son los vicepresidentes. El enfrentamiento rememora viejos errores de cálculos de unos y otros: Villarruel puede equivocarse si piensa en un proyecto político personal al margen de los resultados de Milei y Milei si cree que puede someter mansamente a una dirigente que mostró, durante años, una resiliencia que, se presume, excedería las diferencias con Karina. En Casa Rosada la señalan a Villarruel por un ataque coordinado en redes contra la hermanísima y el propio Caputo. Las fricciones son tales que la vice mereció críticas de Daniel Parisini, el ascendente Gordo Dan, con quien la unió una amistad en el pasado. No es nuevo el descontento libertario contra la vice: el día del cierre de listas, Villarruel arrinconó a Milei con una advertencia que el libertario no olvida: “Si no me das lo que te pido, me bajo y te quedás solo”. La demanda era de lugares en las listas y promesas de cargos que luego fueron incumplidos como Seguridad y Defensa.
Antes de terminar hoy quiero recomendarte que leas la nota que publicó Esteban Rafele en Cenital explicando los riesgos que asumió el gobierno de Javier Milei al enviar al exterior parte de las reservas de oro que tenía la Argentina. Si no estabas al tanto, es porque el Gobierno nunca lo comunicó oficialmente. Lo que sí contó el presidente, en una de sus intervenciones en X, es que cambiaron los planes para liberar el cepo cambiario. Juanma Telechea analizó la estrategia en la última entrega de #Rollover y cuenta que la historia argentina no permite ilusionarse mucho con el resultado. De economía también hablamos largo y tendido con Carlos Melconian en #OnTheRecord.
Iván Schargrodsky | Cenital