Ya no será una comisión en el marco del INCAA la que determinará para qué público son aptas las películas sino sus propios productores. Se elimina la normativa que establecía que el instituto no podía realizar cortes en los films.
El Gobierno eliminó el Régimen de Calificación de Películas Cinematográficas a través del cual el Instituto de Cine y Artes Audiovisuales (INCAA) ratificaba la prohibición de la censura, recomendaba para qué tipo de edades es apta una película y fijaba el tipo de salas en las que podrían proyectarse films condicionados, entre otros puntos.
La medida fue promovida y promocionada por el ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger, que con una singular perorata en la que entreveró el concepto de libertad, la cultura, la Iglesia católica y la mítica película “Cinema Paradiso”. Todo para concluir que el objetivo del gobierno de Javier Milei es “sacar al Estado de la cultura”.
La eliminación del Régimen de Calificación fue establecida en el Decreto 50/2026, publicado en el Boletín Oficial. La norma sostiene que ese dispositivo creado en 1984, durante el gobierno de Raúl Alfonsín, quedó “desactualizado frente a las transformaciones culturales, sociales y tecnológicas” del consumo de contenidos audiovisuales.
El régimen obligaba a cada producción a anticiparle al público cuál película era “Apta para todo público”, “Sólo apta para mayores”, “De exhibición condicionada” o bien apta para determinados rangos de edad. No funcionaba como una instancia de “censura” sino de recomendación para quienes no conocían las características de la proyección.
La eliminación (entrará en vigencia dentro de dos meses) deja en mano de los padres, madres o adultos responsables que “ejerzan su función de guías” la decisión de permitir qué film podrá ver un niño o niña, aunque sin tener la alerta previa de su contenido.
“La responsabilidad primaria sobre el control, orientación y supervisión de los contenidos audiovisuales a los que acceden los menores de edad recae en sus padres, madres y/o tutores”, dice el decreto.
Pero más cuestionable es el agregado de Sturzenegger que, sin considerar los riesgos que ello acarrearía, celebró que a partir de dentro de dos meses se permitirá “que los niños puedan ver películas de cualquier categoría” y que el Estado “deje de ser el que dice que podés ver sino que ahora lo hará la gente que te quiere y que vela para que crezcas sano y curioso”.
Censura y coso
El gobierno de Javier Milei tomó la decisión de eliminar el régimen exacerbando algunos conceptos hasta llevarlos a la confusión. Por ejemplo, el primer artículo de ese régimen creado a través del decreto 828/1984 dejaba claro un concepto: “La calificación de películas cinematográficas destinadas a exhibirse en salas abiertas al público se realizará sin ningún tipo de censura”.
Sin embargo, en un cansador sermón publicado en la red social X, Sturzenegger sostuvo que ese dispositivo era parte de las “estructuras que en algún momento permitieron” la censura y argumentó que, por ello, su derogación fue una ratificación de “la libertad del hombre para vivir, prosperar, ver y discutir en libertad sin que el Estado se meta a decirle que puede hacer o ver”.
No obstante, la derogación del Régimen de Calificación deja la posibilidad de que se produzca el efecto contrario. El decreto firmado por Alfonsín puntualizaba que el INCAA “no podrá efectuar, ni exigir ningún tipo de corte o modificación a los materiales. Deberá calificarlos tal como le son presentados”.
Es decir que eliminaba formalmente la censura y era una ratificación de la libertad para producir y proyectar contenido audiovisual. En cambio, ahora, al quedar eliminada esa regla, la posibilidad de censurar películas volvió a tener carta blanca.
Por otro lado, para el ministro recomendar qué tipo de público puede ver una película es parte del “autoritarismo” ejercido desde sectores progresistas. En rigor, esto no es tan así. Regímenes similares al que el Gobierno acaba de eliminar siguen vigentes en decenas de países, inclusive en los que el Estado promueve y financia las artes audiovisuales.
“Los que creemos en la libertad por el contrario queremos sacar al Estado de la cultura, porque el Estado en la cultura no es política cultural sino que prostituye la cultura transformándola en propaganda política”, arengó el funcionario, dejando también en claro el fundamento por el cual el gobierno de La Libertad Avanza (LLA) desfinanció la promoción de cientos de actividades artísticas.
La Iglesia y coso
Otro de los artilugios de los que se valió Sturzenegger para defender el fin del Régimen de Calificación fue tergiversar el modo en que se aplicaban los criterios de clasificación. En su perorata dijo que “la calificación de las películas las hacía, sí, aunque ud. no se lo crea un comité donde había un representante de la iglesia”.
En rigor, la comisión asesora de calificación de films no sólo incluía a un representante de la Iglesia Católica, sino también a uno del culto israelita, otro de confesiones no católicas, un especialista en educación y otros seis miembros de organismos del Estado.
La confusión con la que Sturzenegger intentó “vender” la derogación de ese organismo como un acto de libertad llegó al punto de intentar desacreditar al INCAA como “una institución creada por Onganía para controlar el arte y la producción cultural”. En rigor, el instituto dejó de cumplir esa función desde hace décadas y se abocó a la promoción de la producción nacional audiovisual.
Página/12
